El Gobierno se gastó en 2024 un 16% más en desmantelamiento de instalaciones nucleares

El coste del desmantelamiento nuclear en España volvió a crecer en 2024. Según datos oficiales aportados por Enresa a través de resoluciones de transparencia, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y el cierre de instalaciones destinó el año pasado 42,6 millones de euros a estas operaciones. La cifra equivale a un aumento del 16% respecto a 2023, cuando los costes ascendieron a un total de 36,7 millones.

La mayor parte del gasto recayó en la central de Santa María de Garoña, clausurada en 2017 y considerada hoy el proyecto nuclear más ambicioso del país. Solo en este emplazamiento se invirtieron 31,5 millones, lo que representa casi tres cuartas partes del total. El resto se distribuyó entre Vandellós I (5,1 millones), José Cabrera o Zorita (4,6 millones) y Almaraz (1,25 millones).

El repunte confirma una tendencia al alza iniciada en 2023, tras varios ejercicios con cifras más bajas. Entre 2015 y 2019, los desembolsos se movieron en una horquilla de entre 22 y 31 millones anuales. La pandemia redujo temporalmente la actividad, con gastos de 23,6 millones en 2020 y 24,1 millones en 2021. En 2022 se registró el mínimo de la serie, 21,8 millones, antes de saltar a 36,7 millones en 2023 y a los 42,6 millones del último ejercicio. En total, desde 2015 se han ejecutado más de 248 millones en desmantelamientos.

El peso de Garoña

El fuerte protagonismo de Garoña explica buena parte del incremento de 2024. La central burgalesa, de diseño estadounidense y que llegó a ser la más longeva de España, concentra ahora los esfuerzos de desmantelamiento más complejos. El cierre, autorizado en 2017, se está desarrollando por fases, con un cronograma que incluye operaciones de descontaminación radiológica, desmontaje de equipos y demolición de estructuras internas. Cada uno de esos capítulos requiere un despliegue de personal especializado, medidas de protección de alto nivel y contratos industriales que disparan el gasto.

Fuentes del sector insisten en que este aumento es la evolución natural de un proceso técnico de enorme complejidad. «En un desmantelamiento nuclear, las primeras fases son más baratas; conforme se entra en las zonas calientes de la instalación, el coste crece exponencialmente», explican. De ahí que el salto de los últimos dos años no responda a desviaciones presupuestarias inesperadas, sino al avance previsto en el plan oficial.

La experiencia de otros países apunta en la misma dirección. Alemania, tras el apagón nuclear decidido en 2011, ha visto cómo los costes de clausura de sus reactores han duplicado las estimaciones iniciales. En Francia, los cierres parciales han generado igualmente una factura creciente. España no es una excepción: con un parque nuclear en retirada y un calendario de clausuras hasta 2035, los desmantelamientos van a marcar la agenda energética tanto como la entrada de renovables.

Un servicio público esencial

Las resoluciones de Enresa aclaran que el desmantelamiento de centrales nucleares no se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En aplicación del principio «quien contamina paga», las propias compañías eléctricas asumen el coste mediante las Prestaciones Patrimoniales Públicas de Carácter No Tributario. Enresa ejecuta los trabajos en virtud de lo previsto en la Ley de Energía Nuclear, que define esta actividad como un servicio público esencial.

Que el programa no tenga impacto directo en las cuentas del Estado no lo aparta del escrutinio público. Los planes de desmantelamiento están auditados, cuentan con la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear y sus cifras se difunden gracias a la Ley de Transparencia. Las resoluciones ahora publicadas, firmadas en 2024 por José Luis Navarro y en 2025 por Olga Belén García, responden a solicitudes ciudadanas de información.

Los datos muestran, en cualquier caso, un cambio de tendencia. Tras varios años de gasto moderado, el desmantelamiento nuclear entra en una fase de costes crecientes. El repunte de 2023 y el nuevo aumento de 2024 anticipan un ciclo en el que estas operaciones tendrán un peso cada vez mayor en la política energética española.