El sector del vapeo echa humo por la venta exclusiva de sus productos en estancos
El Gobierno equipara la venta de cigarrillos electrónicos con nicotina con la del tabaco y provoca la indignación de un sector acostumbrado a ir por libre
Una persona vapeando
El sector del vapeo en España está en pie de guerra después de que el Gobierno haya mostrado el camino que conduce a equiparar el régimen de los cigarrillos electrónicos con nicotina y los nuevos dispositivos para fumar con el del tabaco convencional. Siempre lo ha estado: cuando no había regulación, cuando se anunciaban cuando comenzaba a vislumbrarse y ahora que toman formas nuevas medidas que en absoluto les convencen y que conducen a que tenga la misma consideración vapear y fumar.
La industria del cigarrillo electrónico ha querido ir por libre y desvincularse de una regulación específica, de los derivados del tabaco y de los estancos, pero no piensa igual el Gobierno, que el 10 de mayo aprobaba el anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, norma reguladora de la venta de cigarrillos electrónicos y de dispositivos de tabaco novedosos, que además de incidir en mejorar el control, revisar la publicidad y tratar de evitar su venta por Internet y a menores, impone que la venta exclusiva de estos productos deberá corresponder a los estancos en un plazo de cinco años, a esa misma red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado que dispensa cigarrillos convencionales y sus derivados.
Golpe directo
«Los objetivos de la futura ley serán reforzar la transparencia, la neutralidad y la seguridad de los productos, en beneficio de los consumidores y usuarios». Esas medidas se incorporarán paulatinamente hasta la equiparación total de unos productos y otros. El régimen de control de la fabricación, distribución y del comercio minorista de cigarrillos electrónicos con nicotina y los nuevos dispositivos para fumar tendrá el mismo tratamiento que el tabaco convencional, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias. Se actualizarán las facultades regulatorias, de inspección y de supervisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Comisionado para el Mercado de Tabacos, se moderniza el régimen de infracciones y sanciones y se prevé la creación de registros públicos de operadores, de instalaciones de operadores, de máquinas de fabricación y de grupos de interés, entre otras medidas.
Esto supone un golpe directo a un sector que se sintió cómodo mientras escapaba al control directo del Estado, pero que sobre todo desde hace más de dos años viene siendo muy crítico con las iniciativas para el sector que parten del Gobierno. Éste, por su parte, justifica la futura ley como una contribución para «modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco y otros productos relacionados», de forma que se impulsará una «lucha más eficaz contra el comercio ilícito» y «se garantizará la seguridad de los consumidores» en busca de un mercado «neutral y transparente».
Comisionado para el Mercado de Tabacos
La futura ley es parte de las obligaciones de España que establece la normativa de la Unión Europea y los convenios y tratados internacionales de control del tabaco. Esta también incluye «reforzar el principio de neutralidad de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado como uno de los pilares del monopolio de venta minorista», mejorando el control de las actividades promocionales y publicitarias, con la finalidad es que «no se favorezca desde la red minorista directa ni indirectamente el consumo de unas marcas, productos o fabricantes frente a otros».
Se designa, además, al Comisionado para el Mercado de Tabacos como autoridad de vigilancia en cumplimiento del Reglamento UE 2019/1020 de Vigilancia de Mercado, que exige crear este tipo de autoridades para productos armonizados como el tabaco, «con facultades y competencias para controlar la adecuación de los productos a la normativa», e intercambiar información con la Comisión Europea y otras autoridades de vigilancia.
«Acoso y derribo»
El Gobierno se ha propuesto controlar por completo una industria que le ha sido esquiva durante años y ésta no está por la labor de aceptar lo que marca el anteproyecto de ley. La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) ya denunció el pasado año «la brutal campaña de acoso y derribo contra el vapeo que lleva el lema El tabaco ata y mata en todas sus formas«, que provocó una caída de más del 30% de la facturación en 2919, y recordaba que llevaba desde entonces inmerso en «una lucha por nuestro sector sin precedentes en nuestro país».
La UPEV pedía soluciones después de más dos años de reivindicaciones y protestas sin que en ningún caso les hubieran escuchado: «La UPEV ha pedido el diálogo informativo, el debate, la reuniones con ministerios para que oigan la voz del sector, ha presentado diversas peticiones e información para que los responsables ampliaran sus miras… Todo ello, sin resultado alguno más que rechazos».
«La desaparición del sector»
Ahora, tras la aprobación del Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, el presidente de la UPEV, Arturo Ribes, cree que «se ataca directamente al derecho a la libre competencia» y lo que se pretende es «volver a una época oscura en la que el Gobierno logró monopolizar en los estancos la venta de nicotina». Ribes considera que la nueva ley conllevará cierres en un sector que «genera alrededor de 60 millones de euros anuales» y que componen casi 400 pequeñas empresas y cerca de 3.000 empleados.
La UPEV considera que «el cigarrillo electrónico es un producto completamente distinto al tabaco» y se ampara en que así fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la UE en la Directiva 2014/40/EU, que avala una regulación al margen de la del tabaco. La asociación no ve lógico que los productos del vapeo se vendan en el mismo establecimiento que los del tabaco y se mezcle a ambos usuarios con el consiguiente «riesgo de acceder al tabaco». La organización, en todo caso, afirma que nada es aún definitivo y no va a conformarse. Promete poner trabas mientras se tramita el anteproyecto, que está abierto a las consideraciones del Consejo de Estado y a un periodo de consulta pública al que se agarra la UPEV para poder plantear sus demandas y cambiar una norma a su juicio «absurda» cuya aplicación supondría «la desaparición del sector».
Más control también para el tabaco
Al margen de los supuestos aplicables al sector del vapeo, el anteproyecto se refiere también al tabaco y a la intención de mejorar «la supervisión de los productos de tabaco y otros productos relacionados», con medidas para que los que llegan al consumidor cumplan siempre la normativa europea y española con plenas garantías.
El ámbito de supervisión «se extenderá a todas las actividades industriales y comerciales de productos de tabaco y productos relacionados», incluyendo la primera transformación de tabaco crudo, el comercio de maquinaria para la elaboración de productos de tabaco, las actividades de fabricación y comercio mayorista, la fabricación y comercio de máquinas expendedoras de tabaco y, «en general, a cualquier persona física o jurídica que intervenga en este mercado con fines comerciales».
