Hacienda investiga a operadores de petróleo en pleno lío por el fraude del IVA en el sector
La Agencia Tributaria acude a las sedes de las compañías y solicita facturas de las últimas operaciones
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Agencias
La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, investiga a operadores petroleros en España en plena polémica por el fraude del IVA en el sector. Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE a través de fuentes del organismo, han comenzado una serie de inspecciones en las sedes de algunas empresas encargadas de la compra y venta de hidrocarburos. En algunas de estas, que han tenido lugar a principios de septiembre, se han solicitado diferentes documentos, como las facturas de las últimas operaciones y los registros del IVA.
El fraude del IVA es una de las principales preocupaciones en el sector petrolero. Una realidad que golpea a las empresas (desde operadores hasta distribuidores) y a la Administración, y que genera desconfianza entre todos los actores salpicados. De esta forma, existen algunos entramados empresariales que logran hacer negocio con la recaudación del 21% del impuesto del IVA durante la venta del combustible entre compañías. A este escenario también se le une el fraude en los biocarburantes, en el que las mismas empresas incumplen el mínimo ‘verde’ que se exige en el combustible.
Según las mismas fuentes, Hacienda ha marcado un plazo límite de diez días a las operadoras para requerir esta información después de haber analizado con detalle a estas empresas durante sus visitas. Hace unos meses, algunas compañías propusieron al Gobierno imitar a Italia -que ya luchó contra estos episodios años atrás- y exigir un adelanto del pago del IVA para evitar esta situación. Pero otras empresas se quejan de que esa fórmula las echaría del mercado por su falta de músculo financiero, lo que provocaría una reducción de la competencia en el sector.
Fuego cruzado dentro del sector
Mientras tanto, una guerra con acusaciones cruzadas aflora dentro de este campo. Algunas empresas apuntan a la existencia de presuntos ‘testaferros’ que darían de baja en la Agencia Tributaria a otras empresas en nombre de estas y sin su consentimiento a cambio de recibir compensaciones económicas; el abanico es muy amplio para tratar de conocer a los autores intelectuales de este movimiento. Una de ellas, en concreto, estudia una indemnización contra el Estado por haberles mantenido durante un mes de baja de cualquier operación tras la solicitud de un tercero ajeno a ellos. En el Ministerio de Hacienda, no obstante, sostienen que este tipo de prácticas fraudulentas ya están controladas.
Por otro lado, ha aparecido una nueva asociación en el sector, llamada Aopyde (Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles), que no se siente representada en la tradicional AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos). «Queremos convertirnos en portavoces de un colectivo que no ha sido representado hasta ahora adecuadamente (operadores independientes y distribuidores) para asegurarnos de que nuestras demandas se cumplen de manera efectiva», aseguraron a este periódico hace unos meses.
Últimas medidas del Gobierno
A finales del pasado mes de diciembre, el Ejecutivo publicó un real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que llevaría a cabo una serie de cambios en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. Entre estos, se anunciaba la prohibición a algunas empresas -que actúan como operadores minoristas- a vender combustible a otros operadores en lugar de al cliente final, a pesar de no estar registrados como operadores al por mayor. Una medida que se incentivó años atrás para aumentar la competencia, pero cuya ineficacia se constató años después.
«Se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (Sicbios) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como fiscales (IVA, IIEE) debido, en parte, a que han aparecido modelos de negocio que no estaban previstos cuando se redactó la Ley 34/1998 del 7 de octubre, y sus modificaciones y que, por tanto, no están reguladas de forma adecuada en la legislación actual», argumentó el Gobierno en su momento.
Por último, se anunciaron medidas para contener el fraude en los biocarburantes. «Se regula el incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes. Está atentando contra la competencia en el sector, ya que, solo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes por un importe total de 95 millones de euros, lo que les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones», sentenciaron. Sin embargo, este decreto no entro en vigor ipso facto y dejó una moratoria de tres meses que provocó que el fraude se disparase.
