Aquaterra, salpicada en el 'caso Ábalos', disparó un 4.000% sus ventas con Sánchez en Moncloa

La constructora Aquaterra -salpicada por el caso Ábalos– multiplicó un 4.000% su facturación durante cinco años, que coinciden con el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según los datos de ventas de la compañía, esta pasó en 2018 de facturar 754.647 euros a 32,4 millones de euros en 2023. Un crecimiento que no solo fue exponencial, sino además continuado: 2,5 millones (2019), 8,7 millones (2020), 16 millones (2021) y 25,7 millones (2022).

Fuentes del sector apuntan a este periódico sus sospechas por la cantidad de obras vinculadas al mantenimiento de carreteras que consiguió Aquaterra, una empresa desconocida. Una realidad que también señaló uno de los principales investigados del caso Ábalos, Víctor de Aldama, durante su declaración en el Tribunal Supremo. Fuentes oficiales de Aquaterra han rechazado comentar con THE OBJECTIVE este asunto.

En enero de 2025, durante la declaración de Aldama como investigado en el Alto Tribunal, se refirió así a Aquaterra. «Era una empresa que llegó nueva al Ministerio en el que el propietario estudió con el señor Javier (en alusión al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero), que, bueno, eso no es relevante porque cualquier ingeniero de caminos podía haber estudiado con él, pero es muy relevante que el hermano de este señor era el delegado de Andalucía de carreteras. Y una empresa que no tenía calificación ninguna empieza a obtener contratos importantes en UTE (unión temporal de empresas) de mantenimientos y conservaciones de carreteras», afirmó Aldama al final de su intervención.

De hecho, si un usuario acude a la página web de Aquaterra, observará que la empresa presume precisamente de estos proyectos, que fueron adjudicados entre 2019 y 2021: «Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autopista AP-7 Cartagena-Vera (adjudicada en 2019); diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona este de la provincia de Almería (adjudicada en 2019); autovía A-68, tramo: Arrúbal-Navarrete (La Rioja) y adjudicada, nuevamente, 2019».

Por otro lado, destacan otros proyectos vinculados con esta misma área, como «la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector SO-03 de Soria (adjudicada en 2020); ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector Girona-2 (adjudicada en 2019); ejecución de operaciones de conservación de obra civil en los tramos de carreteras adscritos a los ámbitos de conservación de Viladecans y Vidreres (adjudicada en 2021) y la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del Sector PO-03 de Pontevedra (adjudicada en 2021)».

Hace unos días, la Audiencia Nacional imputó a Javier Herrero, que estuvo como director general de Carreteras entre junio de 2018 y octubre de 2022, por el supuesto amaño de obra pública. Junto con él también se imputó a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 4.750 euros en efectivo en el registro que efectuó el pasado 26 de junio en la vivienda de Herrero.

En las grabaciones de Koldo García, incautadas por la UCO, se aprecia cómo el exasesor de confianza de Ábalos -Koldo García-advirtió al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de que el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, estaba bloqueando la licitación de una obra en Sevilla en 2019. En la conversación, Koldo García dice que el director de Carreteras, Javier Herrero, lo ha pasado muy mal y que pueden encontrarse «un problema serio». Cerdán le pregunta el motivo y el asesor ministerial responde sin titubeos: «Pedro Saura se quiere cargar a Javier (Herrero) y a Isabel (Pardo de Vera)».

Otra constructora desapercibida

La construcción está siendo el sector más castigado por el caso Ábalos. Los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) han señalado a diversas empresas, y muchas de ellas han pasado inadvertidas. No obstante, existe otra, llamada MAB (Matias Arrom Bibiloni), que está vinculada, según el sector, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La trayectoria de esta empresa con relación a su aumento porcentual de la facturación es similar a la de Aquaterra.

De esta forma, y según publicó este periódico, MAB pasó de tener unas ventas de 17,4 millones de euros en 2017 a 38,6 millones en 2019. Además, en 2020 logró su mejor ejercicio en cuanto a resultados desde 2008 (comenzó sus operaciones en 2007). El nombre de esta constructora apareció en el teléfono móvil de Koldo García junto con otras compañías.