El duro aviso de los inversores a Moncloa por la opa BBVA-Sabadell: «Es la última línea roja»

6 de mayo de 2025.- “Recientemente hemos visto intervenciones políticas en Italia en contra del acuerdo entre Unicredit y BPM y lo mismo podría pasar en España si se imponen condiciones discrecionales para descarrilar la transacción. Si pasa esto, España se arriesga a convertirse en ‘otra Venezuela’ y eso podría suponer un gran golpe para el sector bancario y la Bolsa española”. Este es un extracto del informe de los analistas de Alantra que se publicó 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciase una consulta pública para analizar la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Las palabras de la firma internacional de servicios financieros –que no es sospechosa de tener vinculaciones partidistas– pasaron un tanto inadvertidas en la prensa generalista, pero reflejaron perfectamente el sentir inversor ante la enésima intromisión de La Moncloa en asuntos económicos.

Una firma que precisamente no se ha posicionado a favor y que solo cuatro meses antes había emitido otro informe en el que rechazaba la opa en acciones del BBVA sobre el Sabadell “a menos que elevara un 20% su oferta“. Es decir, consideraba que había margen de mejora (como lo creen tantos otros analistas), pero todo dentro de parámetros estrictamente financieros y económicos. Sin embargo, fue una reacción perfectamente entendible en la City madrileña, donde existe el consenso de que la consulta “rebasa todos los límites del intervencionismo gubernamental” y además sin un trasfondo técnico. Una intervención que parece justificada simplemente por el interés de Pedro Sánchez y su Gobierno de ser juez y parte de todas las grandes operaciones corporativas que se abordan en España.

Alantra establecía la similitud entre España e Italia, con un Gobierno que desde Moncloa se ha calificado de ultraderecha y de estar en el lado equivocado de la historia, eufemismo utilizado frecuentemente para referirse a todo el que no comulgue con sus decisiones. España abrazaba un intervencionismo que también ejerce la derecha de Giorgia Meloni, por lo que quizás las similitudes –al menos en el plano económico– son más de las que reconoce Sánchez. E incluso se ha ido más allá con una consulta pública que desautoriza totalmente el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que días antes había aprobado la operación tras largo debate y con una serie de condicionantes para garantizar la competitividad del mercado bancario.

Consulta pública

30 de abril de 2025.- La CNMC publica un informe contundente en el que advierte de los riesgo de concentración bancaria en la opa de BBVA y Sabadell, pero establece compromisos para aprobar la compra. Entre ellos, la protección de clientes vulnerables; mantener una comunicación fluida el proceso; proteger su presencia física en determinados territorios; establecer condiciones comerciales en códigos postales problemáticos; mantener líneas de circulante y volumen de crédito a pymes; establecer acceso transitorio a cajeros y en relación con los servicios de adquisición de pagos. Condicionantes más duros que en otros procesos similares, pero que no ponen en peligro la opa. A partir de ese momento, la resolución fue comunicada al Ministerio de Economía, que debía elevarla al Consejo de Ministros que, en su caso, “podrá valorar la operación atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia”.

6 de mayo de 2025.- Y es aquí donde empieza el intervencionismo más evidente y flagrante. Pedro Sánchez en persona anuncia una consulta pública para valorar este interés general y se lanza el proceso con evidentes muestras de improvisación. En un escueto formulario de Microsoft Forms abierto a cualquier persona, solo se exigía registrar un nombre, un DNI y un correo electrónico. Además no había límite para participar e incluso se podían falsear los datos. El Gobierno aclaró que se hacía un filtro interno de las respuestas y esta semana dijo que publicaría un informe con los resultados finales, pero lo cierto es que el interés general registró mayoría absoluta –nadie esperaba una resolución en otro sentido– y Carlos Cuerpo elevó al Consejo de Ministros el expediente donde todo parece indicar que se le impondrán -como mínimo- más requisitos que los ya establecidos por el regulador. Dicho de otra manera, la cuestionada encuesta ha tenido para el oficialismo el mismo valor que el dictamen del organismo encargado de evaluar eventuales riesgos para la Competencia.

¿Qué ha pasado? Probablemente, el hecho de que la CNMC no haya rechazado la opa del BBVA al Sabadell como esperaba el Gobierno y sus socios de investidura les ha obligado a buscar alternativas. Y es aquí donde fondos de inversión y representantes de grandes empresas extranjeras advierten de que nada ha cambiado respecto de la decisión que Moncloa ya tomó hace un año. En mayo de 2024, BBVA ofreció una acción nueva por cada 4,83 acciones del Sabadell, una prima del 30% sobre el valor de esa semana y del 50% de la media de los últimos tres meses. Posteriormente se ha ido ajustando la oferta, pero siempre con mayoría de acciones y muy poco dinero en efectivo. Nadie duda en el mercado que la oferta es poco atractiva, pero los inversores consideran que deben ser los accionistas del Sabadell los que se pronuncien, como en cualquier procedimiento de estas características, y no las autoridades políticas.

