Las tramas del diésel 'blanquean' su negocio con renovables, gasóleo verde y electricidad

Las tramas del fraude de los hidrocarburos ‘blanquean’ su negocio irrumpiendo en actividades de energías renovables (paneles solares), combustible verde (a través del biodiésel) y comercializadoras eléctricas. Una realidad que les permite diversificar su actividad y limpiarse del petróleo. Además, comienzan en una nueva área aprovechando la caja generada utilizando como pretexto la transición energética.

Las empresas que han sido señaladas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica tienen un escenario muy dispar: algunas cambian de nombre y se reconvierten y otras optan por centrarse en sus nuevos negocios, pero hay movimiento. Según ha podido saber este periódico, hoy en la Audiencia Nacional hay al menos siete causas investigándose en los diversos juzgados, todas ellas vinculadas al fraude de los hidrocarburos.

En los últimos meses, el Gobierno ha hecho una limpieza de operadores dudosos dentro del sector, una situación que ha provocado quejas e incluso denuncias. Sin ir más lejos, el subdirector de Hidrocarburos del Ministerio se encuentra investigado por este asunto. Por otro lado, el Gobierno ha inhabilitado a 17 operadores en el último trimestre, y en los últimos días se han dado de baja a otras tres.

Algunas tramas de hidrocarburos usaban plantas de biodiésel para delinquir. La principal razón de hacerse con el control de estas instalaciones era, según fuentes conocedoras del asunto, que estas cuentan con un título de operador (producen un combustible que se vende al por mayor) cuya licencia les sale más económica que comprar una operadora. Además, les sirve para continuar en el negocio cuando se inhabilita a sus operadoras por fraude de hidrocarburos.

Fraude de los hidrocarburos

El fraude de los hidrocarburos permanece desde que culminó la liberalización del sector en el año 1992. El monopolio de Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) se lo repartieron tres nuevas compañías, Repsol, Cepsa (la nueva Moeve) y BP, que dieron un giro a la situación del sector. La presión por liberalizar y el objetivo de bajar el precio (que estaba alto con respecto al resto de Europa) fue en aumento durante la última década, lo que llevó al gobierno de Mariano Rajoy a abrir el mercado a decenas de operadores que acabaron disparando el fraude.

Con los años fue en aumento, y algunas medidas, como el Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) de hace dos años lo acrecentaron. Según fuentes conocedoras del mercado, «el fraude lo llevaban a cabo muy pocas empresas antes, pero no quince, como ocurrió en 2023». Para entender este fraude histórico hay que diferenciar las figuras del operador, que hacía el fraude de IVA, y el suministrador, también conocido como ‘subcuenta’ y que de facto liquidaba el impuesto (tanto el especial como de IVA) porque se encontraba dentro del depósito. Esta última figura la eliminó el Gobierno.

Según la ley, el depósito fiscal es definido como el recinto, no los tanques, por lo que el impuesto especial se devenga cuando el camión sale por la puerta de la instalación. Antes, la empresa Exolum (que controla la mayor red de depósitos fiscales de España) daba la opción de que solo se pusiese el nombre del suministrador en el albarán (el documento que señala de quién es la mercancía). Eso convertía en ilocalizables a aquellos operadores que defraudaban el IVA.

El Ministerio de Hacienda quiso frenar esta situación con la creación del Redef para poner nombre y apellido a las empresas fraudulentas. Consistió en un seguro de caución para toda la cadena hacia arriba y hacia abajo: la persona que tenía la titulación Redef era el único responsable de la derivación tributaria de esa empresa. Una situación que abrió los ojos a toda la cadena porque daba la opción a entrar dentro del depósito, y durante aquellos meses se comenzó a solicitar ese mecanismo (que se lograba a través de una inspección censal: veían la oficina, las personas que trabajaban y los requisitos básicos del sector).

Según los datos analizados por el sector a través de Agencia Tributaria (AEAT), en el año 2023 el fraude de IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los hidrocarburos se disparó 254 millones de euros más con respecto a 2022. Mientras que en el año 2022 fue de 460,7 millones de euros, en 2023 alcanzó los 715,1 millones de euros, un aumento porcentual del 55% en doce meses. No obstante, los últimos cambios para atajar el fraude de hidrocarburos han empujado al sector de nuevo hacia una tendencia hacia el oligopolio parecida a la de hace una década. Esto se debe a la creación de los «operadores confiables» -que tienen el poder para la compraventa de combustible- y cuyos requisitos solo cumplen las grandes compañías.