La defensa de Oliu y la ayuda del Gobierno salvan la independencia del banco catalán

La estrategia defensiva del presidente del Sabadell, Josep Oliu, apoyado por el consejero delegado, César González-Bueno, ha sido crucial para ganar la batalla y permitir que el banco mantenga su independencia, al haber fracasado la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA hace ya año y medio.

Oliu, desde un primer momento, dijo no al grupo vasco y desde entonces no ha parado de mover sus hilos para que la operación no saliera adelante. Entre los principales aliados encontró a un Gobierno socialista que lanzó mensajes en contra de la transacción y que intervino para torpedearla. El Ejecutivo impuso medidas adicionales a las fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como la prohibición de una fusión en al menos tres años, lo que desbarataba el sentido económico de la opa.

Para que el apoyo del Gobierno no se truncara en el tiempo, hizo guiños esenciales, como devolver la sede a Cataluña con el fin de alimentar el plan de la Generalitat, comandada por Salvador Illa, para que las empresas fugadas tras el proceso independentista volvieran en masa. Cortejó a todo un elenco de partidos y gobiernos regionales, además de organizaciones empresariales, sindicatos y parte de la sociedad civil. Todos ellos han estado conjurados para que la opa fracasara.

En año y medio de lucha, los gestos también fueron dirigidos a los inversores y a los propios accionistas del Sabadell, que finalmente han respaldado que el banco siga en solitario. Cada cierto tiempo, la entidad presidida por Oliu iba anunciando una mejora en su dividendo, superior al que iban a obtener si acudían a la opa de BBVA.

Este verano, para poner en valor la capacidad del banco de retribuir a los accionistas y desincentivarlos en cuanto a una posible adhesión al grupo vasco, encontró otra ayuda que ha sido esencial para ganar la batalla: el Sabadell vendió al Santander su filial británica y prometió nada menos que 2.500 millones de dividendos a repartir en la primavera de 2026, una vez ejecutada la desinversión.