La petrolera beneficiada por el PNV compra dos terminales y pasará a ser un gigante logístico

El Grupo Hafesa, beneficiado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) por la prórroga de varios cientos de millones de euros en impuestos pese a que su operadora de referencia está imputada por fraude de IVA, acordó el pasado miércoles la compra de dos terminales de almacenamiento de hidrocarburos por varios millones de euros. Se trata de dos depósitos fiscales polémicos: Tancar (en Cartagena) y ODT (en Málaga). La razón de esta controversia se debe a que estos compartían grupo hasta ahora con dos operadoras inhabilitadas por el Ministerio de Transición Ecológica, y que la terminal andaluza se encuentra judicializada.

Hafesa ha estado en el foco mediático durante los últimos meses porque el dueño del grupo, Alejandro Hamlyn, se encuentra huido de la Justicia y la Audiencia Nacional ha pedido a la Interpol que lo capture. Los frentes judiciales que tiene son dos: el pago del Grupo Hafesa a un policía a cambio de información secreta y el caso Drake, que investiga un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros por parte de su operadora de hidrocarburos, Hafesa Energía. Esta situación le ha empujado a abandonar la administración del grupo.

En medio de ese controvertido escenario, la Diputación de Vizcaya (controlada por el PNV) permitió a diversas empresas del grupo el aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Con la adquisición de los dos depósitos, el Grupo Hafesa se convertirá en un gigante logístico, ya que contará con un despliegue inédito de terminales por casi todos los puntos de España, como el de Bilbao (País Vasco), Motril (Andalucía) y la que construye en Ferrol (Galicia).

Una polémica terminal

Una de las terminales con las que se hará el Grupo Hafesa es ODT. Esta polémica terminal se encuentra judicializada desde hace tiempo por cómo se llevó a cabo su venta en 2019, lo que convierte la operación en un arriesgado movimiento corporativo. La parte vendedora en ese momento denunció que la situación real de la parte compradora (el grupo Buran) fue falseada en el momento de la compraventa para ofrecer una imagen de solvencia tanto al vendedor como a la Autoridad Portuaria de Málaga.

De esta forma, se acordó la venta de la empresa por 9,8 millones de euros en dos pagos. El primero se efectuó con el desembolso de 2,8 millones de euros junto al abono a los acreedores de la empresa de cuatro millones. Esto supuso un pago total por parte de los compradores de 6,8 millones. No obstante, el segundo pago, el de los 2,9 millones de euros restantes, jamás llegó, lo que acabó motivando la denuncia en cuestión. El acuerdo también incluía el reembolso de la caja de la propia empresa (donde había 831.651 euros) que tampoco se pagó.

En septiembre de 2021, la terminal ODT cambió de manos y pasó a Klebert SA. Según se denuncia, en ese momento la empresa ODT tenía un pago pendiente al fundador, además de una deuda que se cuantificaba en 19 millones de euros. El grupo Buran está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un fraude en el sector de 133 millones de euros. Desde Hafesa se han cubierto y han llevado a cabo una due diligence de las terminales en la que no han apreciado anomalías.

Situación en el sector

La compra de un depósito fiscal es un movimiento estratégico en este sector porque controlando estos enclaves permiten a una empresa almacenar hidrocarburos y traer barcos. Además, da luz verde a una compañía para no depender de los depósitos de la empresa privada Exolum (que controla casi la mayor parte de estos en España), que es la encargada de liquidar el Impuesto Especial de Hidrocarburos en cuanto el producto sale del almacén.

Aunque Hafesa defiende su inocencia en el caso y asegura que actuó de forma correcta, fuentes del sector no olvidan su caso y sus prórrogas de impuestos y mantienen una mirada de recelo hacia el grupo. Sobre el aplazamiento, aseguran a este medio que el PNV «ha permitido una competencia desleal con respecto al resto de empresas del sector. Esos privilegios no lo tienen otras, y mucho menos la prórroga del impuesto especial de hidrocarburos, cuyo pago es obligatorio cada mes».