Las financieras de consumo encaran el impuestazo en pleno desplome de beneficios
Algunos establecimientos financieros tendrán que asumir en 2025 la tasa cuando el sector gana la mitad que en 2023
Las financieras de consumo comenzarán a pagar por el impuestazo a la banca tras el nuevo diseño de la reforma fiscal, que extiende a casi todo el sector su aplicación a través de distritos tramos tributarios. Y lo harán en pleno desplome de beneficios. No todos los establecimientos de créditos tendrán que sufragar la tasa, pero sí los de mayor tamaño, ya que los cambios incluyen una desgravación total del gravamen hasta los primeros 100 millones de euros de ingresos por intereses y comisiones.
Estas compañías, buena parte de ellas filiales de bancos, fabricantes de automóviles y cadenas de distribución, llevan tiempo, desde 2018, reduciendo sus ganancias de manera sistemática. Entre enero y septiembre de este ejercicio han obtenido un resultado de 253 millones de euros, lo que supone la mitad que en el mismo periodo de 2023, según los datos obtenidos por THE OBJECTIVE en el Banco de España.
Las financieras que tengan que asumir el impuestazo no serán muchas, ya que la mayor parte no cuenta con una facturación suficiente como para ello con los niveles establecidos en el nuevo diseño, pero su efecto sí impactará en el conjunto de estas firmas, que se dedican a la financiación de préstamos para la adquisición de bienes. Tendrán que desembolsar a Hacienda el 1% de los ingresos ordinarios, aunque, como todos los afectados, podrán deducirse un 25% en Sociedades.
Los establecimientos de crédito no han logrado detener su crisis de rentabilidad pese a la subida de los tipos de interés, a diferencia de los bancos, que han disparado su cuenta en los últimos dos años. Han tenido que asumir picos significativos de morosidad desde que el BCE empezó a subir el precio oficial del dinero, aunque en todo momento mantienen bajo control los impagos.
En año pasado, un tercio de ellas llegó a registrar pérdidas debido a las provisiones que tuvieron que hacer para afrontar futuras insolvencias. Una situación que contrasta con la bonanza en la que vivían hace un lustro, cuando el conjunto de ellas sumó las mayores ganancias de su historia, al sobrepasar los 1.000 millones de euros.
Algunas de las financieras tendrán que asumir el coste del impuestazo en un momento, además, en el que los tipos de interés han comenzado a bajar, lo que presionará sus ingresos. En junio el BCE inició la etapa de recortes de las tasas y desde entonces ha llevado a cabo tres ajustes. Se espera que en diciembre vuelva a disminuirlos y no se descarta que lo haga con una mayor intensidad ante la debilidad que está presentando la economía de la zona euro.
Las financieras no serán las únicas que tengan que empezar a abonar el gravamen, que será permanente durante tres años más. Las entidades extranjeras también lo tendrán que hacer a partir de 2025. Por ejemplo, ING deberá desembolsar a Hacienda entre 40 y 50 millones. Además, los principales jugadores, Caixabank, Santander y BBVA, verán incrementada la carga.
En total, el sector podría llegar a destinar a este impuestazo algo más de 2.300 millones de euros, frente a los 1.700 millones que recaudó la Agencia Tributaria este 2024, cuando solo las entidades con ingresos superiores a los 750 millones en 2019 tenían que hacer frente a él. En 2023 y 2024 ni las financieras de consumo ni los bancos extranjeros se han visto afectados por la medida.
El sector, liderado por las patronales AEB y CECA, ha anunciado que presentará acciones judiciales para intentar tumbar el impuesto. Ya en 2023, cuando el Gobierno llevó a cabo la primera recaudación, los bancos que se vieron perjudicados fueron a los tribunales. Estos aún no se han pronunciado sobre si es inconstitucional, como defienden los grupos financieros, o no.
Un informe de BNP hace estimaciones de la carga que soportarán a partir de ahora las entidades cotizadas. Los grupos con negociación bursátil afrontarán algo más de 1.700 millones de euros en conjunto, con Caixabank al frente, con más de 600 millones anuales. El Sabadell, en cambio, verá reducido el coste en 30 millones con respecto a la última aportación, al contar con la ventaja de haber escapado del mayor tramo (7%) y de las nuevas desgravaciones establecidas. Desembolsará unos 162 millones a las arcas públicas.