El PP deja en el aire su posición respecto al impuesto permanente a las eléctricas
La frágil aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar todas las opciones para hacer fijo este gravamen
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. | Carlos Luján / Europa Press
La intención del Gobierno de hacer permanente el impuesto extraordinario a las compañías energéticas pende de un hilo. En las últimas horas, se ha conocido que Junts -uno de los partidos con los que el Ejecutivo contaba para sacarlo adelante- ha pedido frenar el gravamen, lo que les obliga a realizar algunas modificaciones en busca de apoyos de última hora de formaciones como el PNV y los propios neoconvergentes o para provocar algún gesto del Partido Popular (PP), que con una abstención salvaría una normativa que indigna a las grandes empresas del sector. Oficialmente, los populares dicen que esperarán a que la norma llegue definitivamente al Congreso para pronunciarse.
La delicada aritmética parlamentaria obliga al Gobierno a buscar todas las vías para intentar sacar la norma adelante, incluso la del PP, pese a que no ha logrado prácticamente ningún acuerdo en lo que va de legislatura con los populares. Una opción que no se descarta en algunos círculos parlamentarios, según ha podido saber THE OBJECTIVE. En estos momentos, el PSOE solo tiene garantizado el apoyo de sus socios de Sumar, Podemos, ERC y Bildu, todos con una ideología contraria al libre mercado y partidarios del control estatal de las empresas.
Incluso la formación de Yolanda Díaz ha pedido públicamente que el Estado compre un porcentaje accionarial en Repsol (al igual que hizo en Telefónica), después de que la compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunciara la paralización de inversiones verdes a la espera de conocer cómo evoluciona este impuesto. El presidente de la energética es por el momento el único líder del Ibex que ha criticado públicamente estos días el movimiento del Gobierno que solo afecta a empresas con una facturación mayor a los 1.000 millones, es decir, a la propia Repsol, Iberdrola, Cepsa y Naturgy.
Votos de Sumar y Podemos
Pero los votos del PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu no son suficientes. Y menos después de que Junts se negara -para proteger las inversiones de Repsol en Tarragona- y de que el PNV condicione su apoyo a que existan determinadas concesiones en País Vasco, donde Iberdrola tiene su sede social. En esta línea, la lógica indica que el Partido Popular se oponga, lo que dinamitaría definitivamente este impuesto (que también afecta a la banca) si se mantiene el rechazo del grupo independentista catalán.
Pero las fuentes consultadas por este diario indican que hay voces entre los asesores del PP que creen que una abstención no sería una mala opción para no alinearse «con la gran empresa». Se seguiría así en la línea más centrista de las últimas propuestas de Alberto Núñez Feijóo, como la reducción de la jornada laboral. «Cuando llegue definitivamente al Congreso nos pronunciaremos», dicen oficialmente en el PP.
El único comunicado reciente es el del PP catalán, que alertó este martes sobre una «posible pérdida de inversiones» en el polígono petroquímico de Tarragona si el Gobierno acaba haciendo definitivo el impuesto a las empresas energéticas. Hace un año y en plena campaña electoral, Feijóo indicó que su propuesta era no eliminar esta tasa, pero sí modificarla y hablar con las empresas para consensuar estas modificaciones.
Críticas de Repsol
Y esto es lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos. Después de las duras declaraciones de Repsol y de los movimientos del resto del sector energético trabajando en una doble vía (contactos con el equipo económico del Gobierno y con grupos parlamentario más sensibles con el mundo empresarial como Junts y PNV), en el PSOE se han abierto a realizar modificaciones, lo que ha retrasado la votación de la norma que expira el 31 de diciembre.
Así, se ha ampliado el plazo para incluir correcciones a esta norma que ahora se va más allá del 30 de octubre. El problema es que si se suaviza el gravamen, como piden Junts y PNV -e incluso como desean el propio Ministerio de Economía y el de Hacienda- existe el riesgo de que los grupos de izquierda como Podemos o incluso Sumar retiren su apoyo. Hay otra opción que pasa por aplicarlo a todo el sector y no solo a las grandes corporaciones. En cualquier caso, una partida de ajedrez que hace que en estos momentos estén todas las opciones abiertas.
Hace una semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hizo saltar todas las alarmas en las grandes empresas energéticas al indicar que la intención del Gobierno era hacer permanente desde enero de 2025 el gravamen temporal que a finales de 2022 se aprobó de manera extraordinaria y solo por dos años. Para Cuerpo, esta medida ha tenido un impacto «redistributivo» que no ha afectado «ni a la propia actividad, ni a la competencia, ni a la solvencia de ninguno de los dos sectores».
Impuesto a la banca
El impuesto a las energéticas -que va de la mano de la banca- fue aprobado con carácter temporal para los ejercicios 2022 y 2023 y ha recaudado un total de 5.764 millones, 2.800 millones cada año. En el último ejercicio, la banca ha abonado 1.695 millones y las energéticas 1.164 millones. El primero de estos tributos se calcula en base al 4,8% de los intereses y comisiones que se han generado en España por la actividad bancaria de las entidades que facturen más de 800 millones, mientras que el segundo grava el 1,2% su cifra de negocio de las grandes compañías energéticas.
Los dos sectores han recurrido estos impuestos ante la justicia y, en el caso de la energía, la principal crítica es que se paga dos veces por la misma actividad económica. Josu Jon Imaz, que estas últimas semanas ha liderado las críticas en público del sector, ha indicado que pagar este gravamen extraordinario equivale a abonar dos veces el Impuesto de Sociedades, algo que -en su opinión- afecta a la inversión y desincentiva el desarrollo del tejido industrial.
