El Gobierno inhabilita a tres petroleras tras una deuda de 60 millones por los biocombustibles

El Ministerio para la Transición Ecológica ha liquidado definitivamente a los tres operadores que estaban inhabilitados provisionalmente: Iberian Fuel Traders, Plamanvisa y Stimilon Energy. Las tres empresas acumulaban una deuda de 56,9 millones de euros por no pagar las mezclas de biocombustibles, lo que le ha servido al Gobierno como justificación para limpiar un sector contaminado por numerosas empresas de dudosa procedencia.

Según la ley, el objetivo obligatorio mínimo de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte es del 11% sobre el total de gasolina y gasóleo vendidos o consumidos. Para ello, la empresa en cuestión —que en la mayoría de los casos no es una refinería, por lo que no debe preocuparse por las mezclas físicas— debe adquirir, a través del sistema Sicbios (Sistema de Certificación de Biocarburantes y otros Combustibles Renovables con fines de transporte), los certificados que acrediten el cumplimiento del porcentaje obligatorio de energía renovable.

Según los datos de la CNMC, tras la inhabilitación definitiva de estas tres operadoras quedan aproximadamente 60 compañías activas. En los últimos meses, decenas de operadoras han sido expulsadas del mercado de los hidrocarburos por duras inspecciones del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica. Los primeros se encargan de quitar el Redef (el registro de extractores) a la petrolera sospechosa, lo que les aparta del negocio de la compraventa de hidrocarburos fuera del depósito fiscal, mientras que los segundos inhabilitan a la empresa, de forma que ni siquiera puedan comerciar dentro del depósito fiscal.

Según fuentes del sector, los pagos compensatorios provisionales por biocarburantes correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024 ascendieron a 251 millones y 155,8 millones de euros respectivamente. Sin embargo, los pagos compensatorios definitivos de 2024 publicados por el Ministerio fueron solo de 5,3 millones, ya que no tuvieron en cuenta los pagos a operadores con baja temporal o definitiva. Las mismas fuentes señalan que si se incluyeran estos últimos, la cifra podría alcanzar los 1.000 millones de euros.

Hacienda atasca el fraude del IVA

Por otro lado, según publicó este medio, Hacienda continúa con la norma para combatir el fraude del IVA estancada en el Ministerio. Ocurre diez meses después de que se aprobara en el Congreso de los Diputados. La ley, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de diciembre, continúa sin aplicarse. Según Hacienda, «hay varias órdenes ministeriales que se están ultimando y que ya pasaron el trámite de información pública».

El objetivo de esta normativa es controlar otro problema que tiene el sector, además de los pagos por biocombustibles: el fraude del IVA. Se busca que el 21% de IVA que se aplica a cada salida de carburante de un depósito fiscal se pague realmente y no se pierda. Para ello, la nueva norma busca asegurar el pago del IVA, obligando al último depositante o al titular del depósito fiscal a presentar una garantía o aval del 110% del impuesto correspondiente cuando el producto sale del depósito.

El tercer y último reto que tiene el sector petrolero es la entrada continua de diésel ruso. Según fuentes del sector contactadas por este periódico, es un asunto de gran preocupación, ya que serían terceros países los encargados de refinar dicho producto en su territorio para llevarlo ‘limpio’ a España. Algunos portales de noticias internacionales han apuntado al intento de entrada de crudo ruso por Tarragona; un caso concreto fue bloqueado por las autoridades españolas. 

Las razones esgrimidas

Sobre Iberian Fuel Traders, el Ministerio de Transición Ecológica ha «declarado su inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de productos petrolíferos como consecuencia de dos incumplimientos. Por una parte, el de las obligaciones establecidas para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte y, por otra, el de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad».

Por las mismas razones también se ha inhabilitado a Stimilon Energy. Por último, y sobre el caso de Plamanvisa, ha sido inhabilitada por el ministerio «como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte».