El Gobierno logra un constructor para su central hidroeléctrica tras un año y medio de retraso
La obra se ha adjudicado por 7,2 millones de euros después de que se lanzase este proyecto en junio de 2023
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. | Rober Solsona (Europa Press)
El Ministerio de Transición Ecológica, a través del Idae (su organismo clave en contrataciones públicas), ha conseguido adjudicar, tras un año y medio de retraso, la construcción de su central hidroeléctrica pública en Salamanca (Castilla y León). El Gobierno sufrió un plantón por parte de las constructoras en la primera licitación a mediados de 2023, lo que le obligó a mejorar los plazos y las condiciones económicas de la obra.
Se han presentado cinco licitadores y ha ganado una UTE (unión temporal de empresas) formada por tres sociedades: la unipersonal Conservación, Asfalto y Construcción SA (que pertenece a la multinacional Sando), Cueva Energía SLU y Construcciones y Obra Valbuena. Finalmente, se adjudicó por 7,2 millones de euros.
El 21 de junio de 2023, el Idae publicó el anuncio de licitación para «la puesta en marcha de la ejecución del proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica de Irueña (Salamanca)». El plazo de ejecución del proyecto era de 18 meses y el importe (con impuestos) era de 5,7 millones de euros. Sin embargo, el 19 de julio de ese año quedó el concurso desierto. Un año después, el 29 de septiembre, el Idae volvió a publicar un nuevo anuncio de licitación para el mismo proyecto, pero esta vez el valor del contrato era de ocho millones de euros (sin impuestos) y el plazo de ejecución de 36 meses.
Los proyectos de energía hidráulica están dominados en España por las grandes compañías privadas, como Iberdrola, Endesa y Naturgy. De hecho, no es muy común observar que este tipo de infraestructuras sean controladas por una empresa pública. Según el Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), la generación eléctrica bruta de la energía hidráulica llegará a los 28.764 gigavatios hora (GWh) en 2030. Según Red Eléctrica, España cuenta ya hoy 17.096 megavatios (MW) de potencia hidroeléctrica.
El pasado 18 de septiembre se votó una proposición no de ley de Sumar para crear un ente público que gestionara centrales hidroeléctricas. El PSOE (que es su socio de coalición) y el PP votaron en contra, junto con Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria. Podemos, ERC, Bildu y BNG apoyaron la medida.
El proyecto de la futura central pública, cuyo plan se desveló en septiembre de 2020, pretende contar con una potencia instalada total de aproximadamente 4,5 megavatios y una producción anual de energía renovable estimada de 16.300 MWh/año. Una cantidad que, según defienden todos los organismos involucrados, «permitirá abastecer el consumo de energía eléctrica de unos 5.000 hogares con energía 100% renovable».
La central hidroeléctrica española de mayor potencia es el complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela, ubicado en el municipio de Cortes de Pallás (Valencia) y cuenta con una potencia de 1.762 megavatios. En segundo lugar se encuentra la presa de Aldeadávila, en Salamanca, con una potencia instalada de 1.140 megavatios. Por último, la presa de Alcántara, en Cáceres, con una potencia instalada de 925 megavatios. Iberdrola es dueña de las tres.
El proyecto de la central hidroeléctrica pública comenzó a idearse durante el gobierno del popular Mariano Rajoy. Así lo aseguró el Ministerio de Transición Ecológica en 2020. «La obra es fruto de más de cinco años de colaboración entre el Idae y la CHD. Durante esos años, se constató la viabilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico en la presa de Irueña, se realizaron los proyectos básicos y se obtuvieron todas las autorizaciones administrativas necesarias».
La hidráulica es una de las tecnologías con las que cuenta el Ejecutivo para llevar a cabo la transición energética y lograr el objetivo de descarbonizar el país. El pasado año, la exministra Teresa Ribera afirmó que se había hecho un «esfuerzo inversor sin precedentes» por parte del Gobierno en política hidráulica, con más de 20.000 millones de euros movilizados relacionados con planes hidrológicos y la digitalización del ciclo del agua.
