El Gobierno lleva dos años ocultando que cedió al País Vasco el control del negocio del diésel

El Gobierno lleva dos años ocultando que en 2023 concedió por la puerta de atrás una competencia con la que hasta entonces no contaban las diputaciones vascas controladas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV): el control del negocio del diésel. El Ejecutivo, en un intento por combatir el fraude de hidrocarburos, creó a través del Real Decreto 249/2023 un censo llamado Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales), con el que se buscaba controlar a todas las empresas del sector de hidrocarburos.

Sin embargo, debido al régimen especial y al concierto económico del País Vasco, las diputaciones asumieron el poder de otorgar o quitar licencias de Redef, una herramienta que se vuelve indispensable para la operativa del sector. Una empresa a la que se le retira dicho título pierde su condición para comprar dentro del depósito fiscal para su posterior venta fuera de este, que es el gran negocio del sector y a lo que se dedicaban hasta hace un tiempo más de un centenar de empresas.

Antes de la llegada del Redef, el Ministerio de Transición Ecológica concentraba todo el poder para decidir quién podía operar en dicho mercado a través de una licencia, pero en 2023 perdió esa competencia (que se limita hoy a inhabilitar a las compañías) para compartirla con la Agencia Tributaria y las haciendas forales. La importancia del Redef radica en que en el momento en el que una empresa pierde el título, su actividad se limita solo a la compraventa de diésel dentro del depósito fiscal, lo que reduce significativamente sus márgenes hasta convertir el negocio en prácticamente inviable. En los últimos meses, varias empresas han perdido su condición de forma cautelar. Cabe señalar que recientemente dos compañías del sector han logrado recuperar el título.

Agujero fiscal de 715 millones

El Redef ha sido una de las medidas más criticadas por el sector de hidrocarburos, ya que hasta principios de 2023 para ser operador era necesario contar con músculo financiero: un capital social -o activos en el balance- por valor de tres millones de euros. El problema es que, tras la creación de este mecanismo, Hacienda dio el poder a todas las empresas de la cadena para extraer combustible del depósito fiscal.

«Personas inútiles con sociedades limitadas de 3.000 euros sin capacidad técnica ni económica pasaron a coger capacidad de almacenamiento de una terminal y además extraer el combustible de allí», señalan fuentes del sector. El Real Decreto 249/2023 del 4 de abril facilitó a todos ellos cometer el fraude de comprar sin IVA (impuesto sobre el valor añadido) dentro del depósito para vender con IVA fuera de este. El dinero recaudado -por la venta del combustible a las gasolineras, principalmente-no se liquidaba al trimestre, cuando Hacienda lo solicitaba. A finales de 2023, tras un real decreto, Transición Ecológica corrigió el error de Hacienda.

Según los datos analizados por el sector a través de Agencia Tributaria (AEAT), en 2023 el fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los hidrocarburos se disparó 254 millones de euros más con respecto a 2022. Mientras que en el año 2022 el fraude fue de 460,7 millones de euros, en 2023 alcanzó los 715,1 millones de euros, un aumento porcentual del 55% en doce meses.

Las tramas de diésel

Las tramas del fraude de los hidrocarburos, conscientes de estar bajo el foco de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, han ‘blanqueado’ su negocio en los últimos años en actividades como las energías renovables (paneles solares), el combustible verde (a través del biodiésel) y la electricidad. Todo ello les permite diversificar su actividad y limpiarse del petróleo. Además, comienzan una nueva área aprovechando la caja generada utilizando como pretexto la transición energética.

Las empresas que han sido señaladas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica tienen un escenario muy dispar: algunas cambian de nombre y se reconvierten, y otras optan por centrarse en sus nuevos negocios, pero hay movimiento. Según ha podido saber este periódico, en la Audiencia Nacional hay al menos siete causas investigándose en los diversos juzgados, todas ellas vinculadas al fraude de los hidrocarburos.