Transparencia obliga a Igualdad a revelar qué medios cobraron cinco millones en publicidad
Una resolución del CTBG corrige el criterio de la Administración sobre la publicidad institucional e insta a aportar datos
Ana Redondo, ministra de Igualdad. | EP
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido al Ministerio de Igualdad que identifique los medios de comunicación que recibieron su publicidad institucional en 2024 y el importe asignado a cada uno. La resolución corrige la respuesta del departamento dirigido por Ana Redondo, que se limitó a facilitar los contratos con agencias sin detallar el destino final de los fondos.
La decisión se refiere íntegramente al ejercicio 2024, ya bajo la actual dirección del ministerio, lo que sitúa la responsabilidad en el equipo actual. El organismo considera insuficiente la información aportada y establece que el acceso no puede quedarse en el nivel intermedio de contratación, sino que debe alcanzar al receptor final del gasto.
La solicitud de información reclamaba el detalle completo de la inversión en medios, incluyendo empresas beneficiarias e importes individualizados. Igualdad respondió con un esquema agregado que recogía únicamente las agencias adjudicatarias y el volumen global de cada campaña, sin desglose posterior.
Agencias de publicidad institucional
En esa respuesta figuraban tres contratos principales. Uno de 1.096.785 euros, adjudicado a T2O Admedia Services para una campaña de la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo. Otro de 1.117.009 euros, adjudicado a Media Sapiens Spain para acciones vinculadas a la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+. El tercero, el de mayor volumen, alcanzó los 3.626.105 euros y fue adjudicado también a T2O Admedia Services para campañas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Estos contratos permiten situar el volumen total por encima de los cinco millones de euros, pero no identifican el reparto efectivo entre medios. Ese es el punto que la resolución considera insuficiente desde la perspectiva del derecho de acceso a la información pública.
El Ministerio defendió que no podía facilitar ese detalle al no contratar directamente con medios. La resolución rechaza este argumento y señala que la Administración dispone de esa información en sus expedientes, al formar parte de la justificación obligatoria de las campañas.
Igualdad, bajo lupa
Las agencias adjudicatarias deben aportar documentación detallada sobre la ejecución, como planes de medios valorados, certificaciones de emisión o evidencias de difusión. Estos elementos permiten reconstruir el destino de la inversión y cuantificar la asignación a cada soporte, lo que refuerza la conclusión de que los datos existen y pueden ser facilitados.
La resolución estima parcialmente la reclamación y fija un plazo máximo de diez días hábiles para entregar la información solicitada. La única exclusión son las fechas concretas de los pagos, al considerarse irrelevantes desde el punto de vista del control público.
El criterio fijado trasciende este caso y establece una referencia aplicable al conjunto de la Administración. El organismo subraya que el reparto de la publicidad institucional tiene un interés público evidente, tanto por su impacto en la rendición de cuentas como por su influencia en el mercado mediático.
Los límites de la nueva ley
El Gobierno ha impulsado un anteproyecto de ley que limita al 35% el peso de la publicidad institucional en los ingresos de los medios procedente de todas las administraciones públicas, con el objetivo de reducir la dependencia económica del sector respecto a estos fondos.
La norma también obliga a publicar de forma periódica el destino de la inversión institucional e identificar a los destinatarios finales del gasto. Además, introduce requisitos de transparencia para los propios medios, que deberán informar sobre su estructura y financiación si quieren acceder a estos recursos.
El anteproyecto incorpora además criterios objetivos para la asignación de las campañas, basados en métricas verificables de audiencia, alcance y perfil del público, con el fin de reducir la discrecionalidad en el reparto. También prevé sistemas de control y evaluación posteriores para comprobar la eficacia de las campañas financiadas con fondos públicos, lo que introduce un seguimiento más estricto del uso de estos recursos.
Contratos menores
La resolución de Transparencia se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre la gestión económica del ministerio. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas ha cuestionado el uso de contratos menores en 2024, al detectar adjudicaciones directas sin justificación suficiente y deficiencias en los procedimientos. El órgano fiscalizador advirtió de que algunos contratos no respondían a necesidades administrativas claramente acreditadas y que, en determinados casos, se emplearon fórmulas contractuales para financiar actividades que deberían haberse tramitado como subvenciones.
Además, la entrega de esta información permitirá contrastar los datos con otras fuentes oficiales, como los planes anuales de publicidad institucional o los informes de ejecución presupuestaria. Este cruce facilitará verificar si existe coherencia entre lo planificado y lo finalmente ejecutado, así como detectar posibles desviaciones en la asignación de recursos públicos.
El ministerio dispone ahora de un plazo limitado para remitir la información requerida al solicitante y al propio Consejo de Transparencia. La documentación deberá incluir la relación de medios que participaron en las campañas de 2024 y el importe asignado a cada uno, lo que permitirá conocer el reparto efectivo de la inversión correspondiente a ese ejercicio.