Las energéticas presionan a Junts y PNV para asegurar su veto al impuesto extraordinario
El Gobierno prometió un decreto ley que necesitará el apoyo de todos los socios de investidura para salir adelante
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. | Eduardo Parra / Europa Press
En tiempo de descuento, BNG, ERC y Bildu sacaron al Gobierno el compromiso de presentar un Decreto Ley para prorrogar durante todo 2025 el impuesto a las energéticas. Un escenario inesperado que ha pillado a contrapié a las empresas del sector y que les ha obligado a retomar contactos con los grupos parlamentarios para frenar un tributo con el que ya no contaban. THE OBJECTIVE ha podido confirmar que las principales eléctricas han vuelto a hablar con Junts y PNV para que veten la propuesta de los grupos parlamentarios nacionalistas de izquierdas.
Para que el decreto decaiga se necesitaría de los votos en contra de solo una de las dos formaciones, ya que se confía en el rechazo del Partido Popular (PP) y Vox. La predisposición de Junts es mayor y se mantiene su rechazo al tributo a las energéticas, pero el PNV tiene más dudas al considerar que una negativa podría complicar el apoyo del PSOE a la gobernabilidad del País Vasco.
ERC, EH Bildu y BNG dieron a conocer a las 00.10 horas de la madrugada del martes un comunicado anunciando un acuerdo con el Gobierno para la presentación de un Real Decreto Ley para prorrogar durante todo 2025 el impuesto a las energéticas. «Este acuerdo es fruto de la negociación que los tres partidos han mantenido durante la tramitación de la Ley de Impuesto Mínimo a las Multinacionales, partiendo de la posición firme de no renunciar a los impuestos a la banca y las energéticas», indicaron los partidos nacionalistas de izquierdas.
Acuerdo con Junts
Un acuerdo en el que además se comprometieron a aprobar el impuesto a la banca en su tramitación en el Pleno del Congreso del jueves, «aumentando el tramo más alto en el impuesto, dirigiendo toda la recaudación a las Comunidades Autónomas y concertado con las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra». Sin embargo, 40 minutos después el Ministerio de Hacienda enviaba un comunicado aclarando que el Gobierno mantenía su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas «que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización».
El compromiso al que se refiere Hacienda se cerró el pasado 30 de octubre, en un texto con el que Junts consiguió quitar del paquete de reformas fiscales el impuesto a las energéticas. Lo hizo en defensa de las inversiones de Repsol en Tarragona, valoradas en 1.000 millones de euros, y que la energética dejó en el aire si salía adelante este tributo. A cambio, dio su apoyo al mantener el impuesto a la banca por tres años más, aunque con menor impacto en sus cuentas. En el caso de PNV, era favorable a estos dos tributos, pero aceptó que el primero saliera de la ley alegando «causas ajenas».
De esta manera, el nuevo Decreto Ley que se prepara para las energéticas devuelve el debate a la casilla de salida, después de casi un mes de movimientos de las empresas para frenar el impuesto y tras el anuncio de Cepsa y Repsol de frenar inversiones en España. Del mismo modo, el escueto comunicado de Hacienda recupera un asunto que parecía olvidado: la fiscalidad verde. Este diario indicó que era uno de los temas que se pondrían sobre la mesa, pero tras el pacto con Junts y PNV salió del foco público. Sin embargo, ahora vuelve al ruedo, aunque se desconoce de qué forma y en qué condiciones.
Votación del impuesto
Lo cierto es que de no mediar sorpresas en las próximas 48 horas -lo cual es decir mucho-, el jueves deberían hacerse dos votaciones: la que deberá convalidar el Proyecto de Ley por el que se establece un impuesto complementario a los grupos multinacionales y que incluye una enmienda transaccional con un impuesto a la banca reforzado en su tramo más alto y dirigiendo toda la recaudación a las Comunidades Autónomas, y concertado con las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra; y el Decreto Ley del tributo a las energéticas, del que se desconocen sus detalles.
Nuevamente, el PSOE necesitará el apoyo de todos sus socios para sacar adelante tanto el proyecto de ley como el decreto. Y aquí llegan los problemas. Sumar y Podemos han dicho públicamente que no apoyarán el de la banca si no se asegura el de las energéticas y ERC, Bildu y BNG han unido sus apoyos indisolublemente a que salgan adelante las dos iniciativas. Pese a ello, e incluso asumiendo que todos ellos se pongan de acuerdo, bastaría con que PNV y Junts -o incluso solo uno de los dos- votara en contra junto con PP y Vox, dos grupos con los que se descuenta que rechazarán la medida.
Junts y PNV
Y todo parece indicar que -salvo sorpresa mayúscula- Junts votará en contra. La formación independentista busca un acercamiento a las empresas en una vuelta a la Convergencia de Jordi Pujol. Conscientes de que ERC les arrebata terreno en las bases independentistas y que el PSOE les quita su electorado más moderado, han dado un giro hacia el centroderecha para recuperar ese apoyo que tuvieron en el pasado y que les mantuvo en el Govern más de dos décadas. Esto supone reconectar con las grandes empresas catalanas, las élites y también a los profesionales liberales que en algún momento les votaron. Por ello, este planteamiento que defiende la eliminación de impuestos es vital para la formación.
Más dudas tiene el PNV. Ideológicamente, está en la misma posición que Junts, pero estratégicamente tiene las manos atadas, ya que depende del PSOE para formar Gobierno. Saben que cualquier desaire en Madrid podría costarle la lehendakaritza. Y ya en el primer acuerdo de finales de noviembre dejaron muy claro que el impuesto a las energéticas no salió por culpa de Junts, ya que ellos estaban dispuestos a sacarlo adelante, con la salvedad de que se les dejase tener la gestión del tributo y que pudiesen administrar exenciones fiscales.
