Las eléctricas, en vilo ante la inminente sentencia sobre el gravamen del Gobierno
La permanencia del impuesto ha quedado en ‘stand by’ después de que se prorrogasen los Presupuestos
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
La batalla judicial entre las eléctricas y el Gobierno por el impuesto extraordinario que crearon estos últimos sobre las empresas del sector a finales de 2022 parece tener un desenlace próximo. Así, según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Audiencia Nacional ultima la sentencia tras el recurso contencioso-administrativo que presentó la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que reúne a grandes eléctricas del país como Iberdrola, Endesa y EDP, a mediados de febrero de 2023.
Fuentes conocedoras aseguraron a este medio a finales del pasado mes de junio que «los recursos planteados contra el gravamen energético se encuentran en su fase final, pues en la mayor parte de los casos se ha formulado ya el escrito de conclusiones». Aun así, y pese a que la sentencia parece inminente, las circunstancias actuales del calendario y los tiempos de la Justicia, podrían retrasar el veredicto al mes de septiembre.
Una vez que se tenga el escrito de conclusiones, el secretario judicial declarará el pleito concluso para sentencia. Solo unos días después, se presentará la sentencia. En caso de que exista disconformidad con esta, se podrá recurrir al Tribunal Supremo. En los últimos meses, ha sido muy recurrente escuchar las quejas de los consejeros delegados de las principales eléctricas por la puesta en marcha de este impuesto, que comenzó siendo temporal, pero que se busca que sea estructural.
Debate por el impuesto
Bufetes de abogados como los departamentos jurídicos de las eléctricas coinciden en que la Audiencia Nacional acabará dándole la razón a las eléctricas. También, fuentes autorizadas del derecho apuntan a que el impuesto podría ser «un fraude de etiquetas» por cómo ha sido diseñado, ya que actúa como un impuesto cuando realmente el Ejecutivo lo denominó «prestación patrimonial».
Según el Ministerio de Hacienda, las energéticas hicieron un primer pago en febrero de 2023 de 827 millones de euros y un segundo en octubre de ese mismo año de 817 millones de euros. Por lo que, en total, recaudaron 1.644 millones de euros gracias al impuesto energético. Por otro lado, desde el Ejecutivo, confían en aumentar su nivel de recaudación tras poner fin a algunas medidas que sirvieron para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, como la reducción del IVA de la luz.
A principios de febrero de este año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, arremetió contra este impuesto y aseguró que «no tenía sentido». Unos meses después, en mayo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que «el impuesto iba a desaparecer a finales de este año si no se producía finalmente la aprobación de una extensión a través de una ley». También aprovechó para criticarlo porque «afectaba a la capacidad de las empresas de invertir para alcanzar los objetivos de la transición energética» además de ser «una desventaja comparativa y competitiva bajo la ley europea».
En medio de esas críticas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo el pasado mes de abril que el Gobierno estaba estudiando fórmulas que permitiesen hacer permanente el impuesto contra las energéticas y al mismo tiempo incluir incentivos a la reinversión en transición ecológica. En principio se esperaba que este estuviese recogido en los presupuestos generales del Estado (PGE), pero finalmente estos acabaron siendo prorrogados. Una decisión que no gustó a los socios del Gobierno, Sumar, ERC y EH Bildu, que pidieron que no hubiera deducciones fiscales.
Los tres argumentos de las eléctricas
Los argumentos que esgrimen desde Aelec contra el impuesto a las energéticas son los siguientes. En primer lugar, aseguran que «es el único en Europa«. «La UE ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior».
En segundo lugar, desde la asociación critican que el impuesto sea sobre los ingresos. «En Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%». Por último, remarcan la discriminación. «Solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas. Es una incoherencia fiscal».
