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Economía

El Gobierno ve ahora conflicto de interés con Escribano cuando antes veía solo confluencia

El movimiento de Escribano de romper su fusión con Indra permite a Moncloa utilizar argumentos jurídicos

El Gobierno ve ahora conflicto de interés con Escribano cuando antes veía solo confluencia

El presidente de Indra, Ángel Escribano. | EP

La guerra legal se ha abierto en Indra después de que el Consejo de Administración confirmara la continuidad de Ángel Escribano como su presidente. El Gobierno, no obstante, ya explora, según ha podido saber THE OBJECTIVE, la vía judicial para quitar de en medio al presidente de la empresa de defensa. La razón que esgrimen los expertos en derecho administrativo que asesoran al Ejecutivo para hacer caer al directivo es que ahora incurre en un «conflicto de intereses» tras su decisión de romper con la fusión entre Indra y EM&E (la empresa presidida por su hermano, Javier Escribano, y controlada de facto por él).

Un movimiento que llevó a cabo el empresario para seguir al frente de Indra después de la acusación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, principal accionista de Indra) de que había «conflicto de intereses» si Indra adquiría la empresa de su propio presidente, Ángel Escribano. Aunque el argumento jurídico puede ser escurridizo, la realidad que se defiende es que antes no había conflicto de intereses porque —aunque este sí se estaba agrandando desde la entrada de EM&E en el capital social de Indra— al mismo tiempo se estaba negociando una fusión. Un escenario que obligaba a aguantar esta situación porque había «confluencia», término que responde al derecho administrativo. Una vez que la fusión ha fracasado, vuelven a ser competidores estructurales, por lo que aflora el conflicto de interés.

El enfado que existe entre el Gobierno y Escribano es notorio. El Ejecutivo considera que la perspectiva de fusión ha facilitado el incremento del negocio de EM&E. Una relación que ha puesto en la diana de la opinión pública a la gallina de los huevos de oro de la defensa en España, que monopoliza los contratos públicos. La tensión que se respira en la dirección también es notoria, con el enfrentamiento entre el presidente y su actual CEO, José Vicente de los Mozos.

El artículo al que se aferran

El Ejecutivo está comprobando in situ la complejidad de que el consejo de Indra cese a su presidente. Sin embargo, los argumentos jurídicos en torno al conflicto de interés (antes confluencia) pueden servir para que uno de los socios de Indra, en concreto la SEPI, presente una demanda por el Juzgado de lo Mercantil. Un asunto que, según ha podido saber este medio, ya se está valorando a través del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Otro artículo, el 228, dice que se deben «adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad». Sobre esta base, el 229 obliga al administrador a abstenerse de «desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad». Algo que pondría en un aprieto al presidente de Indra, que está al frente de una compañía y, al mismo tiempo, es cofundador y copropietario de una empresa de competencia directa en el sector, como es EM&E.

La sintonía de De los Mozos con el Gobierno —el director del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, ha encabezado la operación— ha generado desconfianza en el seno del consejo de la empresa. Escribano quiso desde el primer momento que la operación fuese una fusión porque así podía controlar tanto su empresa, Em&E, como Indra. Sin embargo, había otra fórmula que este buscaba eludir: la compra de EM&E por parte de Indra. La razón es que entonces el Estado, a través de la SEPI, se hacía con el control de Indra y de su empresa.

La estructura accionarial de Indra se divide de la siguiente forma: un 28% lo controla el Estado, a través de la SEPI, un 14,3% Escribano, un 7,94% SAPA, un 7,24% Amber Capital, y el resto se distribuye entre free float (capital flotante) y pequeños accionistas. En los últimos cinco días, la cotización en bolsa de Indra ha caído un 13%, lo que sitúa su valor hoy en los 48 euros.

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