Golpe al hidrógeno verde en España: peligran el 20% de los planes industriales
Hay un total de 123 proyectos para producir gas renovable con un valor aproximado de 20.000 millones de euros
Molinos de viento. | Europa Press
El hidrógeno verde ha vuelto a copar titulares tras la decisión de la petrolera Repsol de mover parte de su inversión relacionada con el gas verde a Sines (Portugal) en plena estrategia de presión por acabar con el impuesto extraordinario que el Gobierno busca hacer permanente. A este escenario pesimista se le une ahora un nuevo frente para el sector: fuentes financieras y jurídicas transmiten a THE OBJECTIVE que están en el aire hasta el 20% de los 123 proyectos industriales de hidrógeno verde proyectados por las exigencias de la Comisión Europea.
Estos planes industriales, en su mayoría, pretenden construir electrolizadores, la pieza clave para producir hidrógeno verde. No obstante, según aseguran las mismas fuentes, decenas de estos proyectos integrados por grandes, medianas y pequeñas empresas frenarán sus planes industriales por la medida de Bruselas, conocida como ‘Acto delegado relativo a una metodología para los combustibles renovables de origen no biológico’. Esta contiene una serie de requisitos para garantizar el origen renovable que complican de forma sustancial a las empresas porque tendrán que aumentar sus inversiones tanto en capex (coste a largo plazo) como en opex (coste a corto plazo).
La medida no es nueva y, por lo tanto, no ha sido una sorpresa para las compañías. De hecho, este acto delegado se aprobó cuando ya se estaba trabajando en estos proyectos hace ya más de un año. Una barrera que creyeron que se podría sortear o superar, pero que hoy muchos asumen que financieramente no es posible. Entre estas medidas cabe mencionar, por ejemplo, la presión para construir plantas de generación renovable cerca del lugar en el que se busca crear un electrolizador, o un aumento en la inversión de este mismo para que funcione con mayor intensidad para aprovechar los momentos ‘baratos’ en los que hay, por ejemplo, sol (por las placas solares). De lo contrario, se tiene que firmar un contrato PPA a largo plazo, que es más caro.
Se espera que los 123 proyectos comiencen a funcionar entre los años 2026 y 2028. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el electrolizador de Tarragona que ahora Repsol pretende mover a Portugal. Pero este no formaría parte del 20% que peligrase porque, en el hipotético caso de que se trasladase al país vecino, se pondría en marcha. Las mismas fuentes señalan que algunos proyectos industriales se caerán y generarán confusión en el mercado porque hay compromisos y cláusulas en juego con los proveedores. Sin embargo, gracias a la creciente demanda en el mundo de los electrolizadores los fabricantes no sufrirán un roto.
Se estima la inversión de estos proyectos en unos 20.000 millones de euros. El 60% debe ser financiado por las propias empresas a través de su capital, mientras que el 40% son ayudas públicas. El rechazo de estas últimas -cuando se concede un proyecto hay firmar el acuerdo de subvención- también generará cierto ruido en caso de que finalmente se confirme que hasta el 20% de los proyectos no saldrán adelante. El Ministerio de Transición Ecológica es consciente de este escenario, aunque mantiene sus previsiones. Según el último PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), se alcanzarán 12 gigavatios de electrolizadores en 2030.
Un preludio de lo que viene es el desenlace de la noticia del pasado mes de abril, cuando la Comisión Europea adjudicó 263,1 millones de euros en subsidios a tres proyectos españoles para producir hidrógeno verde. Según ha podido saber este medio, uno de estos tres planes industriales finalmente no saldrá adelante por problemas de viabilidad, fruto de la exigencia de la Comisión Europea antes descrita. No se espera que Bruselas vaya a modificar los criterios del acto delegado.
Impuesto energético
Fuentes del sector dan la razón a las energéticas en su particular guerra contra el Ejecutivo por el impuesto temporal que se quiere hacer estructural. Un objetivo que parece complejo tras la el ‘no’ reciente de uno de los socios clave del Gobierno, Junts, para que este se apruebe. En el sector afirman que las empresas están llevando a cabo fuertes inversiones como resultado de la transición energética, y que un impuesto como este no ayuda. Además, en el caso de las refinerías, el capital es aún mayor para poder transformar los procesos industriales. No obstante, la ministra Teresa Ribera en más de una ocasión ha defendido el impuesto, bajo el nombre de prestación patrimonial.
No hay que olvidar que una gran parte de los proyectos de hidrógeno cuenta con un electrolizador, una instalación industrial, el balance de la planta y la integración de las fuentes renovables (ya sea eólica o solar). Mientras esos proyectos industriales lidian con estos problemas, el Gobierno seguirá sacando adelante convocatorias aparte para despegar el hidrógeno, como por ejemplo el programa H2 Pioneros promovido por el IDAE, un organismo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica que cuenta con ayudas millonarias de los fondos europeos.
