La petrolera vinculada a Aldama borra el rastro de su web tras un año ocultándola con una clave

Villafuel, la operadora de hidrocarburos ligada al empresario Víctor de Aldama, borra su página web de Internet tras un año manteniéndola oculta bajo una contraseña. Se trata de la compañía clave del caso hidrocarburos, una empresa a la que se le atribuye un presunto fraude de 231 millones de euros. Un escenario que multiplicó a partir de finales del pasado año la mirada de la opinión pública sobre un sector en el que se han defraudado cientos de millones euros en los últimos años.

Los movimientos en torno a la página web han sido sospechosos por los cambios que se han llevado a cabo. En octubre de 2024, y según pudo comprobar THE OBJECTIVE, la compañía decidió privatizar su página web para que los usuarios no pudiesen entrar en ella. Antes era accesible para cualquiera. No obstante, a través de herramientas como Wayback Machine se puede volver a visualizar la pantalla que hoy se esconde. En esta se observa el lema «Vamos hacia un futuro energético sostenible», y un menú en el que aparecen las instalaciones, el compliance, un canal de denuncias, teléfonos de móvil de contacto y la sede.

La operadora era para algunas fuentes «una empresa conocida» dentro del sector petrolero, que además estaba bajo la lupa porque se sospechaba que cometía un fraude de IVA en la venta de combustibles. Para otros fue una desconocida hasta que saltó el escándalo del fuel. La empresa pasó de facturar 59,1 millones de euros en 2022 a 815,9 millones de euros en 2023.

El recorrido de Villafuel

El recorrido de Villafuel durante sus escasos meses de actividad coincidió con algunos episodios interesantes. Por un lado, la trama de los hidrocarburos se valió de proveedores en España porque era incapaz de importar en los mercados internacionales, ya fuera a través del mercado de Róterdam (a precio diario) o trayendo barcos con producto. Para ello, Villafuel compró dentro del depósito fiscal a varias compañías en España durante su breve vida en el sector (desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2025).

Por otro lado, y al mismo tiempo, su actividad de compraventa coincidió con la reactivación de las importaciones de crudo venezolano a España. Así se desprende de las declaraciones trimestrales de la compañía que tuvieron lugar entre finales del año 2022 y principios de 2024 y las estadísticas de importación de petróleo de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). El propio Aldama declaró ante el juez que «desde el año 2008 tenía un contrato con una compañía donde compraron dos bloques de petróleo en Nigeria», y que su relación con Venezuela «viene en parte también de ahí, vinculada con el tema del petróleo».

Unos meses antes, otra empresa de la trama, Have Got Time SL —conocida por alquilar un chalé en la costa de Cádiz al exministro de Transportes José Luis Ábalos—, intentó comprar sin éxito en verano de 2022 una operadora por ocho millones de euros. Se trataba de la compañía Metaway Combustibles SL, que comenzó a operar en septiembre de 2021.

La negociación de esta operadora se dio al mismo tiempo que la trama de hidrocarburos esperaba el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica para lograr la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Finalmente, la licencia se consiguió en septiembre de 2022, pese a que se solicitó por primera vez en enero de 2021 y por segunda vez a principios de 2022.

La ley para combatir el fraude

Por último, el Ministerio de Hacienda lleva diez meses con una norma que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en concreto la Ley 7/2024, que trata de combatir el problema del fraude en el sector. Fuentes del Ministerio aseguraron a este medio que «había varias órdenes ministeriales que se están ultimando y que ya pasaron el trámite de información pública».

El objetivo es asegurar que el 21% de IVA que se aplica a cada salida de carburante de un depósito fiscal se pague realmente y no se pierda a través de entramados de empresas antes de que se declare. Para ello, la nueva norma busca asegurar el pago del IVA, obligando al último depositante o al titular del depósito fiscal a presentar una garantía o aval del 110% del impuesto correspondiente cuando el producto sale del depósito.