Se disuelve la asociación que retó al Gobierno, Repsol y Moeve en pleno fraude del fuel

El pasado lunes, la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (Aopyde) pidió su baja del registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Acabó así la aventura de una organización que durante su breve vida (2024 y 2025) hizo mucho ruido en el sector petrolero tras disparar contra el Gobierno y las grandes empresas del sector (como Repsol y Moeve).

Aunque en un principio la organización se marcó el ambicioso reto de representar al 15% del mercado, poco a poco fueron perdiendo la confianza del sector. Las empresas comenzaron a salir de su asociación con cuentagotas o directamente rechazaron unirse a ella tras ver cómo sus asociados eran inhabilitados o estaban en la mirilla del Gobierno en pleno fraude del fuel.

El 16 de octubre de 2024 invitaron a los medios de comunicación para que conocieran su nueva sede, situada en un piso enfrente del Tribunal Supremo. Unos días antes, el Ministerio de Transición Ecológica se había cargado a Biomar, su operadora estrella, por incumplir el pago de los biocombustibles. Ellos defendieron su inocencia y atacaron al Gobierno por usar el «mal llamado» fraude de los biocombustibles para hacer una limpia de compañías en el sector.

Aopyde puso desde su nacimiento el foco en AOP, la histórica patronal del petróleo que reúne a las seis grandes empresas (Repsol, Moeve, BP, Saras, Galp y Gunvor), a las que acusó de prácticas abusivas y competencia desleal. En ese escenario, AOP los demandó por copiarles la marca. Un año después, un juzgado ha estimado parcialmente la demanda, poniendo contra las cuerdas a Aopyde, lo que ha servido de puntilla para la desaparición de la organización. En el curso de la demanda, fue llamativo que las grandes petroleras cambiaron el nombre de su asociación para pasar a llamarse AICE.

Acusaciones cruzadas

Aopyde, que buscaba aliados para luchar contra las grandes petroleras, tenía también otros frentes. Repsol y Disa (que pertenece a la UPI, una asociación que juega en una liga inferior a la AOP) denunciaron ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varias empresas asociadas a Aopyde por «competencia desleal». Entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) se fijó en esta organización, a la que dedicó un apartado de su atestado sobre Villafuel (la operadora del empresario Víctor de Aldama). En este se observa que la asociación llamó a la empresa controlada por el cabecilla de la trama para inscribirlos dentro de su organización.

El entorno de Aopyde comenzó a creer que había una conspiración entre el Gobierno y las grandes petroleras para retirarles del mercado. Y uno de sus objetivos fue el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, que había trabajado en el pasado en Cepsa (hoy Moeve). Este fue el responsable de darles de baja por no cumplir con los certificados de biocarburantes. Biomar se querelló contra él por prevaricación administrativa, al entender que ellos sí habían cumplido y que hubo fallos en la plataforma del ministerio.

Estos certificados acreditan que el 10,5% del carburante que se vende es de origen verde (aceites de cocina usados, cultivos agrícolas, grasa de cerdo…), como así lo exige la ley. No obstante, se contempla una excepción para aquellas empresas que no han podido cumplir o acreditar ese porcentaje. En su lugar, pueden realizar un pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado no aportado. Biomar acumuló una deuda superior a los 200 millones de euros que le condenó al concurso de acreedores. Un juzgado de instrucción de Madrid lo sigue investigando.

Otras luchas

En los últimos meses, la asociación -cuya página web ya no existe- fue perdiendo actividad, por lo que la disolución no ha supuesto ninguna sorpresa. Una realidad que contrastó con sus inicios: logró una victoria contra Exolum (que controla la mayoría de los depósitos de hidrocarburos del país), que rectificó una medida que, según ellos, beneficiaba a las grandes compañías. En junio de 2024, denunciaron que un falso representante, autorizado por el Ministerio de Hacienda, dio de baja a una decena de empresas de la actividad petrolera sin que estas quisieran, lo que generó un caos en el sector.

Unos meses después, en noviembre de 2024, Aopyde, tras conocer que iba a decaer el impuesto extraordinario contra las energéticas, volvió a la carga pidiendo que el Gobierno lo mantuviera. Un asunto muy sensible para Repsol y Moeve, que llevaban varios meses presionando para que retiraran el tributo, lo que puso en jaque incluso sus inversiones. «Exigimos al Gobierno que reconsidere esta medida y defienda los intereses de los ciudadanos y pequeños empresarios españoles. Solicitamos que las grandes energéticas asuman la carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se libere a los transportistas y al consumidor final de un coste adicional injusto», señalaron.