Hacienda se carga a tres operadoras de petróleo en plena batalla contra el fraude
Da de baja del registro de extractores a Standard Petroleum, Vertix Petroleum y Stimilon Energy
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EuropaPress
«Las inspecciones de Hacienda están siendo constantes, tenemos a todos los de la oficina temblando». Es la frase que resuena entre las operadoras petroleras que se encuentran en el foco del Ministerio de Hacienda por posibles fraudes. Una realidad que está teniendo ya sus efectos. Así, la Agencia Tributaria ha dado de baja de forma reciente a tres operadoras de petróleo del Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales). Se trata de las empresas Standard Petroleum, Vertix Petroleum y Stimilon Energy.
El Gobierno ha llevado a cabo en el último año una serie de reformas (el Real Decreto 249/2023 y el Real-Decreto ley 8/2023) para obstaculizar el fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) en los hidrocarburos. Unas medidas que han provocado la división dentro del gigantesco mundo del petróleo: unos aseguran que han sido eficaces, otros sostienen que apenas han servido y hay terceros que señalan que se ha tratado de «una cortina de humo». Si una operadora pierde su condición dentro del Redef no queda inhabilitada, pero malogra su poder para extraer combustible del depósito fiscal y venderlo al exterior, dejando prácticamente nula su actividad.
Las tres empresas dadas de baja por Hacienda mantienen hoy sus páginas webs: Standard Petroleum se define como «un operador de hidrocarburos referente en España», Vertix Petroleum asegura que es «la operadora del mañana» y Stimilon Energy habla de la «transformación del sector del combustible en España». Esta última, que es una sociedad anónima, tiene su negocio diversificado en petróleo (carburantes, transporte de estos y biodiésel) y energía solar (comercializa paneles solares).
Una versión cuestionada
Este periódico ha contactado con las tres empresas afectadas, pero solo ha respondido una. Fuentes de Stimilon Energy aseguran a THE OBJECTIVE que «estaban haciendo las cosas muy bien y de repente una persona que se hizo pasar por alguien de la empresa los dio de baja. El departamento legal está trabajando rápidamente para tener hoy el alta de nuevo en el Redef». Además, señalan que «todos los meses están dando de baja a operadoras, como también a Vertix y a Standard, y ahora les ha tocado a ellos». «Nos han cortado las alas desde el lunes y estamos sin vender nada y nuestros clientes fastidiados. Estamos a la espera de que se resuelva el tema y seguir funcionando».
Hace unos meses, este tipo de prácticas fraudulentas afectaron a varias compañías. Personas con nombres reales y ficticios, que estaban registrados dentro del Redef, dieron de baja a una decena de ellas. Sin embargo, desde Hacienda se descarta que esto haya vuelto a ocurrir. «La Agencia recuerda que en los procedimientos habituales de revisión de los requisitos de cumplimiento para estar en el Redef se viene realizando desde hace tiempo bajas de oficio de entidades que no cumplen», señalan fuentes de la Agencia Tributaria sobre estos últimos tres casos mencionados.
Ribera inhabilitó a otras tres hace días
Hace unos días, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inhabilitó de forma definitiva a las operadoras Everton Magnific, Gaslow Abastecimientos y Martankship para ejercer su actividad por el conocido como fraude de biocombustibles. Este consiste en incumplir el porcentaje mínimo verde que se exige en el diésel y la gasolina.
Según se publicó el pasado jueves 10 de octubre en el BOE (Boletín Oficial del Estado), las tres empresas sumaban una deuda al fondo de pagos compensatorios en el ejercicio 2023 de un total de más de 172 millones de euros. La deuda de Martankship alcanza los 135,4 millones de euros, la de Everton Magnific 27,1 millones de euros y la de Gaslow Abastecimientos 10,06 millones de euros. Aun así, tampoco es el fin para muchas de estas empresas que están siendo inhabilitadas porque se mueven rápidamente para constituir otras con las que seguir su actividad y seguir operando.
Sobre estas deudas existen críticas por su cálculo, ya que es el propio Gobierno el que establece el precio de los certificados de biocombustibles. Lo que convierte la cifra, según los afectados, en «subjetiva». Por otro lado, apenas dos días antes de la inhabilitación de estas tres empresas mencionadas, el Ministerio de Teresa Ribera se cargó al gigante del sector Biomar Oil argumentando esta misma cuestión.
