Las regiones sospechan que el nuevo plan de la red eléctrica se retrasó para premiar a Cataluña

Ocho días. Eso fue lo que tardó el Ministerio de Transición Ecológica en publicar la planificación de propuesta de la nueva red eléctrica tras anunciarla por primera vez en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de octubre. Ese día se esperaba conocer los planes del Ministerio, pero no llegaron. Una situación que ha llenado de escepticismo a las regiones. También, según creen, durante esos días se trató de premiar a Cataluña, cuya reunión con el ministerio fue tensa.

Los gabinetes de las consejerías de las distintas comunidades autónomas analizan la secuencia de esos hechos. La primera publicación que hizo Transición Ecológica en el BOE tuvo lugar el pasado 1 de octubre y venía a ser el anuncio para someter a trámite de audiencia la nueva planificación eléctrica hasta 2030. La segunda publicación fue el pasado 9 de octubre y volvió de nuevo a ser el anuncio para someter a trámite de audiencia la propuesta de la nueva red eléctrica. Sin embargo, esta vez se publicó toda la propuesta de planificación.

Cataluña, mientras tanto, mantiene bajo llave lo que el Ministerio de Transición Ecológica le ha concedido. Esto choca con lo que ocurre con otras comunidades autónomas, que sí han explicado lo que van a recibir de la nueva red, como es el caso de País Vasco, que recibirá cinco gigavatios aproximados, o Madrid, que situó lo recibido en unos seis gigavatios. La avalancha de peticiones por conectarse a la red hace que los 27,7 gigavatios que ha propuesto el Gobierno se vayan a quedar cortos, pero desde el Ministerio defienden que no es bueno saturar la red de proyectos, sobre todo cuando se desconoce el devenir de muchos de ellos.

Ahora todas las comunidades están pendientes de la planificación final, que se espera para enero de 2026. Durante este tiempo —y hasta el 16 de diciembre de 2025— pueden presentar sus alegaciones a la propuesta. Según ha podido constatar este medio, muchas regiones están enfadadas con el reparto eléctrico, porque se quedan fuera proyectos industriales clave para sus regiones, así como planes de vivienda necesarios en un momento de clara escasez en el mercado, lo que ha desembocado en el aumento de precios de compra y alquiler.

Las regiones saben que la inversión y el acceso a la conexión está limitado a unos 13.600 millones de euros y unos 27,7 gigavatios, lo que implica el siguiente escenario: si piden más gigavatios —como así desean— el ministerio tendrá que optar por quitárselos a otra comunidad autónoma o, por el contrario, a las propias regiones, retirándoles proyectos que en un primer momento habían sido aceptados.

Si se accede a la planificación publicada, se observan algunas de las inversiones que han trascendido para Cataluña. Por un lado, hay varias actuaciones necesarias «para la conexión de sujetos consumidores conectados a la red de transporte y apoyo a la red de distribución en Cataluña» por 65,9 millones de euros y 40,6 millones de euros. También hay «refuerzos para atender la electrificación y la integración de renovables en el desarrollo de la red de transporte en Cataluña» por 76,9 millones de euros y destaca un «refuerzo de la red de transporte del Polo Químico de Tarragona» de 184,4 millones de euros. En total, 367 millones de euros.

En materia energética, Cataluña está centrada en cumplir con su plan de generación renovable. Así, y según su objetivo que se recoge en el plan Proencat 2050, pretenden cubrir el 2% de su territorio con fotovoltaica y eólica. Una realidad a la que se le suma la posible prórroga de sus centrales nucleares, que permitirán mantener un mix estable en la zona ante posibles desequilibrios del sistema, lo que siempre atrae inversión.

Hace unas semanas, este medio publicó que País Vasco se iba a llevar el 17% de toda la nueva red nacional, lo que generó críticas entre las comunidades autónomas. Los argumentos que esgrime el País Vasco para defender su cupo eléctrico son su histórico músculo industrial y la saturación de los nudos actuales.