Hacienda omite detalles clave en su consulta al sector petrolero para poner fin al fraude del IVA
La norma lleva cinco meses y medio atascada desde su aprobación en el Congreso de los Diputados
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
El sector de los hidrocarburos critica que el Ministerio de Hacienda haya omitido detalles clave en la consulta pública con la que buscaba recabar la opinión del sector antes de aprobar la orden ministerial que pretende acabar con el fraude de los hidrocarburos. Un plan con el que el Gobierno quiere crear una figura -los llamados «operadores confiables»- que serán, en principio, los que actúen dentro del depósito fiscal para la compraventa de combustible.
La consulta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, apenas cuenta con cinco páginas y resume una parte específica de la norma que se trata de reformar de manera muy escueta: solo cuatro puntos al final del texto, que además son conocidos por el sector. Fuentes jurídicas se quejan de que no se desarrolle el texto de la norma para presentar comentarios, lo que genera desconfianza. Además, uno de estos puntos en concreto despierta un interés especial: cómo ser operador confiable.
Hacienda se ha sacudido las críticas asegurando que lo publicado era una consulta previa, y que pronto llegará el trámite de audiencia. Por otro lado, lo que ha trascendido de la norma -que fue aprobada en el Congreso a finales del año 2024- ha generado críticas dentro del sector porque hay decenas de operadores que no pueden adelantar ese pago o lograr un aval de un banco por su falta de músculo financiero.
A esta realidad se le une la condición antes mencionada de operador confiable, que complica todavía más la actuación, ya que aunque una operadora cuente con músculo financiero que le permita adelantar el IVA, debe cumplir otros requisitos, como tener tres años de operaciones previas y un volumen de extracciones durante el año anterior de 550 millones de litros de gasolinas, diésel o biocarburantes.
De momento, el Ejecutivo sigue sin aplicar la disposición que está llamada a acabar con el fraude de los hidrocarburos, pese a que el 21 de diciembre del pasado año se publicó la ley 7/2024 por la que se impulsó esta norma -también conocida como vía ‘a la italiana’- para que los operadores de hidrocarburos tuvieran que pagar el IVA (impuesto sobre el valor añadido) cuando venden el producto fuera del depósito fiscal. De esta forma, se evita que los operadores lleven a cabo el negocio fraudulento de recaudar el impuesto y no liquidarlo a Hacienda cuando esta lo solicite.
Los cuatro puntos de la consulta pública son el procedimiento que se seguirá para el reconocimiento de la condición de operador confiable; en segundo lugar, la creación y el mantenimiento del registro de operadores confiables; en tercer lugar, la aprobación del modelo, así como la regulación de los requisitos y aspectos generales correspondientes a los avales que deben constituirse en garantía del ingreso del IVA (impuesto sobre el valor añadido) y, por último, la aprobación del modelo 319 (es decir, el pago a cuenta del IVA correspondiente a las entregas de gasolinas, gasóleos y biocarburantes posteriores a la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero).
Breve historia del fraude del diésel
En los últimos meses, el fraude de hidrocarburos ha adquirido una gran repercusión mediática, impulsado por el caso de la operadora Villafuel que afecta al empresario Víctor de Aldama y salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este tipo de actuaciones ilícitas en el ámbito empresarial no son una novedad en el sector, sino que ya comenzaron a finales del siglo pasado, cuando se decidió liberalizarlo al finalizar el papel de Campsa, la empresa pública que monopolizó el sector durante décadas.
A partir del año 2015, en un intento por parte del anterior gobierno de aumentar la competencia, el fraude aumentó. El actual ejecutivo, tras cuatro años en el poder, trató de frenarlo y creó a principios de 2023 una herramienta -llamada Redef (registro de extractores de depósitos fiscales de productos)- con el objetivo de controlar a todas las empresas mediante un censo. Pero al mismo tiempo dio poder a todas las empresas del sector (incluidas las que solo tienen 3.000 euros de capital social) para acceder al depósito fiscal, lo que disparó en cientos de millones de euros el agujero de Hacienda.
Esta medida duró casi un año, hasta que a finales de ese año el Ministerio de Transición Ecológica lo corrigió. Un año y medio después, el Gobierno trata de resolver el problema a través de una reforma de la ley.