El cargo de Ribera que concedió la licencia a Villafuel admite fallos para combatir el fraude
José Luis Cabo, subdirector de Hidrocarburos, está acusado de prevaricación administrativa
La exministra Teresa Ribera. | Europa Press
El Ministerio de Transición Ecológica, a través del subdirector de Hidrocarburos, José Luis Cabo, reconoció el pasado 24 de octubre, durante una instrucción judicial con una operadora de petróleo, fallos informáticos por parte del ministerio en la plataforma Sicbios (Sistema de información para la Certificación de Biocarburantes). Una herramienta que se encarga de combatir el fraude de los biocombustibles y auditar si las operadoras, al vender el carburante, cumplen con los mínimos ‘verdes’ exigidos.
La citación tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid. Se acusa a Cabo de prevaricación administrativa después de que a finales de junio el juzgado admitiese a trámite la querella de la empresa. José Luis Cabo es el que firmó la comunicación para conceder la licencia de la operadora a Villafuel, vinculada al cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y su socio Claudio Rivas. Fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica han rechazado hacer comentarios sobre este asunto.
Meses antes, según la empresa que se ha querellado contra el subdirector, presentaron múltiples solicitudes de expedición de certificados de biocarburantes ante la subdirección. No obstante, todas las solicitudes fueron eliminadas de la plataforma «sin justificación». Más tarde, se le permitió a la compañía enviar de nuevo los certificados fuera de plazo, pero se rechazó porque «faltaba documentación». El fraude de biocombustibles se ha castigado desde el ministerio con sanciones que han supuesto además la inhabilitación de varias operadoras.
Subdirección de hidrocarburos
Fuentes jurídicas del sector de los hidrocarburos han puesto el foco en la figura del subdirector de hidrocarburos, que cuenta con las competencias tanto de conceder licencias como de analizar el fraude de los biocombustibles. Tras la salida de la ministra Teresa Ribera y la llegada de Sara Aagesen al ministerio se han mantenido en el mismo puesto tanto él como su superior, el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández. Cabo lleva en la subdirección desde hace casi una década y antes de ser el principal responsable de esta área fue jefe de servicio.
La concesión de la licencia a Villafuel se dio en septiembre de 2022, pese a que en abril de 2021 el que controlaba la compañía era Claudio Rivas, conocido por su vinculación pasada en el fraude de los hidrocarburos. De hecho, su nombre ya figuraba en los atestados de la Guardia Civil por sus relaciones con otros empresarios y su implicación en casos de fraude similares a los que hoy se investigan. Un escenario que genera incredulidad dentro del sector por la alta exigencia que se pide desde la subdirección.
Villafuel se constituyó el 13 de octubre de 2020 y solicitó la licencia un trimestre después, el 8 de enero de 2021. Casi un año después, el 8 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la solicitud por «ausencia de información acreditativa». Sin embargo, nueve meses después aceptó la licencia, en concreto el 9 de septiembre de 2022. La empresa comenzó su actividad el 15 de septiembre, como así está reflejado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el sector existen dos grandes fraudes: el del IVA (impuesto sobre el valor añadido) y el de los biocombustibles. Del primero se encarga el Ministerio de Hacienda y del segundo, Transición Ecológica. Ahora, en el Congreso de los Diputados, se busca combatir el fraude fiscal a través de una ley ‘a la italiana’ que permita adelantar el impuesto antes de que salga el producto del depósito fiscal y, por lo tanto, evitar que este se liquide cada trimestre por algunas operadoras. Un tiempo que les permitía recaudar grandes sumas de dinero y no liquidarlo.
Por último, en cuanto al fraude de biocombustibles, debe haber por ley un porcentaje mínimo verde (en torno al 11%) en los carburantes. En principio, esta mezcla la tienen que hacer las operadoras en el depósito fiscal cuando compran el producto de los barcos. Sin embargo, si las compañías no llevan a cabo esa mezcla, existen una serie de certificados ‘bios’ que se compran y que permiten cumplir con la normativa. Se denuncia que muchas operadoras no estarían comprándolos ni tampoco llevando a cabo las mezclas, lo que hace que el producto sea más rentable por su bajo coste y, por ende, provoca una competencia desleal.
