Denuncian a presuntos 'testaferros' por suplantar a petroleras y echarlas del mercado
Entre junio y agosto se han solicitado bajas en el Redef, cese de actividades y reconocimiento de deudas inexistentes
Vista de una planta petrolífera. | Agencias
El sector petrolero inicia el nuevo curso como lo acabó. De nuevo, ‘colaboradores sociales’ solicitan dar de baja a compañías del sector sin que estas lo hubiesen autorizado. Ocurrió el pasado miércoles 28 de agosto y el lunes 2 de septiembre, después de que se presentasen diversos modelos 036 (censo de empresarios y profesionales) en nombre de dos compañías. En una de ellas, en concreto, se solicitó su baja del Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales), el cese de su actividad, además de reconocer deudas inexistentes por valor de miles de millones.
Un colaborador social puede ser cualquier persona colegiada, desde un asesor fiscal a un abogado. En este caso, y según consta en los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que obran en su poder, unos particulares solicitaron la baja de una de las empresas hace escasos días. Las compañías afectadas descartan que se traten de hackeos y apuntan a presuntos ‘testaferros’ que a cambio de su arriesgado movimiento recibirían compensaciones económicas por parte de algún interesado. Pero el abanico es muy amplio para tratar de conocer a los autores intelectuales de este movimiento.
El sector del petróleo registra hoy acusaciones cruzadas, desmentidos de unos y otros y búsqueda de aquellos culpables que están provocando que con este tipo de actuaciones su negocio de compra y venta de combustible se vea afectado. La Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda) es consciente de esta realidad y no ha tramitado las peticiones últimas de los supuestos colaboradores sociales. No obstante, las compañías perjudicadas se quejan de que no se haya dado de baja de facto a estos presuntos ‘testaferros‘ tras su reclamación.
Los operadores afectados no son los gigantes del sector, pero sí pueden llegar a facturar varias decenas de millones al mes. El hecho de que se les reconozca una deuda, en el caso de la última afectada por valor de unos 16.000 millones de euros, le impide operar en el mercado y vender productos de hidrocarburos a sus clientes (que son principalmente las estaciones de servicio) porque estos piden, a la hora de comprar a sus proveedores, un certificado de estar al corriente de pagos que ahora no pueden emitir.
Hace unos meses ya se denunció a estos colaboradores sociales cuya actividad afectó a una decena de operadores. De forma conjunta, se dirigió un escrito a la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) y a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para pedir, entre otros asuntos, dar de alta otra vez a todos los afectados. En el caso de un operador, la Administración lo tuvo de baja durante todo un mes pese al fraude, ocasionándole pérdidas millonarias.
Una nueva asociación que ha surgido en el sector, llamada Aopyde y que agrupa a varias de las empresas afectadas, resume así su punto de vista: «Los hechos suponen la apertura de la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración por mal funcionamiento del servicio público. Se estima en varios millones de euros las pérdidas ocasionadas, tanto a las operadoras que no han podido realizar operaciones de venta durante la baja como a las estaciones de servicio que se quedaban sin suministro de producto».
Todos los operadores pueden acceder con facilidad al nombre de quien le ha dado de baja porque les aparece una notificación cuando se presenta el modelo 036 ante la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran a los perjudicados que están revisando la situación, pero estos piden celeridad. En medio de este escenario se prevén querellas por daños y perjuicios, crimen organizado y delitos por falsedad documental, entre otros. Acusaciones que pueden acabar siendo investigadas por la Audiencia Nacional.
Mientras algunas empresas del sector luchan contra estos contratiempos que afectan a sus balances, la demanda de petróleo en España crece y vuelve a los niveles previos de hace cuatro años (2019). Así, según los últimos datos de Cores (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), ha habido un aumento en la compra de toneladas de petróleo por parte de nuestro país en este primer semestre (enero a junio) que sitúa la cifra por encima de las 33.000 toneladas.
