Las eléctricas fían al Consejo de Estado la subida del pago de su red tras el no de la CNMC
Un informe del organismo a favor de sus intereses serviría como elemento de presión para recurrir la tasa ante la Justicia

Redes eléctricas. | Europa Press
El Consejo de Estado se ha convertido en la ‘bala de plata’ de las eléctricas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se incline a favor de mantener su tasa de retribución, fijada en el 6,46%, para los próximos cinco años (2026-2031). Un hecho que revienta la estrategia de las energéticas, que aspiraban llegar al 7,5% y que ahora juegan con el tiempo limitado (el plazo finaliza el 31 de diciembre; si no, se quedan con el 5,58% del anterior periodo) en busca de aliados que permitan torcer el brazo del regulador.
Para ello, las eléctricas cuentan con dos posibles socios. En primer lugar, el Ministerio de Transición Ecológica, que podría emitir un informe a favor para que se suba la tasa. Sin embargo, si el regulador discrepara, se activaría la ‘Comisión de Cooperación’ (un organismo compuesto por tres personas de la CNMC y tres personas de la Secretaría de Estado de Energía). Pero esta vía no parece muy eficaz, según las fuentes consultadas, porque el regulador cuenta con todo el poder para decidir sobre la tasa. En segundo lugar, está el Consejo de Estado, que sí participa regularmente en el proceso y debe emitir un informe sobre la propuesta del regulador.
Es precisamente en este segundo donde está depositada la fe de las energéticas. El Consejo de Estado se encarga de analizar todo el expediente del regulador y decidir si está bien. Aunque el informe de este organismo es preceptivo (no vinculante), una respuesta a favor de los intereses de las energéticas tendría mucho peso si estas decidiesen recurrir la tasa ante la Justicia. Según fuentes conocedoras, ese documento sería muy relevante para condicionar la decisión de un juez.
No obstante, las mismas fuentes remarcan que el Consejo de Estado es un organismo serio y que cuenta con grandes equipos técnicos. Se deduce que su decisión no se verá influida externamente. Por otro lado, las energéticas también estarán pendientes de las respuestas del regulador a sus alegaciones, porque estas deben ser respondidas correctamente y las eléctricas tienden a recurrirlas si no lo consideran así. Pero la CNMC se cuida mucho sobre este asunto.
Hace un año sí hubo un enfrentamiento entre el Consejo de Estado y la CNMC sobre un asunto energético. Tuvo que ver con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Un proyecto que aún sigue paralizado en el Congreso de los Diputados y que supondrá un cambio sustancial en la CNMC, porque esta perderá la competencia de regulación en energía. En medio de ese escenario, el organismo sugirió en un informe que se vetara a consejeros tanto de la CNMC como de la CNMV para la nueva comisión.
Fuentes internas de la CNMC consultadas en su momento por este periódico defendieron la idoneidad de los consejeros y definieron a alguno de estos últimos como «sabios» en la materia. Esas fuentes criticaron que el Consejo de Estado, presidido por la exvicepresidenta Carmen Calvo, se había excedido en su informe y que este debía limitarse a un plano meramente jurídico y no «político». De hecho, definieron el informe de «conservador» por la sospecha de que este se debiese a un hipotético veto al consejero Mariano Bacigalupo, marido de la exministra Teresa Ribera, para que no entrase en el nuevo organismo.
Las discrepancias
Las discrepancias entre el regulador y las energéticas hacen inviable un acuerdo de consenso. La CNMC basa su fórmula en aspectos técnicos llevados a cabo bajo una fórmula compuesta por diversos parámetros, y las eléctricas intentan encontrar alguna rendija entre estos parámetros para aumentar la tasa del regulador. Los argumentos de las energéticas para criticar la decisión son varios: «Infravalora el coste real del capital», «la tasa está por debajo de la media europea» e «ignora las orientaciones de política energética».
Pero la CNMC tiene sus propios argumentos para rebatirlos. El principal es que «hay que arbitrar entre lo justo para uno pero sin ser injusto con los consumidores. Todo lo que suba la tasa lo acaban pagando estos últimos». Sobre las comparaciones con otros países, recuerdan que «la prima de riesgo (el riesgo país) -clave para el desarrollo de la fórmula de la tasa- no es la misma en España que en el resto de países de la Unión». Por último, señalan que «para todo gobierno es atractivo no poner límites a las tasas para poder disparar la inversión en redes porque, además, en la factura de la luz se nota tímidamente al devolverse al cabo de los años».