El Gobierno sospecha que las eléctricas van a pedir formalmente la prórroga de Almaraz

Los tiempos juegan en contra de las eléctricas. En pocas semanas tendrán que preparar la documentación para el cierre del primer reactor de la central nuclear de Almaraz (Extremadura). Las compañías buscan unas condiciones económicas y regulatorias favorables para seguir, pero en medio de ese escenario -y como si de una partida de cartas se tratara- el Ejecutivo se mantiene estático sin hacer ningún movimiento porque sospecha que finalmente las energéticas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) doblarán su brazo y presentarán formalmente la solicitud de prórroga de la central.

Fuentes cercanas al Ministerio de Transición Ecológica señalan a THE OBJECTIVE que el anuncio de hace unos días de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de reducir la ecotasa extremeña «no se hace en vacío» y que «no les extrañaría si los propietarios de Almaraz presentan la solicitud de prórroga incluso sin garantías previas de rebajas fiscales». El movimiento de la presidenta extremeña tendrá un impacto positivo para las arcas de las empresas porque rebajaría los impuestos en 15,5 millones de euros en 2027, llegando hasta los 27 millones 2028 y superando los 45 en 2029.

Ahora mismo se mantiene un tira y afloja entre las compañías y el Gobierno. Las primeras aseguran que «la continuidad de esta tecnología depende del Gobierno y no de ellas y que, por lo tanto, la decisión sobre la continuidad de la energía nuclear es competencia del Ejecutivo, que es quien establece la planificación y la política energética nacional». Además, señalan que las compañías son «instrumentos para realizar esa política» y que ya le han pedido la prórroga informalmente tanto en público como en privado.

Pero fuentes cercanas al Ministerio de Transición Ecológica tienen otra visión: «En el Derecho español, el cese de explotación de una instalación nuclear solo puede deberse a dos circunstancias: el titular no solicita la renovación de la autorización de explotación (con al menos un año de antelación a la fecha de extinción de la misma) o el Ministerio competente deniega la solicitud de renovación (en caso de que lo haga porque el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es desfavorable, la denegación es debida porque en tal caso el informe del CSN es vinculante)».

Las mismas fuentes señalan que «el posible cese de explotación de la central de Almaraz corresponde al primer supuesto porque el Ministerio no ha denegado ninguna solicitud de renovación. Al contrario, fue la propia titular quien -conforme al acuerdo de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares españolas suscrito con Enresa en marzo de 2019- presentó en abril del mismo año una solicitud de renovación última y definitiva de la autorización de explotación. El artículo 7 del Reglamento Interno de Normas Radiológicas (RINR) no prevé la posibilidad de renovación forzosa de una autorización de explotación. Es imprescindible la correspondiente solicitud del titular».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de agosto de 2020 publicó la orden por la que concedió la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz. En esta se asegura que dicha autorización «tendría una validez hasta el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, que serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas unidades».

Las eléctricas tienen decenas de datos que respaldan la necesaria continuidad de la energía nuclear en España. Sobre todo en un momento en el que se aprecia, tanto por episodios reales como por documentos oficiales, los problemas que están generando las energías renovables (principal apuesta del Gobierno frente a la nuclear) al gestor, Red Eléctrica, para mantener estable el nivel y la volatilidad de la tensión en el sistema.

Las energéticas afirman que a nivel internacional, la tendencia es completamente distinta a la de España porque cada vez más países apuestan por la continuidad y expansión de la energía nuclear para garantizar la autonomía energética, rebajar la dependencia de combustibles fósiles y asegurar la estabilidad de precios. Según los datos que manejan, en la actualidad hay 416 reactores nucleares en operación en 32 países y 62 en construcción en 16 países. La Unión Europea produce cerca del 25% de su electricidad con nuclear.

Por otro lado, varios informes de la consultora PwC han demostrado que la supresión de la energía nuclear supondría un aumento del coste de la electricidad para los consumidores, ya que habría que recurrir a tecnologías más caras y contaminantes para cubrir la demanda, además de incrementar la volatilidad de precios en el mercado mayorista. En concreto, un documento de la consultora que adelantó este periódico estimó que si desapareciera la energía nuclear en España, el precio de la electricidad subiría un 23% para los hogares y las pymes y un 35% para la industria.

Las propias energéticas remarcan que recientes estudios y encuestas están mostrando un cambio de percepción social favorable hacia la nuclear, especialmente en contextos de crisis energética y preocupación por el cambio climático. El último barómetro del Real Instituto Elcano (julio 2025) recoge que dos tercios de la población española se muestran a favor de prolongar la actividad del parque nuclear.