La Administración dispara sus depósitos un 56% y guarda ya en la banca 150.000 millones
Estado, autonomías y ayuntamientos elevan en seis meses en 54.500 millones el dinero de sus cuentas e imposiciones
Carteles de los principales bancos | Europa Press
Las Administraciones Públicas (Estado, ayuntamientos y comunidades autónomas) han disparado sus depósitos a plazo y a la vista un 56,6% en los dos primeros trimestres del año, al calor del aumento de los tipos de interés que ofrece la banca. Estas instituciones guardan ya 150.610 millones de euros en estos productos tras el incremento experimentado a lo largo del presente ejercicio.
Los datos del Banco de España recogidos por THE OBJECTIVE reflejan que entre enero y junio el volumen de las imposiciones del conjunto de la Administración se elevó en 54.487 millones de euros. Con ello, el saldo acumulado bate nuevos máximos históricos al superar con creces la cifra récord registrada en el verano de 2023.
El Estado y las corporaciones locales y autonómicas atesoran toda esta liquidez para afrontar sus gastos ordinarios y para conseguir rendimientos más altos. Hay que tener en cuenta que los bancos han ido poco a poco subiendo la remuneración que pagan, principalmente, por los depósitos a plazo. Algo que está siendo aprovechado también por las instituciones públicas, que no están utilizando parte de estos recursos para sufragar otro tipo de inversiones o proyectos en favor de la ciudadanía.
El supervisor no ofrece datos sobre la rentabilidad media que obtienen, pero fuentes financieras apuntan a que se acerca al 3%. Un interés que las entidades abonan, de igual manera, a los particulares y a las empresas. En concreto, por los depósitos con vencimiento los bancos desembolsan ya un 2,6% a los hogares, pese a las recientes bajadas del precio oficial del dinero por parte del BCE.
Tras el incremento, la Administración dispone de prácticamente el 10% de las cuentas e imposiciones que gestiona la banca. Desde que se inició la política monetaria restrictiva para aplacar la inflación, mediados de 2022, había venido aumentando sus saldos, pero no ha sido hasta este año cuando ha llevado a cabo un salto de tanta magnitud. Por ejemplo, entre el verano de 2022 y el verano de 2023, el volumen subió en poco más de 13.000 millones.
Las mismas fuentes financieras resaltan que posiblemente ahora se haya alcanzado el pico, ya que se prevé para los próximos trimestres un descenso de los intereses y, por tanto, de una merma en la demanda. El BCE inició en junio una nueva era de bajadas de las tasas. Ya ha recortado en dos ocasiones los tipos y se pronostica que vaya a hacerlo otras dos veces, al menos, hasta diciembre y unas seis en 2025. Con ello, los intereses oficiales descenderán al entorno del 2%. El euríbor se ha desplomado en las últimas semanas, anticipando este entorno, y está por debajo del umbral del 3%.
Las Administraciones públicas llegaron a reducir sustancialmente el dinero en los bancos en 2016 y 2017, cuando las entidades decidieron cobrar una especie de comisión debido a que entonces los tipos de interés empezaron a estar en terreno negativo por primera vez en la historia. El sector, en aquel momento, aplicó esta medida para defender su cuenta de resultados, que extendió al mundo empresarial y a los grandes patrimonios. Dejó fuera de esta práctica a los particulares ante el temor a una fuga masiva de depósitos y clientes que hubiera puesto contra las cuerdas a más de una entidad. En su momento más bajo, en 2016, el Estado, los ayuntamientos y las autonomías redujeron a 50.000 millones los depósitos que tenían en las entidades.
En los dos últimos años, la coyuntura es muy diferente, ya que la subida de los tipos ha permitido a los bancos no solo no cobrar por los depósitos, sino pagar por ellos, aunque ha tardado más que el sistema europeo en hacerlo. Esta tardanza supuso críticas del BCE y del Gobierno, que llegó amenazar con intervenir el mercado.
El dinero que acumula la Administración en la banca es prácticamente similar al montante de los fondos europeos que dispone España para modernizar la economía tras la pandemia y ligeramente superior a los créditos concedidos con aval del Estado para salvar a las empresas durante el coronavirus. Los Next Generation rozan los 160.000 millones de euros, aunque su ejecución va más lenta de lo esperado, mientras que los préstamos garantizados por el ICO alcanzaron los 140.000 millones.
