La OCU denuncia a Ticketmaster por cargos «abusivos» en las entradas de Bad Bunny
El puertorriqueño actuará en España con una gira de 12 conciertos: dos fechas en Barcelona y diez en Madrid
Bad Bunny en Puerto Rico. | Stephanie Rojas / Zuma Press / ContactoPhoto
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo por lo que califica como un cobro «irregular y abusivo» en la venta online de entradas para los conciertos de Bad Bunny en España.
El artista puertorriqueño actuará en España con una gira de 12 conciertos, que incluirán dos fechas en Barcelona —el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic— y diez en Madrid —del 30 y 31 de mayo y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en el Estadio Metropolitano—.
Desde el inicio de la preventa, numerosos compradores han denunciado que, al intentar adquirir sus entradas a través de las plataformas digitales, se encontraron con hasta tres conceptos adicionales no reembolsables: gastos de gestión, una donación y un cargo vip. Según la OCU, estos costes elevan significativamente el precio final de la entrada, que pasa de un precio base de 79,50 euros a alcanzar los 269,30 euros.
En concreto, los consumidores deben afrontar 3,30 euros en concepto de donación, 36,50 euros por gastos de gestión y 150 euros de cargo vip adicional. La organización alerta, además, de que estos costes suelen mostrarse de manera opaca, apareciendo únicamente en las últimas fases del proceso de compra, lo que considera una práctica desleal al repercutir los gastos de gestión en el usuario en lugar de en el vendedor.
Otro de los motivos de la denuncia es que dichos cargos no son reembolsables, dejando al comprador sin posibilidad de recuperar el importe en caso de anulación o cambios en la compra.
La OCU también ha cargado contra el uso de precios dinámicos en estas entradas, una práctica que permite a la empresa modificar los precios en función de la demanda sin detallar qué factores concretos influyen en estas variaciones. Por ello, la organización reclama que se apruebe una normativa específica que regule estas prácticas y proteja a los consumidores.