El Gobierno se da 30 días para poder intervenir en la opa de BBVA sobre el Sabadell
Carlos Cuerpo eleva al Consejo de Ministros la decisión de imponer medidas contra la operación bancaria
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el marco de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ha decidido elevar a Consejo de Ministros la decisión de la oferta pública de acciones (opa) de BBVA y Sabadell. Tras haber sido informadas las partes, el órgano del Ejecutivo dispone de 30 días naturales para emitir su dictamen.
La decisión se produce después de haber analizado los resultados de la consulta pública y tras la oposición a la operación de buena parte de los integrantes del Gobierno, entre ellos el propio Cuerpo, que durante un año ha expresado su rechazo. Desde hace unas semanas se daba por asegurada que la posición iba a ser a la que ha anunciado este martes.
En la orden de elevación, de acuerdo con la información de Economía, el ministro fundamenta la decisión por razones de interés general distintos de la defensa de la competencia, relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
La resolución, explica, se produce una vez recibido el expediente de concentración y la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó por unanimidad la opa. Esta última recogía diversos compromisos, a cuyo cumplimiento queda subordinada la operación.
El Gobierno en pleno tendrá ahora en su mano endurecer los requisitos a la transacción planteada por BBVA sobre el Sabadell. Moncloa baraja reclamar medidas a BBVA como las impuestas por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Unicredit-BPM, como la venta de negocios, imposición de no cerrar sucursales, mantener el empleo, no reducir ni el volumen ni el precio de los créditos a pymes durante un periodo prolongado de tiempo y no abordar una futura fusión para que el Sabadell pueda mantener la sede social en Barcelona.
También estudia la posibilidad de requerir a BBVA que no disminuya la financiación de ambos al sector público. Algunas fuentes indican el Gobierno podría ir mucho más lejos y no se descarta que pueda vetar la opa pese a que la ley lo impide, saltándose la normativa con el pretexto del interés general. La normativa, eso sí, también da margen para suavizar los compromisos asumidos o requeridos, pero todo apunta a que esta no será la dirección que tome el Ejecutivo de Pedro Sánchez.