El Gobierno baraja medidas al estilo Meloni en Italia para tumbar la opa de BBVA al Sabadell

El Gobierno baraja tomar medidas para tumbar la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell al estilo del Ejecutivo de Giorgia Meloni en Italia con la operación de compra de Banca Popolare di Milano (BPM) por parte de Unicredit. Incluso no se descartan que sean más exigentes.

La intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se producirá una vez analizada la información de la inédita consulta ciudadana lanzada por Moncloa y que terminó este viernes, pasaría por la venta de negocios, imposición de no cerrar sucursales, mantener el empleo, no reducir ni el volumen ni el precio de los créditos a pymes durante un periodo prolongado de tiempo y no abordar una futura fusión para que el Sabadell pueda mantener la sede social en Barcelona.

También se estudia la posibilidad de requerir a BBVA que no disminuya la financiación de ambos al sector público, de acuerdo con las fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE, algunas de las cuales van incluso más allá y señalan que el Gobierno podría llegar incluso a vetar la opa pese a que la ley lo impide, saltándose la normativa con el pretexto del interés general.

Algunas de estas exigencias son las que ha impuesto Meloni a Unicredit para poder seguir adelante con la oferta de adquisición lanzada hace meses sobre BPM. Un planteamiento que no ha sido bienvenido por la entidad que lanza la opa y que la Comisión Europa está analizando porque pueden suponer una violación de las reglas comunitarias.

Al igual que en Italia, el Gobierno de Sánchez se escudaría en el interés general para intentar desactivar la opa de BBVA sobre el Sabadell. Una operación que cuenta con el rechazo de patronales empresariales, partidos políticos y administraciones, principalmente catalanas, como la Generalitat. De hecho, buena parte de los socios que sustentan al Ejecutivo han reclamado una paralización de la transacción, como Sumar, Junts y ERC.

Meloni, considerada por Moncloa como líder de una formación de extrema derecha, impuso a mediados de abril a Unicredit la obligación de deshacerse de la filial de Rusia, mantener las líneas de créditos y depósitos de la entidad resultante y no cerrar oficinas. Unas condiciones que no han sido solicitadas a Monte de Paschi di Siena (MPS) en su oferta sobre Mediobanca.

Estas dos operaciones y la de BBVA-Sabadell son las tres grandes concentraciones del sistema financiero europeo que están sobre la mesa en la actualidad, en un momento en que el BCE quiere que haya jugadores más grandes en el sector para afrontar los desafíos económicos que se avecinan, sobre todo después de la guerra comercial abierta por Donald Trump.

En el caso de la opa española, el Gobierno se plantea imponer a BBVA la venta de una parte de la actividad de pymes para proteger a este colectivo y la prohibición despidos de trabajadores y cierre de sucursales en determinadas regiones, como Cataluña. De igual manera, parece claro que entre las medidas también se incluiría un veto a la integración de ambos bancos. El Sabadell descarta algunas de ellas, no porque las vea con malos ojos, sino porque considera que son cuestiones más centradas en el ámbito de Competencia y la CNMC ya ha dado su aprobación bajo una serie de compromisos y no tanto en el interés general.

 Algunos altos cargos, como el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, reclamaba hace unos días al Ejecutivo que ampliara las garantías para una financiación barata a las pequeñas y medianas empresas, la preservación de todo el empleo y el mantenimiento del arraigo al territorio. Lo que pide, en definitiva, es que el centro de decisiones del Sabadell se mantenga en Cataluña, sobre todo después de que el banco devolviera la sede a su domicilio histórico de origen.

La intención de BBVA es cerrar 300 sucursales y aplicar un ERE una vez tome el control del Sabadell para lograr unos ahorros de costes de 850 millones, unas sinergias que están calculadas en el escenario de una posterior fusión. Si el Gobierno le impide aplicar estos ajustes, será imposible que alcance estos números con la operación. En un principio los cálculos apuntaban a un recorte de la plantilla de 5.000 personas, pero el grupo vasco podría rebajar la cifra para intentar que las exigencias no sean excesivas y poder seguir adelante con la opa.

El conjunto de los inversores aún ve posibilidades para que BBVA tome el control del Sabadell y, por el momento, no vislumbra un fracaso de la operación. Aun así, reclama al grupo vasco que eleve el precio ofrecido e incluso una parte en efectivo, que rondaría los 1.000 millones para que tenga éxito.