Solo el 5% de los jóvenes previstos por el Gobierno recibe el aval para comprar un piso
Únicamente 2.500 personas se han beneficiado de la garantía pública hasta la fecha, frente a las 50.000 estimadas
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. | Europa Press
El plan estrella de Pedro Sánchez y su Gobierno para que los jóvenes compren una vivienda hace aguas. Solo el 5% de los jóvenes previstos por el Ejecutivo ha recibido hasta la fecha el aval público, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para poder acceder a la adquisición de un piso. La iniciativa, que ya había sido implantada con anterioridad por parte de distintas regiones del PP, fue anunciada a bombo y platillo por el presidente del Ejecutivo en mayo de 2023. Pero no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta febrero de 2024. Se puso en funcionamiento tres meses después.
Desde entonces, apenas 2.500 personas han conseguido la garantía estatal para poder conseguir una hipoteca, frente a las 50.000 estimadas en su momento por el Ministerio de la Vivienda. La línea ICO lanzada contaba con avales por un importe de 2.500 millones y, según ha detallado esta semana su máximo responsable, Manuel Illueca, hasta la fecha se han consumido 300 millones. Es decir, un 12% del total.
Fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE explican que, aunque existe una cierta demanda, está ocurriendo lo que algunos expertos ya advertían hace un año: que las condiciones para acceder a este plan y sus requisitos eran muy exigentes y que muy pocos jóvenes iban a poder beneficiarse del mismo.
Los avales cubren un máximo del 20% de la tasación de la vivienda o el precio de la compraventa del inmueble (25% en el caso de pisos con eficiencia energética) y van dirigidos a personas menores de 35 años y familias con hijos. Con esta garantía, el Gobierno intenta reducir el principal problema de acceso, que es contar con un ahorro importante para poder asumir una hipoteca, ya que actúa como una especie de entrada. Los bancos, por lo general, solo conceden hasta un 80% del importe, por lo que es necesario tener una hucha previa.
Para acceder a la línea ICO, los posibles beneficiarios tienen que tener ingresos inferiores a 37.800 euros (4,5 veces el IPREM) y no disponer de un patrimonio superior a los 100.000 euros. El programa aún está abierto hasta finales de 2025, aunque puede ser extendido hasta diciembre de 2027. Todo parece indicar que, como ha sucedido con otras medidas de estas características, se ampliará el periodo de acogimiento ante el escaso éxito. Así ocurrió con los avales aprobados tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.
Los expertos inmobiliarios ya alertaban de que el plan no iba a tener los frutos esperados por el Ejecutivo. Los agentes consideraban que «en más del 60% de los casos» no permitirá a los jóvenes la compra real de una vivienda, pues muchos de los que reúnen las condiciones necesarias para obtener la ayuda pública no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasarían un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión del préstamo.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España señalaba hace meses que, a pesar del aval, es la entidad la que asume el riesgo de impago (hasta en un 80%), por lo que, ante la dificultad de ahorro de muchos en un futuro, los bancos no iban a autorizar una operación de este tipo. Hay que tener en cuenta que el aval público es por un máximo de 10 años, por lo que los beneficiarios tendrán que acumular un 20% del importe para no entrar en impago transcurrido este periodo.
No es el primer plan de ayudas que no alcanza las magnitudes previstas por el Gobierno. De las últimas puestas en marcha es destacable el dinero prometido a las familias afectadas por la dana que asoló Valencia el pasado octubre. Los recursos directos para los hogares anunciados por Sánchez no están llegando a los damnificados por las riadas. Tampoco están fluyendo los fondos europeos para la transformación de la economía tras la pandemia. En enero la cifra de los Next Generation fue mínima, ya que apenas ha adjudicado convocatorias por algo más de 1.000 millones. A este ritmo es posible que no se agoten todo el importe concedido, ya que los tiempos se están acabando. Si no hay prórroga, quedan solo 19 meses hasta que en agosto de 2026 expire el plazo para la resolución de estas ayudas comunitarias.
