Por qué el Gobierno es el gran ganador de la extensión de la central de Almaraz

El Gobierno ha mantenido en las últimas semanas un pulso sin parangón contra las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) por la ampliación de la central nuclear de Almaraz (en Extremadura). El plazo para iniciar los trámites de cierre del primer reactor comienza el 1 de noviembre de este año, y hasta el pasado miércoles, las energéticas habían intentado sin éxito una rebaja de impuestos estatales para su instalación.

Pero el Gobierno se ha mantenido inflexible en esa negociación a distancia que amenaza con cerrar una central que aporta el 7% de la generación eléctrica del país en un momento de inestabilidad en el sistema eléctrico por la penetración de las renovables. El Ejecutivo no quería contrapartidas previas: solo la petición formal de prorrogar la central. El Ministerio de Transición Ecológica ha superado la presión de las eléctricas, de gran parte del sector energético, de los municipios y la región afectada y de los partidos de la oposición, y mantendrá todos sus impuestos intactos.

El resultado de ganar el envite a las energéticas es que podrán seguir recaudando millones de euros por la continuidad de la central nuclear, cuyo cierre estaba programado en 2027 para el primer reactor y en 2028 para el segundo. Por otro lado, las eléctricas han logrado una pequeña victoria, que ha sido la reducción del impuesto autonómico (conocida como «ecotasa») a la mitad (y por la que recaudan cada año entre 80 y 90 millones). De esta forma, la central nuclear —que soporta anualmente unos impuestos de 435 millones de euros en total— pasará a pagar 419,6 millones en 2027, 407,9 millones en 2028 y 389,8 millones en 2029.

Según PwC, las empresas pagan al año 1.452 millones de euros en impuestos por todo el parque nuclear y la consultora ha denunciado esta enorme carga fiscal en varios estudios. Entre los tributos que soportan cabe mencionar la Tasa Enresa, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (Ivpee), el impuesto sobre la producción combustible nuclear gastado, las ecotasas (que son los impuestos autonómicos mencionados) y otros, como el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Especiales (IAE) y la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear.

La Tasa Enresa sirve única y exclusivamente para cubrir el coste de desmantelar las centrales y gestionar los residuos, por lo que el Ejecutivo no logra ningún beneficio de recaudación. Sin embargo, hay dos impuestos por los que sí ingresa dinero: el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado (cuya recaudación, según denuncia la consultora PwC, no se destina a ninguna actividad relacionada con la gestión del combustible nuclear gastado).

Fuentes cercanas al Ejecutivo desvelan cuál sería la propuesta que le interesaría al Gobierno. En primer lugar, aceptar la prórroga después de que se haga oficialmente la petición formal de las energéticas. En segundo lugar, dejar claro que la prórroga sería corta y sin ningún tipo de contrapartida. Y, por último, rechazar cualquier tipo de intento por parte de las eléctricas de que entre capital público en las centrales nucleares porque así funciona el sistema belga y tienen comprobado que es caro para el Estado.

En esta negociación, los tiempos jugaban en contra de las energéticas. Aunque las dueñas de la central están apostando por las energías renovables y los gases verdes, consideran que la nuclear es una tecnología necesaria para la transición energética. Además, algunas voces del sector apuntan que la decisión tomada antepone sus intereses privados a los del país, porque han señalado en varias ocasiones que el mantenimiento de estas centrales no les resulta rentable.

Pero enfrente han tenido a un Gobierno que no cree que la nuclear sirva para llevar a cabo la transición energética, sino las renovables, el almacenamiento y el gas Al Ejecutivo no le importa que las centrales se extiendan hasta 2035; lo considera incluso beneficioso, porque recauda más y mantiene una tecnología síncrona que aporta estabilidad al sistema en momentos en los que hay aumentos en los niveles y en la volatilidad de la tensión de la red.