Hacienda tiene atascada la ley para combatir el fraude del fuel tras 10 meses de su aprobación

«El Ministerio de Hacienda es uno de los organismos que más culpa tienen del fraude de los hidrocarburos en España». Esta es una afirmación compartida ampliamente en el sector petrolero por los continuos tropiezos de este departamento en su lucha contra una estafa que ha generado un agujero de cientos de millones de euros al Estado en los últimos años. Ahora, y tras diez meses de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 7/2024 que trata de combatir este problema, la norma continúa sin aplicarse y sigue revisándose en Hacienda.

Sobre este retraso que incomoda al sector, fuentes del ministerio aseguran que «hay varias órdenes ministeriales que se están ultimando y que ya pasaron el trámite de información pública». El objetivo es asegurar que el 21% de IVA que se aplica a cada salida de carburante de un depósito fiscal se pague realmente y no se pierda a través de entramados de empresas o facturas falsas antes de que toque declararlo. Para ello, la nueva norma busca asegurar el pago del IVA, obligando al último depositante o al titular del depósito fiscal a presentar una garantía o aval del 110% del impuesto correspondiente cuando el producto sale del depósito.

Una medida que ha generado cierta polémica en el sector porque solo es aplicable para algunas compañías; están excluidos aquellos operadores considerados «confiables», que vienen a ser los que llevan haciendo operaciones al por mayor en los últimos tres años, hacen extracciones cada año de al menos 1.000 millones de litros y cumplen con los requisitos de solvencia económica. Un escenario que podría afectar a la libre competencia porque discrimina a los operadores considerados «no confiables», muchos de los cuales no cuentan con un músculo financiero suficiente para aportar las garantías requeridas.

El gran fallo de Hacienda

La medida de Hacienda tiene su origen en Italia, donde el Gobierno combatió esta misma problemática con una ley que obligaba a las empresas a adelantar el IVA. Por otro lado, mientras Hacienda va camino de cumplir un año sin dar luz verde a la normativa que el Congreso de los Diputados aprobó, crece la tensión y la preocupación en un sector en el que algunas voces autorizadas continúan señalando que existe fraude de IVA en el sector por los precios anómalos de venta que se observan.

El sector no olvida lo que está considerado como el gran fallo de Hacienda para luchar contra este fraude. A principios de 2023, la Agencia Tributaria puso en marcha un censo llamado Redef (registro de extractores de depósitos fiscales). El objetivo era controlar a todas las empresas del sector para evitar el fraude. El problema fue que, al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las compañías de la cadena para extraer combustible del depósito. De esta forma, el Real Decreto 249/2023 permitió a sociedades limitadas de 3.000 euros, sin capacidad técnica ni económica, tener capacidad de almacenamiento en una terminal y extraer el combustible de allí.

Muchas de estas compañías se dedicaron a comprar combustible dentro del depósito sin pagar el IVA (porque las operaciones dentro del depósito no abonan este tributo) y vender dicho producto fuera del depósito recaudando el IVA, pero no repercutiéndolo cuando Hacienda se lo solicitaba al cabo de un tiempo. Según fuentes conocedoras del asunto, 2023 «fue uno de los años con mayor fraude fiscal de fuel».

Este escenario empujó al Ministerio de Transición Ecológica a corregir a Hacienda y tumbar la posibilidad de que cualquier empresa pudiese vender combustible desde el depósito fiscal, incluyéndolo en una medida dentro del Real Decreto 8/2023 contra las consecuencias económicas y sociales de los conflictos de guerra que se aprobó el 28 de diciembre de 2023, y que se hizo efectivo a principios de 2024.

El fraude del fuel

Para comprender este fraude (que lleva en vigor todo el periodo democrático, pero que se ha acentuado en los últimos años) hay que diferenciar las figuras del operador, que incurría en el fraude de IVA, y el suministrador, también conocido como ‘subcuenta’ y que de facto liquidaba el impuesto (tanto el especial como de IVA) porque se encontraba dentro del depósito.

La medida de Hacienda del Redef fue una especie de seguro de caución para toda la cadena hacia arriba y hacia abajo: la persona que tenía esta titulación era el único responsable de la derivación tributaria de esa empresa. Un escenario que abrió los ojos a toda la cadena porque daba la opción a entrar dentro del depósito, y durante aquellos meses se comenzó a solicitar ese mecanismo (que se lograba a través de una inspección censal: veían la oficina, las personas que trabajaban y los requisitos básicos del sector). De esta forma, el intento por parte de Hacienda de acabar con las subcuentas y atacar el fraude de las operadoras tuvo un efecto contrario: las operadoras se encontraban más seguras porque el Redef creó esas subcuentas que servían de cortafuegos fiscal.

A esto se le unen otras críticas que han puesto el foco en la Agencia Tributaria. Según fuentes del sector, había algunas oficinas en determinadas provincias en las que era más fácil lograr el Redef . Por otro lado, también se ha criticado la lentitud de este organismo a la hora de quitar este título a las empresas fraudulentas. Una medida que deja prácticamente inhabilitada a la empresa en cuestión porque limita todo el negocio a la compraventa dentro del depósito, cuyo margen es mínimo.