El Gobierno prepara una subasta de renovables a principio de 2025 tras fracasar hace dos años
Los expertos creen que en el contexto actual de precios bajos la operación va a tener mayor éxito que en el pasado
Placas solares. | Europa Press
El mes de noviembre de 2022 está marcado en el Ministerio de Transición Ecológica por el fracaso de su subasta de energías renovables. En juego había 3.300 megavatios de fotovoltaica y eólica, pero solo se adjudicaron 50. Dos años después, el Gobierno prepara una nueva subasta por el lado de la oferta a través de contratos por diferencia (en los que el precio se pacta entre el sistema y el productor durante varios años).
El contexto ha cambiado y ahora los precios son más bajos. Esta situación genera que, por un lado, exista incertidumbre por saber cómo seguirá la tendencia, lo que empuja a los productores a buscar estabilidad con un contrato que les asegure suministro; y por otro, hay un menor incentivo a la hora de buscar contratos en el mercado. Esto hace que en esta ocasión la subasta pueda ser más exitosa.
Aun así, desde el sector advierten: «Necesitamos subastas bien diseñadas, con un periodo retribución adecuado y con sistemas que eviten especuladores. Pero hay que evitar que se pueda presentar cualquier empresa; solo aquellas que cuenten con proyectos reales y una autorización administrativa de construcción, porque en el pasado ganaron muchas compañías que luego, pese a tener ya el contrato con su precio, abandonaron y desistieron de ejecutar el proyecto por diversas circunstancias financieras».
«Apetito inversor hay, lo que hace falta es financiación. Hasta ahora la mayor parte de los proyectos que se han llevado a cabo en España en suelo se han hecho con contratos bilaterales (conocidos como PPA), pero ahora todo gira en torno a ese precio de mercado. El contrato bilateral era muy interesante para el productor cuando tenía una referencia de precios altos, pero ahora con precios bajos solo va a querer contratos bilaterales a corto plazo. Y eso no es suficiente para que el banco te financie», aseguran fuentes conocedoras.
Al mismo tiempo que se prepara una subasta por el lado de la oferta, también se va a llevar a cabo (y es incluso más esperado por el sector que la otra) una subasta por el lado de la demanda. «Motivado por los bajos precios, muchos centros de datos están interesados en venir a España. Pero hace falta generar demanda y añadir nuevos puntos de acceso». El sector del almacenamiento también se encuentra muy pendiente de este asunto.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la circular 1/2024, que permitirá, entre otras cuestiones, «la capacidad de acceso flexible para que nuevos sujetos, necesarios para la descarbonización de la economía y la reducción de vertidos de energías renovables, tales como baterías o electrolizadores, se conecten a las redes en zonas congestionadas». Una medida a la que están atentos los titulares de las instalaciones de almacenamiento porque entrará en vigor el 11 de enero de 2025.
La Rioja, País Vasco y Aragón
Hay tres comunidades autónomas que le han declarado una particular guerra a los activos eólicos y solares. La Rioja, País Vasco y Aragón han introducido un impuesto medido por cada hectárea de terreno ocupado a las plantas solares y a los parques eólicos. Desde el sector fotovoltaico lamentan esta situación porque aseguran que va en perjuicio del cliente final y señalan que es una oportunidad perdida para que la industria u otras empresas se asienten en esos territorios.
Además, confían en que esto no se extienda a otras regiones y se limite a esos lugares. Por ejemplo, según aseguran en el sector, el caso de La Rioja se debe a la presión de los bodegueros que aseguran que las placas solares afectan al turismo vinícola en la zona. Por otro lado, subrayan que otras comunidades, como Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, tienen una actitud amable con respecto a esta energía.
