El Gobierno endurecerá el 'impuestazo' a la banca y lo extenderá a todas las entidades
ING, entre otras compañías, empezará a pagar el gravamen, con una progresión de entre el 1 y el 6% de los ingresos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero | Europa Press
El Gobierno ha decidido castigar aún más a la banca, al endurecer el ‘impuestazo’, principalmente para las mayores entidades. La intención del Ejecutivo es sacar adelante el acuerdo alcanzado con dos de sus socios parlamentarios, Junts per Catalunya y PNV, una modificación del gravamen, para convertirlo en permanente y que se aplique al menos otros tres años. Un pacto que incorpora la eliminación de un tributo parecido a las energéticas.
Para disgusto de los bancos, que expresan su rechazo a la medida y se preparan para poder impugnarlo en los tribunales, el planteamiento no elimina la ilegalidad de la doble imposición: la tasa sube del 4,8% general hasta un 6% sobre los ingresos por intereses y comisiones y es discriminatorio frente al resto de sectores económicos. Fuentes financieras destacan a THE OBJECTIVE el malestar existente en el sector, pese a que algunos de los cambios mejoran la situación, como que sea abonado por todas las entidades, incluyendo las extranjeras que operan en nuestro país, y no solo aquellas con mayor tamaño. Tal y como avanzó este periódico, el Gobierno estaba decidido a introducirlo a finales de este ejercicio.
El diseño final del ‘impuestazo’ podría sufrir nuevas variaciones en la tramitación, ya que otros socios, entre ellos Sumar, consideran que se debe penalizar aún más la banca y no debe decaer el de las energéticas. Si bien la capacidad de fuerza de la formación que lidera Yolanda Díaz se ha reducido considerablemente debido al escándalo de su exportavoz, Íñigo Errejón.
El PSOE ha acordado que el gravamen permanente sea progresivo para todas las entidades en función de su contribución fiscal y que vaya desde el 1% hasta el 6% de la facturación. Y aunque establece una posible desgravación del 25% en el impuesto de Sociedades, no se borra por completo la doble tributación. Con esta escala, que parece una suavización, los mayores bancos seguirán aportando la misma cantidad o, incluso más, en función de los ingresos que obtengan. En el tributo temporal han estado desembolsando un 4,8% de las ventas típicas, a partir de un umbral de 800 millones en 2019.
Caixabank da por hecho que abonará el mayor tipo y este jueves su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, llegó a señalar que el ‘impuestazo’ debería denominarse ‘tasa Caixabank’. Además, el directivo alertó de que la permanencia de la prestación desincentiva a los bancos a quedarse en España y que alguno en el futuro podría llegar a trasladar su sede a otro país.
Con la progresión, algunos bancos que hoy tienen que abonar el ‘impuestazo’ verán reducida su aportación a las arcas, un recorte que además se verá incrementado con la deducción en Sociedades si finalmente el texto del acuerdo sale adelante en las Cortes. Estas serían, principalmente, antiguas cajas de ahorros -Unicaja, Abanca, Kutxabank e Ibercaja, además de Bankinter-. La graduación acordada, de acuerdo con el texto al que ha accedido THE OBJECTIVE establece un tipo mínimo del 1% para aquellas entidades con menos de 750 millones de ingresos; de un 3,5% a partir de dicha cantidad y hasta 1.500 millones; de un 4,8%, entre 1.500 y 3.000 millones; y del 6% desde esa cuantía.
Hacienda compensará esta previsible disminución con la extensión al conjunto del sector, incluidas filiales y sucursales de grupos internacionales. Con ello ING, por ejemplo, empezará a asumir este castigo, que podría ser del 4,8% en función de su facturación. La entidad naranja es uno de los principales competidores de los bancos nacionales, ya que cuenta con más de tres millones de clientes activos.
Los cambios planteados no convencen al sector y ya está analizando la posibilidad de impugnar la permanencia en los tribunales. Las patronales AEB y CECA ya han anunciado que previsiblemente lo llevaran a la Justicia, como ya se hizo con el impuesto temporal, siguiendo los pasos de algunas firmas, como Santander y Bankinter, que han amenazado con presentar una demanda.
La banca alega además de la inconstitucionalidad y la discriminación sectorial, que ya tienen una carga fiscal elevada al margen del ‘impuestazo’ y que afectará a la economía, porque disminuirá su capacidad para financiar a empresas y familias. Calculan que cada año podrían verse comprometidos hasta 50.000 millones de préstamos. «Es un gravamen que va en contra España y eso me entristece», llegó a señalar el consejero delegado de BBVA este jueves, antes de reclamar al Gobierno que se abra a una negociación con el sector al ser un Ejecutivo que presume de diálogo. Aun así, Onur Genç admitió que los bancos han fallado en algo porque no han conseguido ser escuchados y que las energéticas, tras las amenazas de dejar de invertir, sí han logrado que decaiga su tributo extraordinario.
