Valencia, Cataluña y Extremadura se embolsan 250 millones al año por su impuesto a la nuclear
Los presidentes de estas comunidades reconocen abiertamente o en privado la importancia de esta tecnología
Central nuclear de Almaraz (Cáceres). | EuropaPress
La tasa Enresa, el impuesto sobre valor producción de energía eléctrica, los impuestos autonómicos… La energía nuclear es una mina de oro para las tesorerías de las administraciones españolas. Además de los tributos que recauda el Gobierno, las autonomías también se aprovechan de esta tecnología para generar ingresos importantes para sus arcas. En concreto, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, cuyos presidentes abiertamente o en privado defienden la necesidad de la nuclear, se embolsan en total 250 millones de euros al año por su impuesto autonómico.
Según Foro Nuclear (la principal asociación de la industria), «todas las centrales tienen un impuesto autonómico en Extremadura, Cataluña y Comunidad Valenciana. En la primera tiene un valor de cinco euros por MWh (megavatio hora), y cada año la central de Almaraz paga unos 80-90 millones de euros por este concepto. En Cataluña, tiene un valor de 6,65 euros por MWh, por lo que las tres unidades catalanas (Ascó I, Ascó II y Vandellós II) pagan por este concepto cerca de 150 millones de euros anuales. En el caso de Valencia, tiene un valor de 1,8 euros por MWh y la central de Cofrentes paga por este concepto 14 millones de euros anuales. Por último, no existe impuesto autonómico en la de Trillo (Castilla la Mancha)».
El Ministerio de Transición Ecológica ha decretado el cierre de la nuclear en España para 2035. La primera central que cesará su actividad es Almaraz, que cubre el 7% de la demanda anual de España, lo equivalente a un consumo de cuatro millones de hogares. Recientemente se aprobó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para extender la vida útil de las centrales presentada por el PP. Un partido que se mira desde el sector con cierto recelo por cómo actuarán en el momento en el que llegue al poder. Además, se critica que no reduzca los impuestos autonómicos allá donde podría hacerlo como «gesto» en su lucha para evitar el fin de esta tecnología.
Un informe del pasado año de la consultora PwC puso el foco precisamente en la alta carga impositiva: «El parque nuclear español soporta una creciente carga fiscal que incluye conceptos redundantes y no justificados, aumentando sus costes hasta niveles económicamente insostenibles. La fiscalidad que soporta el parque nuclear se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años, y entre 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales».
Cada vez hay más voces autorizadas que piden al presidente Sánchez que cambie su postura de poner fin a la energía nuclear en España. La presión va en aumento: desde el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, hasta la consultora PwC, pasando por el exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla y el ‘informe Draghi‘ (llamado a ser la guía de las políticas económicas de la UE).
Almaraz, la primera en cerrar
La primera central nuclear que está subrayada en rojo para su cierre programado es la de Almaraz. Según datos financieros, «la central nuclear de Almaraz aporta anualmente en tributos 435 millones de euros, tras la subida del 30% de la tasa de Enresa, de los que alrededor de 100 millones de euros corresponden a Extremadura, lo que supera todos sus costes operativos juntos y supone una asfixia económica para la central».
De hecho, si se detalla cada impuesto, se observa que la tasa Enresa (que es la que aplica el Gobierno) supone para la central la cantidad aproximada de 176 millones de euros. Por otro lado, los impuestos autonómicos se estiman en unos 82 millones de euros, y otros 12 millones de euros en impuestos locales (bienes Inmuebles y de actividades económicas). Por último, los impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y otros gravámenes representan 165 millones de euros.
Sobre Almaraz, el Partido Popular extremeño pidió hace unos días «nacionalizar» la central. Desde el PSOE de Extremadura, el secretario general, Miguel Ángel Gallardo, preguntó a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que «si estaba dispuesta a bajar los impuestos de la central nuclear para que esta fuese viable». El líder del PSOE en Extremadura defiende que continúe la central si así lo piden las energéticas. No obstante, al mismo tiempo criticó la proposición no de ley del PP en el Congreso que pedía bajar los impuestos, calificándola de «amnistía fiscal».
