Daniel Fontanals, detective: «Cuando nos contratan, es porque saben que la baja es falsa»
Con el aumento de las bajas laborales, es clave conocer las sanciones por fraude y cuándo es legal contratar un detective
Un trabajador cansado. | Freepik
A pesar de haber existido siempre, las bajas laborales han aumentado en los últimos tiempos debido a diversos factores, como el incremento de problemas de salud mental, el envejecimiento de la población activa y las condiciones laborales, sobre todo en entornos con riesgos físicos o psicológicos. Asimismo, son muchas las personas que utilizan esta condición especial de manera fraudulenta, es decir, sin realmente necesitarla, para no acudir a su puesto de trabajo.
Así lo explica el detective privado Daniel Fontanals, que asegura que estas bajas se utilizan en muchas ocasiones como «mecanismo de presión» por parte de los trabajadores a la empresa, sobre todo tras haberse producido cambios o sucesos en el ámbito de trabajo con los que el empleado no está de acuerdo. Asimismo, indica que este tipo de fraude es muy común, más de lo que se pueda llegar a imaginar.
Cuándo se considera que una baja es falsa
Una baja laboral es considerada falsa cuando el trabajador finge tener una enfermedad o lesión con el fin de ausentarse del trabajo sin justificación legítima, presentando para ello certificados médicos falsos, alterados o exagerando la gravedad de su enfermedad. Es decir, cuando existe la intención deliberada de engañar. Igualmente, una baja se considera falsa si las fechas de incapacidad se manipulan o si se incumplen las revisiones médicas obligatorias. En el caso de que el empleado intente obtener beneficios indebidos, como cobrar mientras no se está incapacitado, también se considera fraude laboral.
Las sanciones por bajas falsas
Un empleado que coge una baja laboral falsa se expone a distintas sanciones, tanto en el ámbito laboral como para la Seguridad Social, en función de la gravedad y de la legislación del país. En el primero de los casos, está considerada una falta muy grave, puesto que implica un engaño hacia la empresa y una quiebra de la confianza en la relación laboral. Según el Estatuto de los Trabajadores, fingir enfermedad o accidente para justificar ausencias puede ser motivo de despido disciplinario, lo que implica la extinción del contrato sin derecho a indemnización. Además, el trabajador puede ser sancionado con la pérdida del sueldo durante el tiempo de la investigación.
Por otro lado, en relación con la Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad Social prevé la retirada de la prestación por incapacidad temporal si se comprueba que ha existido fraude, lo que obliga al trabajador a devolver la remuneración percibida durante el periodo de baja falsa, además de poder recibir sanciones administrativas adicionales. En caso de ser más grave, por ejemplo si se falsifican informes médicos o se defraudan cantidades importantes, puede entrar en juego el Código Penal, enfrentándose el trabajador a un delito de estafa o de falsedad documental con sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión, en función de la cuantía defraudada y la forma de actuación.
Cuándo una empresa puede contratar un detective privado
Una empresa solamente puede contratar detectives privados para investigar posibles fraudes en bajas laborales en circunstancias muy concretas y siempre respetando la legalidad y la privacidad de los trabajadores. Deben existir sospechas fundadas de que un empleado está fingiendo una enfermedad o incapacidad para ausentarse del trabajo. Es decir, no basta con rumores sino que debe haber indicios objetivos que generen dudas razonables sobre la veracidad de la baja.
El procedimiento para investigar una posible baja laboral falsa empieza revisando la información interna de la empresa, como informes médicos, asistencia y documentos relacionados con la incapacidad. Si esto genera dudas persistentes, la empresa puede contratar a un detective privado, que realiza una observación discreta y legal para determinar si el trabajador realiza actividades incompatibles con su baja. Finalmente, con la información obtenida, la empresa analiza si hay indicios de fraude.
En cuanto a las pruebas legales que puede recabar la empresa, entre las más habituales están las documentales, como certificados médicos oficiales, partes de incapacidad emitidos por la Seguridad Social o mutuas, y registros internos que evidencien irregularidades. Asimismo, se pueden utilizar testimonios de compañeros o supervisores que hayan observado comportamientos contradictorios con la baja. Otra fuente son los informes de los detectives privados. Por último, la empresa puede apoyarse en controles internos, como registros de asistencia, fichajes y revisiones médicas complementarias.