Denuncian a la operadora de petróleo Biomar Oil por defraudar el IVA de los hidrocarburos
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil recibieron la acusación a finales de febrero de 2023
Una plataforma petrolífera. | Europa Press
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil tienen sobre la mesa desde principios del año 2023 una denuncia por fraude de IVA (impuesto sobre el valor añadido) y por incumplimiento de las obligaciones de biocombustibles contra la operadora de petróleo Biomar Oil. En esta se detalla la intención de la empresa de adquirir una nueva compañía llamada «Zenite» y, además, se la vincula con dos terminales independientes. Recientemente, Biomar ha sido inhabilitada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por fraude de los biocarburantes.
Biomar Oil, según fuentes judiciales, compraba gasóleo sin liquidar las obligaciones del biodiesel ante el Ministerio de Industria. Esto no era un problema porque solo suponía una falta administrativa. El gasóleo era comprado dentro de un depósito fiscal (es decir, no se pagaban ni impuestos especiales ni IVA) y, posteriormente, se vendía al mercado recaudando el IVA y generando una tesorería «brutal».
Según consta en la denuncia que tiene la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, la tesorería de Biomar se utilizó para pagar la deuda tributaria que las terminales independientes de Málaga Odt y Cartagena Tancar acumulaban por el impago de los impuestos especiales al Ministerio de Hacienda. El objetivo era «reactivarlas y seguir generando tesorería mediante la recaudación de impuestos especiales e IVA que no eran ingresados -en todo o en parte- en la Hacienda Pública».
Tener acceso al interior de un depósito fiscal permite a una empresa transferir combustible a otra empresa (que también se encuentre ahí) sin pagar impuestos especiales (estos los liquida una terminal en cuanto la empresa en cuestión vende al exterior el producto) ni IVA (impuesto sobre el valor añadido). El negocio para una compañía que quiere participar en un fraude de IVA en este sector aparece en el momento en el que se saca el combustible del depósito para venderlo, principalmente a una estación de servicio, y ‘recaudar’ por dicha operación un 21% del IVA que no se trasladará a Hacienda cuando esta lo solicite a los tres meses o al mes (dependiendo de los casos).
La denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción asegura que todas esas ventas de Biomar «se hicieron a precios inferiores a los precios de coste gracias a la tesorería generada con los impuestos que no ingresaban y el biocombustible que Biomar no compraba, o lo que es lo mismo, las obligaciones de biocombustibles que no cumplían en el plazo establecido por la legislación en materia de hidrocarburos».
Por otro lado, según consta en el documento que tiene la Fiscalía Anticorrupción, la empresa llevaría a cabo «liquidaciones parciales de las obligaciones tributarias, dando la apariencia de estar al corriente de sus obligaciones tributarias para evitar la iniciación de procedimientos administrativos o penales con el fin de generar una situación de suspensión de pagos previa despatrimonialización de la compañía».
Además, en el escrito presentado hace más de un año, se señala que la empresa tenía «la intención de realizar una suspensión de pagos o bien traspasarla a un tercero que provocase dicha situación». Según los denunciantes, Biomar «fue creada con el fin de defraudar al Estado» y esta empresa, junto con la activación de las terminales de Odt Málaga y Tancar Cartagena, «iban a crear uno de los fraudes más grandes de este país».
Por último, se apunta a que «las obligaciones de biodiesel implican de media en las operadoras de combustible un incremento anual en el coste de las operaciones de entre 50 a 80 euros por metro cúbico. Lo que se corresponde aproximadamente con los descuentos habituales que Biomar ofrecía al mercado, estando siempre muy por debajo de los precios normales».
La denuncia señala a los empresarios T.T y J.L.C como los que estarían detrás de la operadora Biomar Oil. Este periódico ha contactado con la empresa afectada para conocer la versión de los hechos. «Cualquier cosa que pueda parecer delito fiscal o fraude de Biomar en concreto choca con la realidad del concurso de acreedores del pasado 4 de julio. Todo lo que se ha hecho en los últimos dos años está fiscalizado por el Juzgado nº 10 de lo Mercantil de Barcelona. Ellos son los expertos en el derecho de la empresa», ha sentenciado Biomar Oil.
