El Gobierno monta una consulta-chapuza para frenar la opa sobre el Sabadell
En la encuesta publicada se puede participar más de una vez e incluso se puede utilizar un nombre falso
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. | Gustavo Valiente / Europa Press
El Gobierno ha lanzado este martes la encuesta con la que busca obtener opiniones respecto de la opa lanzada por el BBVA al Banco Sabadell, pese a que ya cuenta con el plácet de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). El Ministerio de Economía ha puesto en marcha un formulario digital que no pone ningún límite a la participación, solo exige registrar un nombre, un DNI y un correo electrónico y en el que se puede participar más de una vez. Además, tampoco se vetan datos de identificación erróneos, como ha podido constatar THE OBJECTIVE al participar en ella.
A primera hora de la tarde de este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa lanzó la consulta pública anunciada por Pedro Sánchez el lunes “sobre criterios de interés general afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell». Según el ministerio, “esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso”.
Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo –Economía no dice que es la primera vez que se opta por este procedimiento respecto de una opa– “pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación”. No obstante, a diferencia de otras consultas referidas a anteproyectos de ley, en este caso no es necesario demostrar que alguien está afectado por la opa, ya que solo basta con proporcionar tres datos básicos para participar y dar una opinión.
Preguntas de la encuesta
En este sentido, sorprende que el Gobierno indique que con esta consulta “se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros». Una valoración que -como está montada la encuesta, por cierto con la tecnología abierta de Microsoft Forms- podrá hacer cualquier ciudadano, sepa o no de banca o esté o no involucrado en el proceso. Incluso puede hacerlo con un nombre, un DNI y un correo electrónico falso.
Dicho de otra manera, no hay ningún filtro para diferenciar a los afectados de los ciudadanos comunes y -en principio- cualquiera puede participar y dar su opinión. La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional.
La primera pregunta que se hace en el formulario -después de pedir el nombre, DNI y correo electrónico- es: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?». En el caso de decir NO, la encuesta se acaba y pasa a una siguiente pantalla donde se acaba el proceso, pero si se responde Sí pasa a una siguiente pantalla con estos criterios de interés general, que incluyen “defensa y seguridad nacional”, “protección de la seguridad o salud públicas”; “libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional”, “protección del medio ambiente”; “promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos”; “garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial y “otros”.
Freno a la opa
Luego ofrece la posibilidad de contestar en otras dos preguntas: “en caso de haber indicado ‘otros’ en la pregunta anterior, indique qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell»; y “¿En qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado”. En los dos casos permite una respuesta con un máximo de 2.000 caracteres, unos tres folios de extensión.
Finalmente, ofrece una última pregunta: “¿Considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?». En este caso, solo ofrece la posibilidad de contestar SÍ o NO. Antes de enviar el formulario, ofrece la opción de remitir alguna información adicional o complementaria a la manifestada en este cuestionario a un correo electrónico del Ministerio de Economía, en el que se pide indicar el nombre y apellidos/denominación o razón social.
Opinión de Cuerpo
El Gobierno ha indicado además que se recabará la información a través de la web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa durante un plazo de 7 días hábiles, que finaliza el 16 de mayo. Hace algunas horas el propio ministro del ramo, Carlos Cuerpo, valoró la consulta pública indicando que no trata sobre si se producirá o no dicha operación.
“No es una consulta ‘opa sí, opa no’. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase”, y ha añadido que la información no será vinculante para el Gobierno. Algo habitual en todos estos procedimientos.