La pesca aparca su guerra judicial por la eólica marina y hará lobby para pararla en el Congreso
Una comitiva del sector acudirá en octubre al Congreso de los Diputados para solucionar su crisis con esta tecnología
Molinos de eólica marina. | Agencias
Los pescadores rehacen su estrategia para tratar de tumbar los planes de ordenación del espacio marítimo que dieron lugar al pistoletazo de salida de la eólica marina en España. Después de que a mediados del pasado julio el Tribunal Supremo desestimase el recurso de la pesca contra este plan, los pescadores ahora buscan una alternativa política y aparcan la vía judicial. Una decisión que no implica que obvien su recurso al Tribunal Constitucional y un posible recurso futuro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Así, el próximo mes de octubre una comitiva del sector pesquero acudirá al Congreso de los Diputados para reunirse con los diversos grupos parlamentarios para que escuchen sus proclamas contra los planes de la eólica marina diseñados por el Ministerio de Transición Ecológica. Estas son principalmente dos: un ataque a sus puestos de trabajo y un daño al medioambiente. El partido que siempre se ha mostrado favorable a su lucha es el BNG (Bloque Nacionalista Gallego). Por lo que contarán con un aliado en la Cámara Baja. Pero el objetivo de los pescadores es convencer en esas reuniones a las grandes formaciones.
Mientras tanto, los pescadores siguen manteniendo encuentros con el Ministerio. La última cita -que fue la tercera que ha habido- tuvo lugar a principios de este mes de septiembre. En estas se analizan aspectos técnicos y acuden voces autorizadas de la ciencia para dar su opinión. Según fuentes presenciales, estas últimas subrayaron que había serios indicios de que la eólica marina podía afectar al ecosistema. El Ministerio de Ribera ha encargado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) un informe que analice estos aspectos. Se espera que esté preparado en un año o año y medio.
De esta forma, los pescadores creen que no habrá subastas hasta que no se resuelva el dictamen que emita el Instituto Español de Oceanografía. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el marco normativo para regular la eólica marina. Una noticia que fue celebrada por el sector empresarial. Sin embargo, las empresas del sector presionan y aseguran que es «necesario y urgente» seguir avanzando en los siguientes pasos regulatorios. La hoja de ruta de la eólica marina y la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establecen los objetivos de alcanzar hasta tres gigavatios de esta tecnología en 2030.
A finales de junio, no obstante, los empresarios mostraron cierto pesimismo e incertidumbre con respecto al desarrollo de la eólica marina en España. Así, más de un año después de que se aprobase el decreto ley que regula las zonas para levantar los futuros proyectos y tras el lanzamiento de la nueva regulación de la eólica marina, el Ministerio de Transición Ecológica volvió antes del pasado verano a reunir al sector en Segovia para discutir la situación. Una provincia que, como de forma irónica relatan las empresas, «se caracterizaba por sus grandes kilómetros de costa». Los más optimistas apuntaron a que se podrá ver un parque de eólica marina, como pronto, en 2033. Sin embargo, ya levantan la voz sobre la regulación que se prepara: «La ley se hizo deprisa y corriendo y no ha sido lo mejor».
Los pescadores basan su argumentación jurídica para tumbar los planes de ordenación marítima en dos argumentos jurídicos: el principio de precaución y respeto a los ecosistemas. Según sostienen, este plan incurre en varias ilegalidades: desde el principio de proporcionalidad hasta el principio de respeto al medioambiente, pasando por la defensa de la actividad pesquera y de los caladeros tradicionales.
El relanzamiento de la eólica marina tuvo lugar en 2018 y 2019, cuando comenzaron los primeros contactos y reuniones entre las administraciones. Se llegó a crear un primer borrador y un documento inicial estratégico. Al año siguiente, tuvieron lugar los primeros trámites de las consultas, además de reuniones interministeriales. Durante el año 2021, hubo más reuniones (algunas transfronterizas), audiencias, información pública y nuevas consultas. Por último, en 2022, se integraron las alegaciones y se hizo una declaración ambiental estratégica. Finalmente, en 2023 se aprobó el decreto.
Sin embargo, el resultado no fue muy distinto al que se presentó años atrás durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el mapa que delimita las zonas que esbozó el ministerio de Ribera coincide prácticamente con el propuesto una década atrás. La eólica marina ha generado -y genera- mucho debate nuestro país porque España es -con más de un millón de kilómetros cuadrados de aguas y 10.000 kilómetros de costa- el primer contribuyente a la economía azul de la Unión Europea, tanto en términos de empleo como de valor añadido.
