Ribera retrasa un año más el proyecto para construir una central hidroeléctrica pública
El Ministerio argumenta que con el aumento de plazo de la ejecución de la obra se logrará un concurso competitivo
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EuropaPress
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico vuelve a aumentar el plazo de ejecución de la obra para construir la central hidroeléctrica pública en el embalse de Irueña (en Salamanca, Castilla y León). Ocurre tras el anuncio de licitación el pasado domingo, donde se actualizó el plazo de ejecución de obra de 24 meses (dos años) a 36 meses (tres años). Un proyecto que supone una apuesta del Gobierno por esa tecnología, que llevaba años sin estar bajo tutela pública.
Esta licitación, que se lanzó en mayo de 2023 por 5,7 millones de euros (frente a los ocho millones actuales) y con un plazo de 18 meses (un año y medio), quedó desierta en julio de ese año. Unos meses después -en marzo de 2024- se reanudó y se hizo público el anuncio previo del contrato. En este se aumentó el presupuesto 2,3 millones más y el plazo de obra se situó en los 24 meses. Una cifra, esta última, que se ha vuelto a incrementar ahora hasta los treinta y seis.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que con este movimiento «se busca que participen más competidores». Para ello, justifican el aumento apelando a una ley que permite a las dos entidades responsables elevar los plazos. «Como indica la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el convenio original de este organismo con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) tenía en cuenta el plazo de tramitación establecido por Real Decreto Ley 23/2020 de cinco años. Posteriormente, el Real Decreto Ley 8/2023 alargó dicho plazo hasta los ocho años, de modo que el convenio se ha modificado en consecuencia y se ha optado por fijar un horizonte temporal más largo para maximizar la competencia entre los licitadores».
Por otro lado, el contrato está sujeto a regulación armonizada, por lo que otras empresas de la Unión Europea (UE) podrán optar a su construcción. El procedimiento de contratación es abierto y el tipo de tramitación ordinario. El proyecto de la futura central pública, cuyo plan se desveló en septiembre de 2020, pretende contar con una potencia instalada total de aproximadamente 4.500 kilovatios (kw) y una producción anual de energía renovable estimada de 16.300 MWh/año. Una cantidad que, según defienden todos los organismos involucrados, «permitirá abastecer el consumo de energía eléctrica de unos 5.000 hogares con energía 100% renovable».
Hace unos días, el 15 de septiembre, uno de los socios de coalición del Gobierno, Sumar, planteó en el Congreso de los Diputados que se crease una empresa pública que gestionase las centrales hidroeléctricas. «Es indispensable para la soberanía energética», argumentaron. Esta compañía tendría personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, para la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas. Según se detalló, la fórmula para el diseño de esta compañía pasaría o bien por empezar de cero, o bien con la transformación de la empresa Hunosa, que pertenece a la SEPI, en esa nueva compañía pública de generación de energía.
No obstante, el pasado 18 de septiembre los dos partidos mayoritarios, PSOE (su socio de coalición) y PP votaron en contra de la proposición no de ley de Sumar. Junto a estos dos, se unió Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria, mientras que Podemos, ERC, Bildu y BNG apoyaron la medida. Solo hubo una abstención, la del exdiputado socialista, ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos.
El proyecto de la central hidráulica pública comenzó a idearse durante el gobierno del popular Mariano Rajoy. Así lo aseguró el Ministerio de Transición Ecológica en 2020. «La obra es fruto de más de cinco años de colaboración entre el IDAE y la CHD. Durante esos años, se constató la viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en la presa de Irueña, se realizaron los proyectos básicos y se obtuvieron todas las autorizaciones administrativas necesarias».
La hidráulica es una de las tecnologías con las que cuenta el Ejecutivo para llevar a cabo la transición energética y lograr el objetivo de descarbonizar el país. El pasado mes de marzo, la ministra Ribera aseguró que se había hecho un «esfuerzo inversor sin precedentes» por parte del Gobierno en política hidráulica, con más de 20.000 millones de euros movilizados relacionados con planes hidrológicos y a la digitalización del ciclo del agua.