BBVA, Sabadell y Cataluña

Desde el mismo mes de mayo en que se anunció la opa, Cuerpo ha dudado de la operación y sus socios de Sumar y Unidas Podemos han pedido directamente que se rechace. A ellos se han sumado las presiones de Junts y ERC que piden que se proteja a la banca catalana y que no se deje en manos de un rival de Madrid (aunque tenga su origen en el País Vasco). Unas presiones que se han intensificado en las últimas semanas con el PSC, la Generalitat de Salvador Illa y el propio Sabadell haciendo guiños con la vuelta de su sede social a Cataluña. Un cúmulo de presiones políticas que empujaron al Gobierno a lanzar una consulta para justificar un “interés general” que parece que solo es el de sus socios parlamentarios.

27 de mayo de 2025.- Cuerpo cumple con el guión establecido y envía al Consejo de Ministros la opa porque (sorpresa) “sí hay interés general” y se activa el reloj de treinta días para que el Gobierno tome una decisión. Y es aquí donde se han intensificado los movimientos de diferentes grupos de presión empresariales y de inversores que han comenzado a transmitir a Moncloa el mensaje de que cualquier intento de bloqueo (a estas alturas solo se puede frenar la fusión, no la compra) sería “la última línea roja” que marca el límite de la cada vez más débil confianza que va quedando para hacer negocios en España. Estos mensajes además transmiten que un movimiento que cierre la puerta a la fusión podría perjudicar seriamente las inversiones extranjeras y las operaciones corporativas futuras. Esta opa es clave porque es el último bastión que se resiste al intervencionismo de Pedro Sánchez. Primero fueron las empresas públicas, luego las entidades como la CNMC, la CNMV y el Banco de España y ahora se interviene en movimientos incluso ya aprobados por los reguladores.

Se apagarían los escasos rescoldos de libertad que el Gobierno está dejando a la actividad empresarial. Y caería el último reducto de seguridad jurídica. La consulta ya fue un error que ha dejado muy tocada la credibilidad internacional, pero en algunos sectores se cree (casi como agarrándose a un clavo ardiendo) que todavía se está a tiempo de rectificar. De lo contrario, se dará la puntilla final a la confianza inversora y lo que es peor, a la confianza del capital foráneo. Recordemos que pese al triunfalismo oficialista, lo cierto es que la inversión extranjera real cayó un 30% el año pasado, la más baja desde la covid. Si solo se consideran las inversiones productivas de capital y patrimonio y se excluye la emisión de deuda y las desinversiones, a España apenas llegaron 16.762 millones de euros, muy por debajo del dato difundido de 36.813 millones.

(In) seguridad jurídica

Y es que ya hay desde hace meses una gran preocupación por la constante subida de los impuestos a las empresas, el aumento de los costes de contratación y el endurecimiento constante del escudo antiopas que lleva al terreno discrecional cualquier inversión en empresas estratégicas. A este peligroso cóctel ahora habría que agregar una intromisión en operaciones corporativas cuando las cosas no salen como el Gobierno quiere. Y todo con el objetivo de la supervivencia política del oficialismo. Si se interviene en la opa del BBVA y Sabadell se traspasará esta última frontera, y el poder económico de Pedro Sánchez sobre las grandes empresas será omnímodo. Un control creciente de las instituciones que contagiará –ya sin vuelta atrás– al mundo corporativo. Con respeto, pero con firmeza, estos mensajes ya llegan a Moncloa, al Ministerio de Economía y al entorno del presidente.

Con todo, hay otro grupo de empresarios que son más pesimistas y que creen que no hay vuelta atrás. Creen que no importa que los inversores se opongan; que la Comisión Europea pida que se apoyen las concentraciones del sector bancario (aunque sus dictámenes en este caso no son vinculantes al tratarse de una operación dentro de un país); que la Audiencia Nacional investigue una denuncia contra la consulta; ni que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, lleve semanas pidiendo a los reguladores que respalden las consolidaciones, con su mayor accionista, el Gobierno, apoyándole en esta cruzada. Consideran que nada parece que importe más que los socios independentistas dejen de apoyar al Ejecutivo o que pierda su caladero de votos en Cataluña. Los intereses políticos por encima de todo. “Y ya van demasiadas veces. Demasiadas empresas. Demasiadas intervenciones mucho más allá de lo tolerable”, indican.

Al final del camino solo hay dos certezas: que la decisión será exclusiva de Pedro Sánchez y que impondrá condiciones. La clave estará en ver hasta dónde llegarán y si será posible para BBVA llevar a cabo la operación dentro de márgenes de rentabilidad. El problema es que Carlos Cuerpo, el único que podría ser sensible a las peticiones empresariales y de los inversores, está en absoluta minoría en el Consejo de Ministros. Con Sumar y el propio presidente en contra, es poco lo que puede hacer, aparte de construir un argumentario técnico para explicar una decisión exclusivamente política. De hecho, hay quienes esperan dentro del Gobierno que ante unas condiciones draconianas sea el propio BBVA en que renuncie y vuelva a la casilla de salida. Es lo que también espera el Sabadell, que ha resistido con uñas y dientes la arremetida de su competidor. Es lo que quieren los socios de investidura de Pedro Sánchez. Pero es una decisión que supondría un golpe en la línea de flotación de la confianza empresarial. Aunque parece que a estas alturas esto importa poco al Ejecutivo de coalición.