El impuesto permanente a las energéticas podría incluir exenciones a las energías verdes
Los partidos trabajan en propuestas que beneficiarían a las empresas con un fuerte componente renovable
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. | Rocío Ruz / Europa Press
La guerra por la instauración de forma permanente del impuesto extraordinario a las empresas energéticas se está librando a todos los niveles. Los partidos políticos manejan propuestas que llegan desde el sector privado y de sus propios departamentos de análisis para validar este gravamen, aunque con determinadas exenciones para energías e industrias limpias. Fuentes conocedoras de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo en el Congreso de los Diputados confirman a THE OBJECTIVE que esta opción gana fuerza en el debate parlamentario.
Los promotores de estas exenciones –nacidas en el sector privado, pero que ahora abanderan departamentos de análisis de los partidos– defienden que encajarían perfectamente en la filosofía del Gobierno de penalizar las industrias contaminantes de combustibles fósiles, beneficiando a su vez a quienes han hecho esfuerzos por apostar por energías renovables como la solar o la eólica. Del mismo modo, establecer determinados beneficios fiscales a este impuestazo, impulsaría a los más contaminantes a apostar por nuevas industrias como es el caso del hidrógeno verde.
La propuesta que ya ha llegado a partidos como Junts, PNV, el PP y también al Gobierno no es vista con muy buenos ojos dentro del Ministerio de Hacienda, porque consideran que la recaudación final del impuesto extraordinario podría verse muy mermada si se incorporan criterios verdes, que en mayor o mejor medida, prácticamente todas las empresas afectadas llevan incorporando en los últimos años de manera consistente.
Impuesto a los beneficios
La actual norma indica que el impuesto extraordinario a las energéticas grava el 1,2% de los beneficios de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones, excluyendo para el cómputo los ingresos derivados de las actividades reguladas. En principio, solo incluía los ejercicios 2022 y 2023 (a pagar en los años 2023 y 2024) por lo que el Ejecutivo consideraba beneficios caídos del cielo gracias al elevado precio de la electricidad, en el marco de la guerra de Ucrania. Pero ahora el Gobierno quiere hacerlo permanente ante el éxito recaudatorio que ha tenido la medida.
Por sus características, el impuesto solo incluye a las cinco grandes: Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Cepsa. Compañías que han tenido que pagar un toral de 1.644 y 1.164 millones de euros en cada uno de los dos años que ha estado en vigor. En esta línea, y para «democratizar» el tributo, desde el Ministerio de Hacienda se plantean incluir a todas las energéticas, principalmente las de tamaño medio.
La propuesta de excepción verde reduciría este porcentaje de tributación del 1,2% de los beneficios (algunas voces piden incluso eliminarlo completamente) en compañías que apuesten por energías verdes y, al ser anual, se revisaría cada curso en función de las inversiones y del porcentaje de generación de energía de cada compañía en relación con su producción total. Mientras más renovable sea, mayor será la reducción del montante a pagar.
Repsol e Iberdrola
Estamos hablando de una exención que beneficiaría principalmente a Iberdrola, que tiene una mayor apuesta por renovables y por la energía eólica, y perjudicaría en mayor medida a Repsol y Cepsa, que todavía tienen un componente más alto de combustibles fósiles. En el caso de Naturgy, habría que cifrar cómo queda el gas en todo este puzzle y en cuanto a Endesa, tendría un impacto intermedio.
Paradójicamente, hasta ahora la intención del Gobierno de hacer permanente este impuesto pone en peligro inversiones en energía verde -y en especial en hidrógeno- anunciadas en diferentes puntos de España. Compañías como Repsol y Cepsa han indicado de manera pública que han dejado en el aire sus proyectos en esta industria precisamente a causa de la inseguridad jurídica, la voracidad recaudatoria y el «populismo fiscal» del Ejecutivo.
Inversiones paralizadas
De hecho, ha sido Repsol la que ha defendido con mayor dureza la eliminación de este impuesto extraordinario, con constantes declaraciones públicas (incluyendo una dura carta de su CEO Josu Jon Imaz en La Vanguardia) y anunciando la posibilidad de paralizar las inversiones de 1.100 millones en El Morell (Tarragona). La semana pasada la compañía dejó en el aire la construcción de una planta para producir metanol y bimetanol renovable a partir de residuos no reciclables presupuestada en 800 millones de euros, y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta por otros 300 millones de euros.
El pasado viernes, Cepsa se sumó a estas críticas indicando que «está evaluando el impacto fiscal de la posible aprobación de un nuevo impuesto permanente en España». De esta manera, añadió, se «ralentizarán las inversiones en hidrógeno verde que tenía previstas en España y priorizará su expansión internacional». Otro varapalo a este impuestazo. En esta misma línea, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, puso en duda que finalmente este gravamen saliera adelante. «Hay mucho ruido», dijo.
