El fraude del IVA de los hidrocarburos se dispara otros 254 millones en el último año
Fuentes del sector indican que en 2022 el fraude fue de 460,7 millones de euros y en 2023 de 715,1 millones
Un petrolero. | EuropaPress
El fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los hidrocarburos se disparó 254 millones de euros más con respecto al año anterior, según los datos que han analizado fuentes especializadas del sector a través de la Agencia Tributaria. Son las últimas referencias que se tienen de los años 2022 y 2023. Así, mientras que en el año 2022, el fraude fue de 460,7 millones de euros, en 2023 ha sido de 715,1 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento porcentual del 55% en doce meses.
Las mismas fuentes del sector señalan que el número de empresas que han incurrido en actuaciones fraudulentas han aumentado, pasando de 33 en 2022 a 61 empresas en 2023. Estos datos, tanto los de las compañías como el de los millones defraudados, son publicados por el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda un año después. Es decir, no se conocerán los de este año hasta 2025. Será interesante analizar 2024 para apreciar si los dos reales decretos aprobados en 2023 para combatir el fraude del IVA han servido realmente para combatirlo.
Los expertos que analizan los datos reconocen que la Agencia Tributaria tiene un tope en sus publicaciones (que se estima por encima de 600.000 euros de deuda) y muchos millones «se escapan». Por otro lado, las mismas fuentes también señalan el conocido como fraude del biocombustibles. Es decir, el mínimo legal verde (en torno al 11%) que deben cumplir las operadoras en la venta del combustible. Según la Agencia Tributaria, en 2023 fue de 581 millones de euros.
Sobre este último frente existe un debate interno dentro del sector, ya que algunos cuestionan el número en millones de euros y que tenga el mismo rango que el fraude del IVA. La razón es que es el propio Ministerio de Transición Ecológica el que pone un precio al certificado de biocombustible que tienen que pagar las empresas para cumplir con el mínimo exigido. Y este supera los 2.000 euros. Una cifra que tachan de «subjetiva» y que provoca que la cantidad en millones se dispare.
Además del impuesto del IVA, que es competencia de Hacienda, hay cuatro obligaciones que cumplir. Tres de ellas corresponden al Ministerio de Transición Ecológica, que es el encargado de medir el cumplimiento de los biocarburantes, la recaudación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y dar de alta a los operadores. La cuarta obligación es competencia de la Corporación de Reservas Estratégicas (Cores), que según el sector es el organismo que mejor funciona, y que controla el mantenimiento y reservas estratégicas y el pago de las liquidaciones mensuales de estas. Por último, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sirve de ‘paraguas’ de todas estas obligaciones
El malestar en el sector es creciente tras destaparse cómo uno de los cabecillas del ‘caso Koldo’, Victor de Aldama, participó presuntamente en el fraude del IVA de los hidrocarburos. «Nos preguntábamos continuamente qué puede pasar para que expedientes de operadores se retrasasen tantísimo tiempo, tantas trabas para dar de alta a un operador que cumple con las normas y que quiere iniciarse en esta actividad. Veíamos al Ministerio atascado, pero de repente veíamos que daban de alta a una empresa que es vox populi que es un piratón del copón. Era bastante obvio que se estaba mirando para otro lado en las administraciones de control», señalan desde el sector.
Otros datos
La complejidad de los entramados empresariales en el negocio del fraude del IVA hace que existan diversos datos sobre el nivel de deuda que deben al Estado estas compañías. Algunos de estos análisis son más sofisticados que otros. De esta forma, otras fuentes especializadas, que simplemente han cruzado los datos de la lista de morosos de la Agencia Tributaria con el listado de operadoras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), apuntan a un agujero para las arcas del Estado de 400 millones de euros a 31 de diciembre de 2023.
«De estos operadores morosos, 21 están inhabilitados, siete dados de baja y tres siguen activos, aunque dos de estos han sido inhabilitados de forma reciente y uno sigue operativo». Además de los grandes operadores, se encuentran los comercializadores al por menor, «que son más difíciles de localizar en el listado de morosos porque se desconocen sus nombres». Las mismas fuentes apuntan a una deuda «próxima a 250 millones».
