El gigante petrolero Hatta Energy critica «la falta de rigor jurídico» de la CNMC tras una sanción

El gigante petrolero Hatta Energy critica «la falta de rigor jurídico» de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) tras una propuesta de sanción que le acusa de incumplir las existencias mínimas de los depósitos que tiene alquilados. Un escenario que ha provocado que el regulador les imponga una multa de cuatro millones de euros (que todavía no es firme). No obstante, el regulador reconoce que no concurre dolo en la conducta de la operadora.

Según denuncia la empresa, la CNMC habría rectificado su postura durante el proceso iniciado a raíz de una sospecha planteada por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En un primer momento, el organismo acusó a la compañía de no ser la propietaria del producto almacenado en sus instalaciones. Sin embargo, tras la presentación de un dictamen jurídico elaborado por la empresa, el regulador acabó dándole la razón.

Pese a ello, la CNMC aprovechó para formular una nueva acusación, al considerar que la compañía no cumplía con las existencias mínimas exigidas «por existir ciertos derechos de terceros» sobre los productos en cuestión. Sobre esto último, la petrolera argumenta ahora que «esa interpretación carece de respaldo normativo. La normativa española y europea no exige que el operador tenga físicamente los productos en su poder, sino que las autoridades públicas (Cores y la Administración competente) puedan acceder y movilizarlo en caso de necesidad, algo que en este caso está plenamente garantizado».

Por otro lado, señalan que «en el mercado español, Cores admite habitualmente como válidos a efectos de existencias mínimas otros tipos de productos con una disponibilidad igualmente potencial, como mercancías en tránsito fiscal o productos pendientes de despacho a libre práctica». La empresa cree que la sanción «es improcedente» y que se basa «en una diferencia de interpretación de la normativa vigente». Según afirman, «la jurisprudencia de los tribunales españoles establece que no puede sancionarse a un administrado cuando su actuación se basa en una interpretación razonable de la norma, incluso aunque posteriormente se declare errónea».

De esta forma, creen que la CNMC ha ignorado los principios básicos de la legalidad sancionadora «porque no puede imponer una sanción creando requisitos nuevos que la ley no prevé ni reinterpretar las normas para convertir en infracción lo que siempre ha sido considerado cumplimiento». La empresa muestra así su enfado con el regulador. Un sector que en los últimos meses ha estado demonizado por la cantidad de empresas que lo han aprovechado para defraudar el IVA (impuesto sobre el valor añadido). El CEO de la empresa, Javier Alonso, remarca la buena fe de su compañía, sobre todo después de haber sobrevivido a la criba llevada a cabo en el sector.

Reforma del IVA

Hatta Energy, que es una de las principales operadoras al por mayor de productos petrolíferos en España, y que está especializada en la comercialización de gasolina y gasóleo A, ha sido uno de los actores de este sector que ha hecho presión porque se apruebe la medida para acabar con el fraude de los hidrocarburos.

El CEO de Hatta Energy remarcó hace unos meses que había competencia desleal porque «compiten con empresas que usan los impuestos como un ingreso». Alonso defendió hacer una reforma a la italiana, que consiste en adelantar el pago del IVA antes de que salga del depósito fiscal, lo que impediría a las nuevas operadoras gozar de hasta un trimestre para liquidar este impuesto que recaudan en cada operación (del 21%) y que luego no repercuten. Sin embargo, hay voces en el sector que critican que esta fórmula afectaría a las empresas con menos músculo financiero.

De momento, el Ministerio de Hacienda lleva diez meses con una norma que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en concreto la Ley 7/2024, que trata de combatir el problema del fraude en el sector. Fuentes del Ministerio aseguraron a este medio que «había varias órdenes ministeriales que se están ultimando y que ya pasaron el trámite de información pública».