La brecha salarial entre los empleados públicos y los del sector privado se consolida en el 25%

La brecha de salarios entre los empleados públicos y los trabajadores del sector privado apenas ha cambiado en siete años. Según los últimos datos de la Seguridad Social, los asalariados de las administraciones públicas adscritos al Régimen General —excluidos los de Clases Pasivas— mantienen una base media de cotización un 25% superior a la del conjunto de los trabajadores.

Esta diferencia, pese a las reformas del mercado laboral, el aumento del salario mínimo y las subidas en convenios privados, sigue prácticamente intacta desde 2018. Según los datos analizados por THE OBJECTIVE, en junio de 2025 la base de cotización media en la Administración Pública y Defensa alcanzaba los 2.832 euros mensuales, frente a los 2.254 euros del conjunto de empleados del Régimen General.

En 2018, las cifras eran de 2.213 euros y 1.772 euros, respectivamente. En términos relativos, la distancia se ha mantenido estable: una ventaja de entre el 21% y casi el 26% para el empleo público, lo que convierte al sector en uno de los mejor retribuidos de la economía, según el propio registro estadístico del organismo. Entre 2024 y 2025 la brecha se ha consolidado por encima del 25%, un porcentaje similar al de 2018.

Una brecha estructural, no coyuntural

Estos datos excluyen tanto al personal del régimen de Clases Pasivas —principalmente funcionarios con muchos años en la Administración— como a los trabajadores de sectores como sanidad y educación vinculados a las comunidades autónomas, lo que permite comparar a los empleados públicos integrados en la Seguridad Social con el resto de asalariados privados que cotizan en este organismo.

Los datos confirman una tendencia estructural. El diferencial salarial entre ambos colectivos no responde tanto a una política de privilegio como a la composición del propio empleo público. Según el Banco de España, la mayor cualificación media, la antigüedad y la estabilidad contractual explican buena parte de la diferencia de salarios.

El perfil del empleo público

«El mayor peso de los puestos técnicos y administrativos de alto nivel y la escasa rotación laboral en el sector público influyen de forma significativa en el salario medio», apunta uno de sus últimos informes sobre desigualdad salarial. Esa estructura se ha consolidado con el tiempo.

Mientras el sector privado ha experimentado una moderada mejora salarial ligada a la subida del Salario Mínimo y a determinados cambios propiciados por la reforma laboral, el empleo público ha seguido un ritmo de revisión más estable, protegido por acuerdos plurianuales con los sindicatos y un marco de revisión automática vinculado a la inflación.

En junio de 2025, la base media de cotización de los empleados públicos era de 2.824 euros. Esto sitúa a los trabajadores de la Administración como la quinta actividad mejor retribuida de entre las 21 categorías analizadas por la Seguridad Social.

Subidas anuales

El periodo reciente ha consolidado esa ventaja. Entre 2022 y 2024, los funcionarios y empleados públicos acumularon una subida salarial en torno al 9,5% nominal, fruto de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.

El pacto de 2022 fijó un aumento del 3,5%, seguido de un 2,5% fijo más variable en 2023 y de otro 2,5% en 2024. Aunque el alza de los precios llegó a erosionar parte de ese avance, la revisión adicional de medio punto aplicada a mediados de 2024 permitió mantener el poder adquisitivo prácticamente constante en el trienio.

Ahora, los sindicatos reclaman nuevas mejoras. El Ejecutivo ha abierto la negociación de un acuerdo plurianual 2026-2028 que garantice que los empleados públicos «no pierdan poder adquisitivo», con una parte fija y otra variable vinculada al crecimiento económico. Las organizaciones exigen, además, que se incluya 2025 para evitar un vacío retributivo que afecte a tres millones de trabajadores públicos.

Empleos de bajo valor añadido

La persistencia de esta brecha ilustra la dualidad del mercado laboral español. Mientras el empleo público ha actuado como un ancla salarial durante los años de inflación y ajuste, el privado ha seguido mostrando una estructura más frágil, especialmente en sectores de servicios y comercio.

En el primer grupo, predominan las carreras largas, con estabilidad contractual y tramos de antigüedad que elevan la cotización media. En el segundo, la temporalidad enmascarada por la reforma de 2021 en la figura de los fijos discontinuos no se ha traducido aún en incrementos similares de salario o base de cotización. El resultado es una distancia que ni las reformas laborales ni los aumentos del salario mínimo han logrado cerrar.

Para el Banco de España, esa brecha refleja «la segmentación persistente» del mercado laboral y su impacto sobre la productividad. Los salarios públicos funcionan como un referente de estabilidad, pero también pueden distorsionar el ajuste de las remuneraciones en el conjunto del sistema, al fijar un nivel difícil de igualar para empresas con márgenes más reducidos.

Estabilidad vs volatilidad

La comparación no implica que los empleados públicos estén al margen de la inflación o la presión fiscal. Las subidas de los últimos años han compensado en parte la escalada de precios, pero su poder adquisitivo real apenas ha mejorado. En cambio, el sector privado ha registrado un crecimiento más irregular, con mejoras concentradas en los segmentos de alta cualificación y en empresas tecnológicas o exportadoras. La brecha del 25% no solo es un indicador salarial: es una radiografía del modelo productivo. La mayoría de los asalariados privados trabaja en sectores de bajo valor añadido, un modelo complicado de cambiar.