La clave oculta de la opa de BBVA: los inversores le lanzan un mensaje al Gobierno

El fracaso de BBVA con su oferta pública de adquisición (opa) sobre el Sabadell tiene graves motivos y consecuencias, no solo para el banco vasco, que ha sufrido una derrota estrepitosa, sino para el conjunto de España. Los inversores han castigado el intervencionismo cada vez más patente del Gobierno en el mundo empresarial.

Fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE creen que los fondos de inversión han decidido no apostar por la propuesta de BBVA por los riesgos que entrañaba la operación después de las trabas impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a pesar de que la mayoría suele ser favorable a este tipo de transacciones. La prohibición a una fusión al menos hasta 2028, con posibilidad de alargarse hasta 2030, ha echado para atrás a muchas de estas compañías por la incertidumbre que generaba la medida. «Ha sido un toque serio de atención para que ponga fin a la deriva de meter mano en todo aquello que quiere o no le interesa», aseguran.

Desde hace tiempo, los inversores vienen alertando de la excesiva presencia del Gobierno en el mundo corporativo privado y de su afán por controlar cada vez más compañías o frustrar operaciones –como en los casos de Telefónica y Talgo–. Existe una sensación de que cualquier plan debe contar con el beneplácito de Moncloa, algo que está paralizando proyectos y planes, con los efectos económicos negativos que ello conlleva.

Desde que el Ejecutivo decidió intervenir en la opa de BBVA, analistas, fondos, bancos, reguladores y diferentes ejecutivos de diferentes sectores reclaman un freno en este tipo de actuaciones, además de pedir que se aclaren unas leyes ambiguas que permiten meter mano en las decisiones del mundo empresarial privado. Una de las primeras personalidades que señaló este problema fue la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que incluso antes de conocerse las medidas a la oferta de la entidad vasca, alertó de que la ley de operaciones de concentración no aclara si el Gobierno podía o no endurecer las condiciones establecidas por el supervisor que lidera.

Desde entonces, muchas voces han reclamado una revisión de la normativa, como, por ejemplo, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, o el propio presidente de BBVA, Carlos Torres, que este viernes pedía una modificación de la normativa vigente. Las reglas actuales, tras el fracaso de la entidad vasca, van a poner en peligro operaciones de esta u otra naturaleza, que estarán sujetas a la opinión de un Ejecutivo cada vez más controlador.

Pero muchos coinciden en que ahora existe una oportunidad de oro para ajustar la regulación. Por un lado, está abierto el expediente sancionador a España de la Comisión Europea por las trabas a BBVA. Bruselas está investigando si Moncloa se ha excedido en sus competencias con las trabas impuestas. Y, por otro, está el recurso presentado por el grupo vasco ante el Tribunal Supremo.

Torres no ha descartado que la apelación siga su curso pese a haber sido derrotado en la opa y que su resolución ya no sirva para nada, solo para aclarar hasta qué punto un Gobierno puede actuar en contra de operaciones corporativas de concentración. «Aún es pronto para tomar la decisión de retirar el recurso, lo analizaremos más adelante», aseguró el presidente de la entidad bilbaína durante su comparecencia ante los medios para explicar el fracaso de la oferta sobre el Sabadell.

También reclamó una revisión de la legislación española de opas para terminar con las ambigüedades que tiene, por ejemplo, con los artículos referentes al precio de una segunda opa en caso de superar el 30% y no alcanzar la mayoría del capital. Es algo que ha generado mucho debate en las últimas semanas ante la posibilidad de que se diera este escenario, que finalmente no se ha producido. También se refirió a las diferencias existentes con normas de otros países, en los que el número de adhesiones se conoce sobre la marcha y no días después de la finalización del proceso, como sucede en España. Esto, a su juicio, ha desincentivado a los fondos que replican índices sobre acudir a la opa porque no se conoce como va el resultado. Por ello, ha dicho que «merece la pena una revisión, como han señalado voces autorizadas en la materia».

El Gobierno, ajeno al castigo dado a España, ha mostrado «el respeto» a la decisión de los accionistas del Sabadell de no acudir a la opa, como ha manifestado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aunque otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han mostrado su alegría por el fracaso de la operación lanzada por BBVA.