El Gobierno celebra el pleno empleo mientras uno de cada cuatro jóvenes sigue sin trabajo

Febrero de 2026. El Gobierno lleva semanas en modo campaña: 2,44 millones de parados, el dato más bajo para ese mes desde 2008. El ministro sale a los micrófonos, los titulares se reproducen, el mérito queda atribuido. Y en algún rincón del relato queda sepultado el dato que ningún gabinete de prensa destaca: en enero de 2026, la tasa de paro juvenil en España era del 23,5%. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años busca trabajo sin encontrarlo. En Alemania, ese porcentaje es del 7,1%.

El gráfico lo dice todo. España no está cerca de la media europea: está ocho puntos por encima. Y no es una anomalía de este ciclo. Llevamos décadas en el podio de este ránking que nadie quiere ganar. En 2013, durante la Gran Recesión, rozamos el 56%. En la recuperación posterior a la pandemia, con el mercado laboral en ebullición, seguimos casi duplicando la media comunitaria. Hay algo en la arquitectura de nuestro mercado de trabajo que actúa como un filtro sistemático contra los jóvenes. No es la coyuntura: es el diseño.

¿Qué está pasando exactamente? Hay tres mecanismos que se refuerzan mutuamente.

El primero es la dualidad extrema. El mercado laboral español lleva décadas dividido entre insiders (con contrato indefinido, blindados por unos costes de despido entre los más altos de la OCDE) y outsiders (temporales, jóvenes, recién llegados) que absorben toda la volatilidad del ciclo. Las reformas laborales han atenuado la temporalidad, pero no han tocado el fondo: entrar en el mercado sigue siendo caro para una empresa cuando el horizonte es incierto. El resultado es que los empresarios son más cautos para contratar y los jóvenes quedan al final de la fila.

El segundo mecanismo es el salario mínimo. La subida del SMI del 67,4% entre 2018 y 2026 (de 735 a 1.221 euros) tiene ganadores netos, pero también ha comprimido el escalón de entrada. Los empleos de baja cualificación, que históricamente servían de primera experiencia laboral, han desaparecido o se han reconvertido. Para un joven sin currículum, el primer empleo no es un lujo: es la palanca que construye la empleabilidad. Cuando ese escalón se encarece, muchos no pueden ni siquiera subirlo.

El tercero es la desconexión formativa. España tiene una tasa de abandono escolar prematuro del 13,2%, la segunda más alta de la UE y cuatro puntos por encima de la media. Al mismo tiempo, produce miles de graduados en titulaciones con alta tasa de subempleo. El sistema educativo y el tejido productivo hablan idiomas distintos, y nadie paga el precio de esa incoherencia más que el joven que no encuentra trabajo acorde a su formación —o que abandona el instituto sin haber adquirido habilidades concretas.

El Gobierno responde con políticas activas de empleo: talleres de orientación laboral, bonificaciones a la contratación, cheques formativos, planes de garantía juvenil. El problema es que todos estos programas actúan sobre los síntomas, el joven desempleado, sin tocar las causas: el mercado que no tiene incentivos para contratarle. Es como bajar la fiebre con paracetamol mientras la infección sigue activa.

Hay países que lo han hecho distinto. Alemania tiene el 7,1% de paro juvenil no porque sea un país sin problemas, sino porque ha construido un sistema de formación dual que conecta directamente la empresa, formando aprendices desde los 16 años. Austria, Países Bajos o Suiza han creado ecosistemas donde entrar al mercado laboral con un oficio concreto a los 18 años no es un fracaso sino una vía tan legítima como la universidad. En España esa cultura no existe, y los incentivos fiscales y educativos tampoco la promueven.

El titular de febrero dirá que el paro ha bajado a mínimos históricos. El de los jóvenes se quedará en la letra pequeña, como lleva décadas ocurriendo. ¿Cuántos ciclos de «pleno empleo» necesitamos para que quienes diseñan la política laboral admitan que el problema no es coyuntural sino estructural?