Ribera y su sustituta, salpicadas por dar una licencia de hidrocarburos a la trama corrupta
La subdirección dependiente de la Secretaría de Estado de Energía es la competente en esta materia
La nueva ministra Sara Aagesen. | Europa Press
La Secretaría de Estado de Energía, que hasta hace unos días estaba dirigida por la actual ministra Sara Aagesen, fue la responsable de conceder en septiembre de 2022 la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel, vinculada al cabecilla de la trama del caso Koldo, Víctor de Aldama. Aparte de la actual ministra, los otros salpicados por esta concesión son el subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo, y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García.
La concesión de la licencia a Villafuel se dio en septiembre de 2022, pese a que en abril de 2021 el que controlaba la compañía era Claudio Rivas, socio de Aldama y conocido por su vinculación pasada en el fraude de los hidrocarburos. De hecho, su nombre ya figuraba en los atestados de la Guardia Civil por sus relaciones con otros empresarios y su implicación en casos de fraude similares a los que hoy se investigan.
Desde que llegó el Gobierno actual (a mediados de 2018), es la subdirección de hidrocarburos la que otorga la licencia de operador. Eso permitía, hasta principios de 2023, importar el combustible del exterior que llega en barco, almacenarlo en un depósito fiscal y venderlo al exterior (principalmente a gasolineras). Por encima de esa subdirección está la dirección general de Política Energética y Minas. Cuando alguien recibe el visto bueno para ser operador, la primera lo comunica y la segunda emite la resolución. Tanto la dirección como la subdirección dependen de la Secretaría de Estado de Energía. Por último, se envía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que lo incluya en el listado de operadores.
El principal requisito para conseguir una licencia de operadora es tener tres millones de euros de capital social. Hay además requisitos técnicos, como capacidad de almacenamiento (algo que no es fácil de lograr), medidas mínimas de seguridad y medios de recepción y transporte, entre otras. Según fuentes conocedoras, el tiempo que debería ser normal para obtener una licencia está entre dos y tres meses, pero la realidad es que el plazo medio llega a estar entre los 9 y los 12 meses, e incluso más: algunas voces apuntan a 18 meses.
Ese tiempo de espera se vuelve un problema para las empresas porque supone «mantener tres millones inmóviles, y las oficinas y los empleados con las manos paradas». Esto ha provocado que la demanda de solicitudes de operadoras haya bajado notablemente por las complicaciones y trabas de la Administración. Por otro lado, existe un mercado paralelo donde algunos empresarios, con tal de evitar esas trabas administrativas, compran directamente una empresa que cuente ya con una licencia. Pero estas se dan con cuentagotas, por lo que ese mercado está poco activo. El Ministerio puede en cualquier momento quitar la licencia a una operadora a través de un trámite administrativo si observa que no se están cumpliendo los requisitos.
La historia previa de Villafuel
El fraude de los hidrocarburos en España genera conexiones y vínculos entre personas que luego se repiten en diversas investigaciones. Según fuentes conocedoras, la compañía vinculada a Víctor de Aldama, Villafuel, nace en 2020 con la tesorería que generó previamente otra empresa llamada Bludger, controlada por Claudio Rivas y los socios de este, Jesús de Gregorio y Emilio Carrillo (conocidos como ‘Los Miami’).
Villafuel se constituyó el 13 de octubre de 2020 y solicitó la licencia un trimestre después, el 8 de enero de 2021. Casi un año después, el 8 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la solicitud por «ausencia de información acreditativa». Sin embargo, nueve meses después aceptó la licencia, en concreto el 9 de septiembre de 2022. La empresa comenzó su actividad unos días después, el 15 de septiembre, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según contó Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, Villafuel tenía como objetivo «traer barcos de producto, sobre todo diésel, a España». Según el empresario, tuvo reuniones con la operadora Q8 con Repsol y diferentes proveedores y refinerías en Turquía para poder traer, a través de Villafuel, esos buques y poder introducir el combustible en Exolum. Una declaración que, sin embargo, fuentes conocedoras, rebaten: «Es una respuesta políticamente correcta porque Villafuel es incapaz de traer un barco. Eso solo lo hacen muy pocos y a Repsol, por ejemplo, no le hace falta».
La figura del Redef
Además de la licencia, el Gobierno, para poner obstáculos al fraude, creó a principios de 2023 la figura del Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales). A partir de ese momento fue necesario estar en ese registro para sacar combustible del depósito fiscal. Para ello, hay que recibir el visto bueno de alguna agencia tributaria del país. Estas hacen inspecciones previas (visitan las instalaciones), aunque si ya se es operador es «más fácil» lograrlo. En los últimos meses, Hacienda ha dado de bajas a varias operadoras por incumplir los requisitos. Esto no inhabilita a una operadora (puede seguir vendiendo dentro del depósito fiscal), pero se pierde mucha credibilidad dentro del mercado.
Por último, cabe señalar que existe otro tipo de negocio en el mundo del petróleo que podría sortear la licencia de operador. Consiste en comprar directamente a los barcos que traen el crudo refinado y venderlo directamente en las gasolineras. Las terminales de almacenamiento son de libre acceso, por lo que una persona física o jurídica no operadora podría descargar producto de fuera en España y venderlo a gasolineras. No obstante, Exolum -que controla la mayor parte de la cuota del almacenamiento en nuestro país, además de toda la red- pide la licencia de operador para poder trabajar con él. Todo se limita, pues, a ser propietario o tener un buen contacto con alguna terminal independiente.
