Así mintió el Gobierno a los arruinados por el timo de la solar: «No hagas huelga de hambre»

Una carta y un mail –a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— entre el actual secretario de Estado de Medio ambiente, Hugo Morán, y uno de los arruinados por la inversión que promovió el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, demuestra cómo el Gobierno mintió a los 65.000 afectados por el conocido como ‘timo de las renovables’, pese a su compromiso de ayudarles. El alto cargo pasó de prometer al afectado una reparación en 2019 a pedirle, cuatro años más tarde, que no hiciera una huelga de hambre tras no resolverle su situación.

La fiebre verde de los primeros años de la década del 2000 empujó a inversiones millonarias en la tecnología solar bajo los incentivos del Ejecutivo, que escribió el siguiente lema: «El sol puede ser tuyo». Lo que provocó que muchos inversores se hipotecaran con grandes préstamos con el objetivo de conseguir rendimientos al cabo de los años. Sin embargo, la crisis económica irrumpió y llegaron los primeros recortes retroactivos en 2010. Desde entonces, todos aquellos inversores empezaron a sufrir cada mes un recorte perpetuo del 30% —que si se suma durante 30 años (el tiempo limitado que les dio la Administración para producir energía fotovoltaica y verterla a la red)– alcanza un coste de 50.000 millones de euros.

En la carta, fechada el 31 de mayo de 2019 (Pedro Sánchez llevaba ya casi un año gobernando), Morán escribió al afectado, llamado César Vea, lo siguiente: «Para su oportuno conocimiento, le traslado los términos del compromiso electoral explicitado por el PSOE, en relación con la búsqueda de una reparación razonable para el conjunto de damnificados por los cambios regulatorios aplicados en el ámbito de las energías renovables».

«Reafirmamos nuestro compromiso con quienes invirtieron en energías renovables antes de 2013. En el marco estratégico de energía y clima aprobado por el Gobierno, queremos proporcionar alternativas a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio que cambió sin previo aviso, ni medida paliativa alguna», concluyó el secretario de Estado de Medio Ambiente.

Casi seis años después, el mismo afectado se puso en contacto con Morán para contarle que iba a comenzar una huelga de hambre porque su situación no se había reparado. «Comunicaros que voy a empezar una huelga de hambre en la puerta de vuestro Ministerio. Feliz 2025», escribió el pasado 6 de enero. Una semana después, el 13 de enero, el secretario de Estado le respondió lo siguiente: «Si me admites un consejo, no lo hagas. Tanto por razones de salud, que es lo más importante, como por evitar a la familia preocupación y sufrimiento. Un abrazo».

Por otro lado, en un documental –grabado por este afectado hace varios años– aparece una entrevista a Morán sobre esta situación, donde reflexiona sobre lo ocurrido con los afectados. «¿Qué es lo que se encuentra el Ministerio? Con una bola que genera unas obligaciones de carácter económico que se han disparado con respecto a sus cálculos iniciales y alguien entra en pánico y se toma la peor de las decisiones, que es cortar por la vía de no recomponer –con cargo a la Administración– los errores de cálculo, sino hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Todo lo que se ha hecho hasta ahora como que no ha existido».

El plan que diseñó el Gobierno durante aquellos años fue dirigido principalmente a agricultores y ganaderos que quisiesen aprovechar las tierras que tenían para construir una placa solar que les permitiese un retorno recuperable en unos 12 años con futuras ganancias hasta cumplir los 30, y que sirviesen, en la mayoría de los casos, como complemento para la jubilación de estas familias. Se ponía un 20% del coste y el resto lo financiaba el banco.

«El plan que hizo el Gobierno estaba redactado además de forma muy sencilla para que fuese comprensible. En ninguna línea de esa campaña mediática ni en el propio texto se decía que había riesgo regulatorio de que, una vez conectadas y construidas las inversiones, pudiéramos cambiarle las condiciones y la rentabilidad. En ninguna línea», lamentan alguno de los afectados. Pero esa seguridad jurídica se diluyó con un cambio normativo que echó por tierra dicho negocio.

«Es un atropello, una injusticia, un caso único en el mundo. Todo fue sin diálogo, sin consenso y sin compensar nada», se lamentan desde Anpier, la plataforma que lucha por estas 65.000 familias. Los actores de aquel momento recuerdan que «era obligatorio» para evitar la quiebra financiera del sistema eléctrico. «La deuda hubiese superado los 140.000 millones de euros. Era necesario este mal menor y llevar a cabo esos recortes».

Por último, y lo perverso de esta historia, es que al mismo tiempo el Gobierno ha tenido que ir pagando laudos condenatorios de tribunales extranjeros a fondos de inversión de otros países que también se vieron perjudicados por esta situación. Sin embargo, y a diferencia de los nacionales afectados, ellos cuentan con una instancia judicial ‘por encima’ del Tribunal Supremo (que dictó sentencia a favor del Gobierno frente a los inversores) que les permite pelear por recuperar el conocido como ‘timo de las renovables’ si no quiere el Estado verse involucrado en la pérdida de bienes.